La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) solicitó a la Corte Constitucional aplazar por un año la entrada en vigencia de la reforma pensional. La entidad pidió que las disposiciones de la Ley 2381 de 2024 declaradas exequibles comiencen a aplicarse el 1 de abril de 2028, en lugar del 1 de abril de 2027 establecido por el alto tribunal.
De acuerdo con Semana, la petición fue presentada este martes 22 de septiembre mediante una carta dirigida a los magistrados de la Corte. El documento, que llegó a los despachos a las 3:40 de la tarde, fue firmado por Diego Alejandro Urrego, representante legal de Colpensiones.
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La solicitud lleva como asunto: “Solicitud excepcional de modulación de los efectos temporales de la Sentencia C-264 de 2026 respecto de la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024”.
Colpensiones pide modificar la fecha de entrada en vigencia
En el documento, la entidad señala que no busca controvertir la decisión adoptada por la Corte Constitucional sobre la reforma pensional ni reabrir el debate sobre su constitucionalidad. La petición se concentra en el plazo establecido para poner en marcha las disposiciones declaradas exequibles.
Colpensiones plantea que el inicio de la reforma sea trasladado del 1 de abril de 2027 al 1 de abril de 2028. Como alternativa, solicita que, si la Corte no considera procedente establecer directamente esa fecha, sea la Sala Plena la que determine un periodo que considere suficiente para completar las adecuaciones necesarias.
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Según la entidad, la ampliación permitiría adelantar de manera ordenada los ajustes requeridos para la implementación del nuevo sistema.
En la carta, Colpensiones sostiene que una modulación de los efectos temporales permitiría proteger principios como la seguridad jurídica, la confianza legítima y la estabilidad del sistema de seguridad social, además de evitar dificultades operativas que puedan afectar las expectativas legítimas y el mínimo vital de los afiliados.

Colpensiones advierte sobre la magnitud de los cambios
La entidad sostiene que la reforma introduce un cambio estructural en el sistema de seguridad social colombiano y que su implementación requiere un despliegue técnico, administrativo, financiero y tecnológico de gran magnitud.
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Uno de los principales retos identificados está relacionado con la articulación de los pilares solidario, semicontributivo, de prima media y contributivo de capitalización.
De acuerdo con Colpensiones, este proceso no depende exclusivamente de la entidad. También involucra a las administradoras de fondos de pensiones privadas, entidades públicas de recaudo, oficinas de talento humano del sector público y privado, redes financieras y órganos de control.
La entidad señala que será necesario desarrollar procesos de integración de bases de datos, homologación de historias laborales y traslado masivo de afiliados, entre otras tareas asociadas con la transición al nuevo esquema.
El “desafío operativo” para implementar la reforma
En el documento presentado ante la Corte, Colpensiones califica como “titánico” el desafío operativo que implica poner en funcionamiento el nuevo sistema.
Entre las tareas mencionadas está la recepción de cotizantes provenientes del pilar contributivo hasta el umbral establecido de 2,3 salarios mínimos, además de la gestión del componente de ahorro individual administrado y la articulación con los demás pilares.
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La entidad plantea que estos procesos deben realizarse de manera coordinada para evitar dificultades en la atención y gestión de los afiliados.
Colpensiones también sostiene que las dificultades institucionales que puedan presentarse durante la transición podrían afectar la efectividad de los derechos de pensionados actuales y futuros.

Los ajustes tecnológicos que contempla la entidad
La solicitud incluye un listado de procesos que Colpensiones considera necesarios para la implementación de la reforma.
Entre ellos se encuentran la definición de reglas de negocio, la interoperabilidad con otras entidades del sistema pensional, la adecuación de los sistemas de información y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.
También se contempla aumentar la capacidad de procesamiento y realizar pruebas integrales antes de la entrada en operación del nuevo modelo.
El cronograma presentado por Colpensiones contempla actividades entre septiembre de 2026 y marzo de 2027. Dentro de los componentes identificados como críticos están la migración y recepción masiva de afiliados, la selección y transferencia hacia ACCAI, las pruebas de interoperabilidad, la ciberseguridad, la continuidad tecnológica, la certificación de los sistemas y las pruebas de volumen.
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Colpensiones identificó 84 requerimientos
Otro de los argumentos incluidos en el documento está relacionado con el número de requerimientos identificados para poner en marcha la reforma.
Con corte al 31 de agosto de 2026, Colpensiones había identificado 84 requerimientos relacionados con la implementación. De ese total, 62 correspondían directamente a la reforma, mientras que otros 22 estaban relacionados con los proyectos denominados “Estrategia Digital” y “Fase II SNP”.
La entidad explica que estos requerimientos están agrupados en cinco temas principales y distribuidos en 33 asuntos específicos.
Estos procesos hacen parte de las adecuaciones que, según Colpensiones, deben completarse antes de que el nuevo sistema pueda comenzar a operar.
La entidad también expuso sus proyecciones financieras
Colpensiones incluyó en su solicitud un análisis sobre los efectos financieros que tendría la implementación de la Ley 2381 de 2024.
Para ello, realizó proyecciones sobre el comportamiento de ingresos y gastos bajo escenarios con y sin reforma. La entidad señala que la entrada en funcionamiento del nuevo modelo implicaría cambios en el recaudo de cotizaciones, nuevas obligaciones prestacionales y modificaciones en las fuentes de financiación.
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También proyecta un aumento del gasto, principalmente en el rubro de pensiones y jubilaciones, debido al financiamiento de las nuevas prestaciones contempladas en la reforma.
Para 2027, Colpensiones proyecta el reconocimiento de 29.061 nuevos pensionados por vejez mediante modalidades introducidas por la reforma, entre ellas la prestación anticipada.

La Corte deberá estudiar la solicitud
La petición de Colpensiones se conoce mientras avanza el trámite de los artículos que la Corte Constitucional devolvió a la Cámara de Representantes para que se subsanara el procedimiento legislativo.
En su escrito, la entidad señala que este proceso también incide en el tiempo disponible para preparar la implementación del nuevo modelo. Según Colpensiones, cada semana que transcurra sin una definición reduce el margen disponible para adelantar las adecuaciones previstas.
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Por esa razón, además de solicitar que la entrada en vigencia sea trasladada a abril de 2028, la entidad pidió que su solicitud sea tramitada de manera preferente.
También solicitó que sean vinculados al proceso el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo y Asofondos, debido a las implicaciones que tendría la decisión para las entidades involucradas en la implementación.
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