Excombatientes de Comandos de Frontera en Putumayo anuncian solicitud de asilo ante cierre de la ZUT

Los 62 excombatientes de Comandos de Frontera que permanecen en la Zona de Ubicación Temporal, ZUT, del Bajo Putumayo, anunciaron que presentarán una solicitud de asilo político ante los países garantes, a pocos días del cierre de ese espacio y en medio de lo que consideran una situación de incertidumbre jurídica.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la decisión fue comunicada por Rigoberto, conocido como ‘Paisa’, vocero de la ZUT, luego de que el Gobierno fijara el 30 de septiembre como fecha para el cierre de la zona.

El vocero aseguró que ninguno de los 62 excombatientes que permanece en el lugar contempla acogerse al esquema de sometimiento a la justicia planteado por el presidente Abelardo de la Espriella. Según dijo, quienes continúan en la ZUT consideran que ese camino desconocería los compromisos previamente asumidos dentro del proceso.

“No estamos desafiando a nadie ni mucho menos queremos entrar en discusiones políticas. Solo queremos que el Gobierno nacional respete los acuerdos ya pactados y nos dé la oportunidad de seguir en este proceso, porque ninguno de los 62 que aún estamos comprometidos con la paz vamos a volver a las armas”, afirmó.

Excombatientes piden mantener el proceso

Según ‘Paisa’, los 62 excombatientes permanecen en la zona junto con sus familias y sostienen que no aceptarán ser obligados a someterse a un nuevo esquema jurídico.

El vocero afirmó que su decisión de ingresar a la ZUT fue voluntaria y que, desde entonces, asumieron que su papel sería contribuir a la pacificación del Putumayo.

Sin embargo, sostuvo que con el cambio de Gobierno se alteraron las condiciones bajo las cuales se había desarrollado el proceso y aseguró que esto afectó la confianza de quienes dejaron las armas.

También se refirió a la eventual extradición de Andrés Rojas, comandante de Comandos de Frontera, y aseguró que ese hecho no modificaría la decisión de permanecer en la ZUT. Según dijo, Rojas habría enviado desde la cárcel La Picota un mensaje en el que pidió mantener el proceso de negociación colectiva.

El vocero afirmó además que en el Valle del Guamuez existe incertidumbre entre quienes continúan en la zona y aseguró que se sienten estigmatizados y presionados por la posibilidad de que se adopten otras acciones judiciales si no aceptan el sometimiento.

Piden intervención

Rigoberto también se refirió a los 33 excombatientes que ya no permanecen en la ZUT. Según su versión, esas personas abandonaron la zona por la falta de claridad frente a los anuncios del actual Gobierno, pero no habrían regresado a Comandos de Frontera.

El vocero aseguró que desde el momento en que ingresaron al proceso dejaron de depender militar y políticamente de esa organización y pasaron a actuar como civiles.

“Desde que subimos al helicóptero, los mismos comandantes de ese grupo que estaba en diálogos de paz con el Gobierno anterior nos dijeron que ya no hacíamos parte de ellos y que, de ahora en adelante, no habría ninguna dependencia militar ni política, porque ya éramos civiles y nuestro trabajo era ya con la sociedad”, señaló.

Los excombatientes también esperan la llegada de la Fiscalía y la Registraduría para revisar su situación individual.

“Nos queda casi una semana y aquí estamos esperando que la Registraduría y la Fiscalía lleguen, pero no lo han hecho y no vamos a volver a las armas. Nuestra lucha será de ahora en adelante por la vía jurídica para que se respete el proceso, porque así está pactado”, afirmó Rigoberto.

El vocero señaló que el Gobierno ha insistido en que los grupos ilegales que quieran abandonar la violencia deben hacerlo a través de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, bajo un esquema de sometimiento a la justicia.

Sin embargo, los excombatientes sostienen que no aceptarán esa alternativa porque, según ellos, eliminaría el reconocimiento político que había sido contemplado dentro de las negociaciones de paz territorial en Nariño y Putumayo.

A pocos días del cierre de la ZUT, el grupo insiste en que seguirá por la vía jurídica y pide que la Fiscalía estudie caso por caso la situación de los 62 excombatientes que permanecen en la zona.