
La capacidad de la Corte Constitucional para atender las acciones de tutela se convirtió en uno de los principales puntos de preocupación dentro de la discusión por los recursos de la Rama Judicial para 2027. La presidenta de la corporación, Paola Meneses, advirtió que el volumen de expedientes mantiene una presión creciente sobre la operación de la Corte.
Según explicó la magistrada, diariamente llegan alrededor de 6.000 tutelas para revisión. A esto se suma el número de expedientes que debe analizar la sala de selección. En la sesión más reciente, indicó Meneses, fueron recibidos 134.200 expedientes, una carga que, según señaló, representa un riesgo para la capacidad de respuesta de la corporación.
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“Nos preocupa este posible colapso de las tutelas, lo hemos manifestado ante el Consejo Superior de la Judicatura, lo hemos manifestado ante el Gobierno de la República”, aseguró Meneses durante una rueda de prensa en Bucaramanga, donde se desarrolla el encuentro regional de la Corte Constitucional.
La magistrada señaló que la corporación ha buscado mantener su funcionamiento pese al volumen de solicitudes que recibe. “Estamos poniendo todo de nuestra parte para poder generar una operación que le cumpla a Colombia”, dijo la togada ante la prensa. Ante esta situación, el Consejo Superior de la Judicatura ya dispuso funcionarios adicionales para apoyar la atención de los expedientes. Meneses explicó que estos refuerzos permitieron poner en marcha un plan de choque dirigido a responder a la carga que enfrenta la Corte.
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“Tenemos que decir que el Consejo Superior ha escuchado nuestro clamor, hemos tenido el acceso a unos funcionarios adicionales que nos han permitido este plan de choque, y ahí seguimos”, explicó.

La situación de la Corte Constitucional hace parte de una discusión más amplia sobre los recursos que tendrá la Rama Judicial durante 2027. La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial viene revisando las necesidades de las distintas jurisdicciones y presentándolas ante el Congreso, donde avanza el debate presupuestal para el próximo año.
Los presidentes de las altas cortes también acudieron al Legislativo para exponer las necesidades de la justicia y buscar que sean consideradas dentro de la asignación de recursos. Meneses aseguró que los congresistas muestran disposición para escuchar los planteamientos de las diferentes jurisdicciones. “Los congresistas han tenido una gran apertura para analizar los temas y para permitir, sobre todo, exponer cuáles son esas necesidades de la justicia”, afirmó la magistrada.
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La presidenta de la Corte Constitucional reconoció que el país atraviesa una situación fiscal que debe ser tenida en cuenta durante la discusión. Sin embargo, sostuvo que las necesidades presupuestales de la justicia persisten y requieren ser consideradas dentro del proceso de asignación de recursos.

“Claro que la justicia también demanda presupuesto. Creo que todas las jurisdicciones demandamos el presupuesto”, afirmó Meneses. La discusión no se limita a la Corte Constitucional. La magistrada insistió en que las diferentes jurisdicciones que integran la Rama Judicial tienen necesidades propias y deben ser tenidas en cuenta en la definición del presupuesto para 2027.
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“Es un tema que también tiene que ver con necesidades de las otras jurisdicciones”, puntualizó la magistrada de la Corte Constitucional. El aumento de las acciones de tutela aparece así como uno de los asuntos centrales expuestos por la Corte dentro de la conversación presupuestal. El alto número de expedientes obliga a mantener los esfuerzos para atender las solicitudes y evitar que la capacidad operativa resulte insuficiente.
Mientras el Congreso continúa con la discusión de los recursos para el próximo año, las altas cortes buscan que las necesidades identificadas en sus distintas áreas sean consideradas por los legisladores, que evalúan la propuesta que presentó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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