Defensora del Pueblo cuestiona a De la Espriella por portar un arma: afirma que lo muestra como “combatiente”

La discusión sobre la seguridad en el Caribe colombiano llevó a la Defensoría del Pueblo a poner el foco en dos asuntos: la respuesta estatal frente a los grupos armados y los mensajes que transmite la Presidencia.

Iris Marín, defensora del Pueblo, cuestionó que el presidente Abelardo de la Espriella porte un arma corta visible durante sus recorridos por el país.

Para la funcionaria, esa imagen tiene una carga que trasciende el debate sobre seguridad. Marín sostuvo que De la Espriella proyecta una “simbología no solo alrededor de lo bélico sino alrededor de la muerte”. La observación surgió durante una entrevista con Noticias Caracol, en la que fue consultada por sus llamados anteriores a evitar desde el Gobierno un “lenguaje belicoso”.

Su cuestionamiento apunta a la manera en que se representa el cargo presidencial. Marín explicó que “el tema de que esté armado pues también lo muestra como un combatiente, no como un jefe de Estado... como si estuviera en medio de una guerra y él fuera parte de los combatientes y no fuera el jefe de Estado que refleja y que es la imagen de la vida, de la prevalencia de la vida, de la Constitución, de la protección de la población y que está por encima de estas acciones militares que son necesarias pero que no son deseables”.

La declaración se produjo mientras la defensora analizaba la situación de orden público en Santa Marta y otros municipios del Magdalena. La ciudad amaneció con presencia militar después del levantamiento de un paro armado atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como los Pachenca. Marín señaló que el levantamiento de esa medida no debe interpretarse como una tregua o como el retiro de la organización ilegal. Según explicó, se trató del final de una “represalia directa por los operativos del lunes” realizados por la fuerza pública.

La funcionaria describió la presencia de Los Pachenca en Santa Marta, Ciénaga y Dibulla como “hegemónica” y “permanente”. Aunque reconoció que la militarización puede producir un efecto inmediato sobre la tranquilidad comercial, advirtió que su alcance es limitado frente al control territorial de la estructura armada.

“La presencia de la fuerza pública y la militarización puede ser muy efectiva en un primer momento y de una manera inmediata, pero también hay que saber que no es la solución de fondo ni estructural para combatir y para enfrentar todo el dominio que tienen estos grupos”, puntualizó.

Otro de los problemas señalados por Marín está relacionado con las economías ilegales y las presiones sobre comerciantes y residentes. La defensora advirtió que el despliegue militar y el traslado de más de 70 delincuentes desde centros carcelarios no significan, por sí solos, el fin de los cobros exigidos por las estructuras criminales.

En ese punto explicó el concepto de “exacción”, una modalidad mediante la cual establecimientos comerciales deben entregar periódicamente un porcentaje de sus ingresos al grupo armado, como si se tratara de un impuesto. “La extorsión no se ha ido, la extorsión inclusive es extorsión y es exacción... aquella dinámica en la que ya los negocios comerciales tienen que pagar como si fuera un impuesto una cuota regular un porcentaje regular de sus ingresos mensualmente o periódicamente al grupo armado”, afirmó.

La Defensoría recordó que desde diciembre de 2025 está vigente una Alerta Temprana para 21 municipios de Magdalena, La Guajira y Cesar. La advertencia señala riesgos asociados a la disputa territorial entre estructuras armadas y sus efectos sobre la población civil. En ese escenario, Marín advirtió que las operaciones militares contra los Pachenca podrían generar represalias dirigidas a la población para demostrar capacidad de intimidación. Entre los riesgos mencionó eventuales anuncios de nuevos paros armados en zonas como Aguachica, Cesar.

La defensora también habló de la expansión territorial de la organización y de sus disputas con el Clan del Golfo en Riohacha, Albania y San Juan del Cesar. Además, señaló intereses de consolidación hacia sectores del Cesar como Fundación, Pueblo Bello y Valledupar.

Frente a esta situación, planteó una respuesta que combine seguridad con medidas de carácter social y territorial. Entre las acciones que considera necesarias están acelerar las obras de desarrollo territorial de los Pedet, fortalecer la prevención del reclutamiento de jóvenes, enfrentar la violencia sexual contra mujeres indígenas y reforzar la protección de las comunidades para proteger a las comunidades y reducir los riesgos.