El rol que ocuparía el rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Arturo Robles, en red de narcotráfico: estrategias de acopio, rutas marítimas e infiltración judicial

Un expediente de la Fiscalía General de la Nación, conocido por revista Semana, y cuyos detalles se revelaron meses atrás por el medio alternativo Desigual, vinculan al rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Arturo Robles Julio, con una presunta organización dedicada al envío de cocaína hacia México, Estados Unidos y Europa.

Según los documentos citados, el académico aparece identificado con el alias de Kaloy y sería señalado como supuesto articulador financiero de la estructura.

El caso tomó peso luego de que el 17 de septiembre de 2026 el presidente Abelardo de la Espriella ordenó que se abriera una investigación en la Universidad de La Guajira. En esa ocasión, el mandatario pidió “que se revisen las actuaciones del señor rector”.

Las acusaciones corresponden a una investigación iniciada en 2023 y se basan en declaraciones de personas procesadas por narcotráfico que negociaron beneficios judiciales con las autoridades colombianas y estadounidenses. Robles ha rechazado los señalamientos y afirmó que está dispuesto a comparecer ante la justicia.

El expediente mencionado incluye referencias a una red denominada por los investigadores como “Cartel de La Guajira”, que habría tenido operaciones en varias regiones de Colombia y conexiones para mover cargamentos hacia el exterior.

La Fiscalía investiga una presunta red con alcance transnacional: rector de la Universidad de La Guajira fue señalado

Según los documentos divulgados por ambos medios, la organización bajo investigación habría coordinado la compra, transporte y despacho de cocaína desde zonas como La Guajira y Norte de Santander.

Los cargamentos, de acuerdo con las hipótesis de los investigadores, salían en aeronaves y lanchas rápidas hacia Estados Unidos.

Dicha red tenía presencia o contactos en Bogotá, Medellín, Montería, Cumaral (Meta), Turbo y Apartadó (Antioquia).

Además, la Fiscalía examina una posible conexión con rutas que llevaban droga hacia México para organizaciones vinculadas con el Cartel de Sinaloa.

Las autoridades habrían abierto la investigación tras la incautación de un cargamento de cocaína. A partir de ese caso se produjeron capturas y extradiciones de varios presuntos integrantes de la estructura, algunos de los cuales habrían aportado información a la Fiscalía y a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Según el reporte de la Fiscalía y la Policía Nacional, entre las personas investigadas aparece Kevin Simón López, exsecretario de Gobierno de Maicao, quien fue extraditado.

En el informe se plantea que la red habría usado contactos en entidades públicas, la comunidad académica y organismos judiciales para proteger sus actividades.

El rector Carlos Arturo Robles es señalado como presunto financiador de los envíos de droga

La Fiscalía habría incluido a Carlos Arturo Robles Julio en un organigrama de la presunta organización.

Según el expediente reseñado, su supuesto rol consistía en financiar la adquisición y el envío de sustancias ilícitas, mientras usaba como fachada su cargo al frente de la Universidad de La Guajira.

El reporte no da cuenta de una sentencia contra Robles ni de una acusación formal que haya sido presentada públicamente en su contra por estos hechos.

De igual forma, el rector sostuvo que los señalamientos en su contra obedecen a una “persecución”, y de paso agregó que no tenía temor de enfrentar una eventual actuación judicial en Estados Unidos.

Robles permanece al frente de la Universidad de La Guajira y fue reelegido para un nuevo período de cuatro años, y ya completa más de 14 años en la rectoría de la institución.

El expediente menciona una posible filtración de información judicial

La investigación también incluye referencias a una presunta red de colaboradores que habría facilitado información sobre procedimientos, investigaciones y operativos.

Entre los nombres citados aparece una funcionaria del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en Riohacha.

Según un informe de 287 páginas citado por la misma revista, esa persona habría tenido acceso a datos sometidos a reserva y supuestamente habría compartido información relevante con integrantes de la organización o personas de su entorno.

El documento plantea, además, que la funcionaria tendría vínculos personales con personas señaladas de pertenecer a estructuras narcotraficantes.

El mismo medio buscó una respuesta de la funcionaria mencionada, pero no obtuvo declaración.

Ministerio de Educación pidió priorizar otra investigación sobre presunta corrupción

Sumado a lo anterior, se conoció otro proceso distinto relacionado con la compra de un predio en el que habría participado la Universidad de La Guajira. Ese caso estaría bajo análisis por presuntas irregularidades en avalúos y porcentajes utilizados dentro del negocio.

El Ministerio de Educación solicitó a la Fiscalía una asignación especial para avanzar en el esclarecimiento de los hechos. De acuerdo con el documento citado, la cartera consideró necesario aplicar un criterio de priorización por la relevancia del caso y la necesidad de obtener resultados con rapidez.

El presidente Abelardo de la Espriella se refirió en público a esas denuncias durante un evento en La Guajira y pidió que se investigaran los posibles hechos de corrupción. “Aquí nadie tiene corona”, destacó “el Tigre”.

La eventual compulsa de copias por ese negocio abriría una línea de investigación diferente a la relacionada con el narcotráfico. Ambas actuaciones, de acuerdo con la información disponible, se encuentran en etapa de indagación.

Las autoridades también indagan un posible lavado de activos

Los memorandos compartidos entre la Fiscalía colombiana y la DEA, citados por el medio, incluyen hipótesis sobre un posible esquema de lavado de activos mediante establecimientos comerciales y propiedades de alto valor.

Según esos documentos, los investigadores recibieron información sobre inmuebles que al parecer habrían servido para desarrollar actividades comerciales, ocultar recursos ilícitos o funcionar como viviendas de descanso adquiridas con dineros derivados del narcotráfico.

Las autoridades deberán establecer si esos bienes tienen relación con actividades ilegales, quiénes son sus propietarios reales y cuál fue el origen de los recursos utilizados para su compra, mientras que el caso sigue bajo investigación.