Fiscalía de Estados Unidos pidió prisión preventiva para alias Araña, cabecilla de Comandos de Frontera, por narcotráfico y narcoterrorismo

A horas de efectuarse su extradición a Estados Unidos, la Fiscalía Federal pidió en la jornada del sábado 26 de septiembre que Geovany Andrés Rojas, alias Araña, que fungía como cabecilla de los Comandos de Frontera, disidencias de las Farc originaria de la Segunda Marquetalia, permanezca detenido por los procesos judiciales que afronta en suelo norteamericano.

De acuerdo con Ntn24, la Fiscalía pidió Rojas, que fue gestor de paz en la administración de Gustavo Petro, permanezca en un establecimiento carcelario en el proceso que enfrenta por los delitos conspiración para distribuir cocaína y narcoterrorismo. La audiencia inicial está prevista para el 28 de septiembre en el Distrito Sur de California, en concreto en San Diego.

El escrito, presentado el 25 de septiembre, sostiene que no existen condiciones de libertad condicional que permitan garantizar la comparecencia de Rojas ante la Justicia ni la seguridad de la comunidad. La petición se apoya en la gravedad de los delitos imputados y en los antecedentes que le atribuyen las autoridades estadounidenses al jefe disidente.

Los cargos activan por separado la presunción legal de detención aplicable a procesos por narcotráfico con penas mínimas de 10 años y por narcoterrorismo. “Con la extradición de Araña cae la telaraña que se extiende desde las montañas del Putumayo hasta las plazas de Tijuana que los carteles se disputan brutalmente”, dijo el fiscal federal Adam Gordon.

Fiscalía Federal en California le atribuye a ‘Araña’ el liderazgo de los Comandos de la Frontera

El expediente en el que aparece relacionado Rojas, lo describe como un exintegrante de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, organización de la que habría formado parte hasta 2016. En ese año salió de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá), donde cumplía una condena por delitos violentos, para integrarse al proceso de paz.

La acusación estadounidense sostuvo que, pese a que había sido vinculado al proceso de paz, creó los Comandos de la Frontera: un grupo armado que habría ocupado zonas dejadas por la desmovilización de las Farc en áreas fronterizas con Ecuador y Perú, junto con Miguel Antonio Bastidas Bravo, alias Gárgola, y Pedro Oberman Goyes, más conocido como “Sinaloa”.

Los fiscales afirmaron que la estructura llegó a reunir cerca de 1.000 combatientes y que tomó control de corredores vinculados a la producción y el tráfico de cocaína en Putumayo. De acuerdo con la acusación, las ganancias de esa actividad financiaban al grupo armado y la droga tenía como destino final el mercado de Estados Unidos, por lo que fue requerido por ese país.

El proceso que llevó a alias Araña a los Estados Unidos

Rojas, jefe de una organización a la que Washington categorizó como organización terrorista extranjera desde diciembre de 2021, fue detenido en Colombia el 12 de febrero de 2025, en cumplimiento de una orden de arresto de Estados Unidos. Un mes más tarde, un gran jurado federal del Distrito Sur de California formalizó dos imputaciones en su contra.

Pese a ello, y que la Corte Suprema de Justicia aprobó por unanimidad su extradición en octubre de 2025, el procedimiento quedó suspendido durante el gobierno de Gustavo Petro, que justificó esa decisión por los “compromisos con el desmantelamiento de la violencia”; no obstante, el 26 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella firmó su extradición.

En su argumentación, la Fiscalía federal señaló además que Rojas fue condenado en Colombia en 2010 a cerca de 29 años de prisión por narcotráfico y delitos relacionados con armas. Del mismo modo, el documento sostuvo que, tras obtener la libertad como parte del proceso de paz de 2016, el acusado habría retomado las actividades armadas y delictivas.

De hecho, la acusación incorporó imágenes y otros elementos visuales para identificarlo como jefe de Comandos de la Frontera y vincularlo con la Segunda Marquetalia. En ese sentido, la Justicia de Estados Unidos deberá resolver el pedido de prisión preventiva mientras avanza el caso, cuya primera audiencia está programada para el 28 de septiembre.