
Cinco policías y cuatro presuntos integrantes de estructuras alineadas con La Oficina fueron capturados en Medellín por una investigación sobre una supuesta red de corrupción que habría facilitado actividades de microtráfico y extorsión en varios sectores de la ciudad.
Según las autoridades, los uniformados habrían recibido pagos mensuales de entre $3 millones y $4 millones a cambio de omitir controles y procedimientos en las zonas donde prestaban servicio.
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Los nueve detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá avanzar en la judicialización por los delitos de cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir. Las capturas se produjeron por orden judicial, luego de una investigación que incluyó labores de inteligencia, allanamientos y el trabajo de un agente encubierto.
Entre los capturados está alias Gordo, a quien las autoridades identifican como supuesto coordinador del grupo delincuencial organizado Cotranal. De acuerdo con la información oficial, el hombre tendría una trayectoria criminal de cerca de 15 años dentro de esa estructura, relacionada con organizaciones alineadas con La Oficina.
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Las investigaciones indican que los cinco policías habrían aprovechado sus responsabilidades en labores de vigilancia y control para favorecer a integrantes de esa red criminal. La principal hipótesis señala que los agentes omitían registros, requisas y otras intervenciones en áreas específicas, lo que permitía que las actividades ilegales se mantuvieran sin la respuesta institucional correspondiente.
Las autoridades investigan si la presunta red facilitó operaciones relacionadas con la venta de estupefacientes y el cobro de extorsiones. Cotranal tendría presencia en sectores del noroccidente de Medellín, entre ellos zonas de las comunas Doce de Octubre y Santander, donde se concentró parte de los procedimientos.
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Los uniformados detenidos estaban adscritos a las estaciones de Policía de Manrique, Bello y Doce de Octubre. Otro de los capturados pertenecía a la Dirección de Educación Policial de la Policía Nacional. Las autoridades buscan establecer hasta dónde llegaban los vínculos entre los agentes señalados y los integrantes de las estructuras que operaban en sus zonas de influencia.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, aseguró que el proceso investigativo se desarrolló de forma conjunta con la Policía y la Fiscalía. El funcionario indicó que las denuncias de la comunidad contribuyeron a identificar posibles irregularidades y movimientos de la estructura en algunos sectores de la ciudad.
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“Gracias también a la Fiscalía, y luego de una investigación que hasta agente encubierto tuvo, fueron capturadas nueve personas”, afirmó Villa Mejía al referirse al operativo. Según explicó, la operación permitió detener a cuatro presuntos integrantes de estructuras alineadas con La Oficina y a cinco uniformados que, de acuerdo con la investigación, habrían favorecido sus actividades.
Durante los procedimientos, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá incautó cuatro armas de fuego, 70 cartuchos de diferentes calibres, más de $20 millones en efectivo, un computador y siete teléfonos celulares. Estos elementos quedaron bajo custodia de las autoridades y serán sometidos a análisis para determinar si contienen información relevante sobre los hechos investigados.
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El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, señaló que los dispositivos tecnológicos podrían aportar datos sobre los posibles contactos de los detenidos, las comunicaciones entre integrantes de la estructura y eventuales relaciones con otras personas. También se indagará el origen del dinero hallado durante los operativos.
La investigación apunta a que los pagos a los agentes provenían de coordinadores de la organización criminal. A cambio, los uniformados habrían permitido que los integrantes de la red mantuvieran sus actividades en determinados sectores, sin ejecutar las acciones de control que correspondían a sus funciones.
La Alcaldía de Medellín sostuvo que las capturas hacen parte de una ofensiva contra las rentas ilegales y las redes de apoyo que permiten el funcionamiento de las estructuras criminales. Villa Mejía afirmó que la administración no limitará las acciones a los integrantes de las organizaciones, sino que también buscará a quienes puedan favorecerlas desde entidades públicas.
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“La integridad policial no se negocia y quien pretenda utilizar el uniforme para favorecer al crimen tendrá que responder ante la justicia”, sostuvo el secretario de Seguridad y Convivencia. El funcionario añadió que los casos bajo investigación corresponden a conductas individuales y no representan a la totalidad de la Policía Nacional.
Las autoridades continuarán con las labores de inteligencia y seguimiento para determinar si hubo más funcionarios o civiles vinculados con la presunta red. La Fiscalía deberá establecer las responsabilidades individuales de cada capturado y definir si los elementos recolectados permiten sustentar las acusaciones formuladas durante la investigación.
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