Rosa Blanca pidió suspender de forma anticipada la sanción máxima a los exintegrantes de las Farc: “Esta farsa hay que acabarla rápido”

Con una fuerte crítica a la justicia transicional, la Corporación Rosa Blanca pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reducir de ocho años a seis meses la sanción para los máximos responsables de las extintas Farc, con el objetivo de terminar antes los apoyos estatales que, según la organización, reciben los comparecientes de esta organización.

Según la agrupación, que reúne a las mujeres víctimas de reclutamiento forzado y violencia sexual por parte de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el cumplimiento de las penas restaurativas está lejos, justamente, del espíritu que debería acompañar estas determinaciones, que van en contravía del anhelo de los que sufrieron el accionar de este grupo.

“Reiteramos nuestra propuesta para que se rebaje la sanción máxima de 8 años a 6 meses para los máximos responsables de las Farc-EP. En 6 meses se les acaba a 367 victimarios seguir disfrutando de la teta del Estado por 8 años más. Esta farsa hay que acabarla rápido”, expresó la corporación en su perfil de X, en relación con las disposiciones de la JEP.

Hace tres días, el 23 de septiembre, la asociación expresó su molestia por las labores de limpieza en las que participó Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y otros miembros del secretariado en el cementerio de Pitalito (Huila): cuando ex jefes de las Farc (caso 1) y máximos responsables de la fuerza pública (caso 3) participaron en labores de búsqueda.

“Esta foto insulta la memoria de las víctimas, pero además, es solo propaganda criminal para pedir presupuesto, ya que los profesionales de la Ubpd (Unidad de Búsqueda de Personas desaparecidas) o del Gatef (Grupo de Apoyo Técnico Forense) de la JEP son los que están autorizados para hacer trabajos de recuperación de cuerpos según los protocolos”, denunciaron.

La solicitud de la corporación se conoció en paralelo al intenso debate en las redes sociales, los medios de comunicación y en el Congreso sobre lo que debería ser el futuro de la JEP: que afronta no solo la eventual reducción de recursos, por el orden de los $170.000 millones, sino además el proyecto de ley que buscaría limitar su vida jurídica hasta la vigencia de 2028.

Los promotores de esa iniciativa, entre ellos el senador de Salvación Nacional Enrique Gómez Martínez, calculan que mantener el tribunal hasta 2032 costaría cerca de 6,2 billones de pesos, por lo que impulsan esta reforma para poner fin al tribunal transicional. En el caso de Rosa Blanca, han puesto la lupa sobre las sanciones que no contemplan su reclusión.

Rosa Blanca cuestionó los recursos destinados a los comparecientes de las Farc

La petición del colectivo apunta, en consecuencia, a las sanciones propias previstas por la justicia transicional, que contemplan entre cinco y ocho años de restricción efectiva de la libertad para quienes reconozcan responsabilidad y aporten verdad. Para Rosa Blanca, son insuficientes frente a la gravedad de los delitos cometidos por los antiguos mandos guerrilleros.

La discusión sobre la duración de esas medidas ha alimentado el debate sobre el costo de la jurisdicción. De la reducción aprobada en primer debate por las comisiones económicas del Congreso, $140.000 millones están vinculados a inversión, es decir, a mejorar o ampliar la capacidad de la entidad, y 30.000 millones a funcionamiento; al día a día.

Frente a estos conceptos, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, advirtió que esa reducción comprometería la operación del tribunal, las audiencias en los territorios, la seguridad de las víctimas y los comparecientes, además del cumplimiento de sus decisiones judiciales. Por tal motivo, le pidió al legislativo un espacio de reflexión para llegar a consensos.

“Somos conscientes de la crisis fiscal que tiene el país, créanme. Pero con esa reducción de $170.000 millones que aprobaron ayer (miércoles 23 de septiembre), realmente nos dejan inoperantes”, señaló el magistrado, mientras participaba en la mencionada jornada de cumplimiento de la primera sanción restaurativa impuesta al secretariado de las Farc.

Los resultados de la JEP han desatado críticas

Al respecto, la senadora María Clara Posada sostuvo que la JEP recibió 3,8 billones de pesos entre 2020 y 2026. Según su cálculo, el acumulado alcanzaría 4,5 billones si se aprueba el presupuesto solicitado por la entidad; entre los gastos señalados por la congresista figuran una nómina de $477.404 millones y más de $114.000 millones para una de sus sedes.

“Si los magistrados y directivos de la JEP se alteraran ante los crímenes de las Farc con la misma vehemencia con la que reaccionan cuando les afectan el presupuesto y las gabelas turísticas, entonces sí veríamos la luz al final del túnel”, señaló Posada, que hace parte de la bancada del Centro Democrático: partido que se opone a la continuidad del tribunal.

A esto se sumarían $32.472 millones en viáticos y viajes; pero pese a esos recursos, la JEP ha producido menos de 21 sentencias y que solo cuatro están en firme. En su defensa, la jurisdicción sostuvo que su modelo se concentra en macrocasos, acreditación de víctimas, recepción de comparecientes y definición de sanciones propias según cada responsable.