La JEP desmintió denuncias de corrupción, aseguró que tras 7 auditorías y 14 informes no hay ningún hallazgo de irregularidades

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó las denuncias de corrupción sobre su gestión y defendió el uso de sus recursos, argumentando que las revisiones de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación no registraron irregularidades y que sus viajes internacionales y su sede en Bogotá responden a obligaciones judiciales, operativas e internacionales.

En su dedfensa, sostuvo que en 2025 alcanzó un cumplimiento presupuestal del 99,3%, el Ministerio de Hacienda la ubicó entre las instituciones públicas con mejor ejecución de los recursos asignados y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la describió como un ejemplo de transparencia pública.

La Jurisdicción cuestionó las versiones sobre el valor de su edificio principal en Bogotá y señaló que el avalúo comercial estimado para 2026 asciende a $288.538.000.000. Según explicó, los $20.975.000.000 difundidos como referencia corresponden al valor catastral del inmueble en 2020, no a su precio comercial.

En efecto, añadió que sigue en arriendo porque los proyectos para comprar la sede recibieron conceptos desfavorables durante las administraciones de Iván Duque Márquez y Gustavo Petro. El Ministerio de Hacienda objetó la primera iniciativa y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) hizo lo propio con la propuesta posterior.

7 auditorías y 14 informes sin hallazgos de irregularidades

Al responder sobre las actuaciones de los órganos de control, el componente judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en Colombia afirmó: “Tras siete auditorías de la Contraloría y 14 informes de la Procuraduría, la JEP no registra hallazgos de corrupción ni de otro tipo”.

Además de indicar que publica en su portal de transparencia información sobre normativa, contratación, planeación, presupuesto, ingresos, gastos, inversión, trámites y servicios. Esa divulgación, señaló, se ajusta a las normas de acceso a la información pública establecidas en la Ley 1712 de 2014.

La JEP sostuvo que su oficina de Bogotá opera desde el 15 de marzo de 2018 y alberga despachos de magistrados, salas de audiencia, expedientes físicos y el centro de datos que conserva la memoria judicial de las audiencias realizadas durante sus ocho años de funcionamiento.

Sobre la continuidad del arrendamiento, la Jurisdicción detalló que mantiene el análisis de alternativas para garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa de la sede. El contrato inicial se celebró mediante el Fondo Colombia en Paz, cuando la entidad todavía no disponía de recursos propios.

Los viajes al exterior fueron vinculados con funciones judiciales y rendición de cuentas

La JEP sostuvo que las comisiones internacionales de magistrados responden a invitaciones oficiales, actividades judiciales y espacios relacionados con derechos humanos y derecho penal internacional. En sus argumentos, afirmó que estas misiones permiten informar a la comunidad internacional sobre el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, depositado ante el Consejo Federal Suizo y reconocido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2261.

El 9 de abril de 2024, el entonces presidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal, asistió a una sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. La entidad señaló que fue la primera vez que un presidente de la Jurisdicción participó en esa instancia.

El actual presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, asistió el 18 de julio de 2025 a otra sesión del Consejo de Seguridad, tras una invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia por medio de la Misión Permanente del país ante las Naciones Unidas. Durante esa visita se reunió con representantes de los 15 miembros del organismo, incluidos delegados de los cinco Estados permanentes, y participó en actividades con la misión colombiana y representantes de Francia.

Entre el 24 de noviembre y el 6 de diciembre de 2025, Ramelli viajó a París, Ginebra y La Haya junto con dos magistrados de la Sección de Reconocimiento de Verdad. La agenda incluyó la presentación de las primeras sentencias restaurativas contra el último secretariado de las Farc-EP por secuestros y contra 12 exintegrantes del Batallón La Popa por falsas bajas en combate en la costa Caribe.

La Jurisdicción indicó que esas actividades buscaron respaldos para aplicar las Sanciones Propias impuestas en esas decisiones. También informó que algunas comisiones al exterior han tenido fines judiciales, como las visitas al Centro Penitenciario de Florence, en Colorado, para entrevistar a testigos recluidos en Estados Unidos, con trámites ante la Cancillería, el Ministerio de Justicia y el Departamento de Justicia estadounidense.