
El presidente Abelardo de la Espriella pidió a cinco ministerios y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, coordinar una hoja de ruta nacional para anticipar y atender los posibles efectos del fenómeno de El Niño en Colombia.
De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la directiva presidencial fue enviada a los ministerios de Minas y Energía, Ambiente, Agricultura, Vivienda y Salud, además de la UNGRD, con el propósito de construir una respuesta conjunta frente a los riesgos que podría generar este evento climático.
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El mandatario advirtió que, con base en la información disponible, El Niño podría producir impactos negativos sobre el abastecimiento de agua, la seguridad energética, la salud pública, la producción agropecuaria, los precios de los alimentos y las condiciones de vida de la población.
Por esa razón, De la Espriella pidió que las entidades involucradas trabajen de manera anticipada y articulada, con medidas concretas para prevenir y mitigar las afectaciones antes de que los riesgos se traduzcan en emergencias de mayor alcance.

Gobierno pide identificar riesgos y territorios vulnerables
La instrucción presidencial establece que la hoja de ruta deberá incluir una identificación de los posibles impactos de El Niño, los principales riesgos asociados y los territorios que podrían verse más afectados.
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El documento también deberá precisar qué medidas deben implementarse, cuáles son las brechas existentes en capacidad institucional y qué decisiones adicionales se requieren para responder a escenarios de desabastecimiento, presión sobre el sistema energético o afectaciones en sectores productivos.
Uno de los puntos centrales es el agua. La directiva advierte sobre la posibilidad de dificultades de abastecimiento en algunos territorios, por lo que las autoridades deberán establecer acciones preventivas y definir responsabilidades para evitar o reducir los impactos.
La seguridad energética también hace parte de las prioridades. El Gobierno busca que el Ministerio de Minas y Energía participe en la construcción de medidas que permitan anticipar posibles presiones sobre la generación y el suministro, dentro de una estrategia coordinada con las demás entidades.
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En el frente agropecuario, el Ejecutivo pidió tener en cuenta los riesgos sobre la producción y los efectos que una eventual disminución de la oferta podría generar sobre los precios de los alimentos. La cartera de Agricultura deberá participar en la identificación de las zonas y actividades que podrían resultar más expuestas.
El Ministerio de Salud, por su parte, deberá incorporar los posibles impactos sobre la salud pública, mientras Ambiente y Vivienda aportarán a la evaluación de los riesgos relacionados con el recurso hídrico, los servicios y las condiciones de los territorios.

Hoja de ruta irá al próximo Consejo de Ministros
La directiva firmada por De la Espriella establece que la estrategia nacional deberá ser presentada de manera conjunta por los ministros en el próximo Consejo de Ministros.
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“La hoja de ruta de acción nacional deberá ser presentada conjuntamente por los ministros en el próximo Consejo de Ministros, de manera que se cuenta con un instrumento que permita adoptar las decisiones correspondientes y definir los mecanismos de seguimiento y evaluación”, señala la directiva.
La intención es que el documento no se limite a una identificación general de amenazas, sino que establezca una agenda concreta con prioridades, responsables y mecanismos que permitan verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas.
“Así se contará con una agenda de decisiones priorizada, verificable y con responsables definidos, que permita pasar de la identificación temprana de los riesgos a la acción coordinada del Estado”, agrega el documento firmado por el presidente.
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La coordinación entre las cinco carteras y la UNGRD deberá permitir que cada entidad precise sus competencias, necesidades y capacidad de respuesta antes de que puedan presentarse afectaciones de mayor magnitud.
Además, el Ejecutivo busca identificar con anticipación las brechas de capacidad institucional que podrían dificultar la respuesta estatal y determinar qué medidas adicionales serán necesarias para prevenir o mitigar las consecuencias.
Con la directiva, el Gobierno pretende pasar de la vigilancia de los riesgos asociados a El Niño a una fase de preparación conjunta, en la que las entidades nacionales tengan definidas las acciones que deberán implementar y los responsables de ejecutarlas.
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La hoja de ruta deberá servir como instrumento para que el Consejo de Ministros adopte decisiones y establezca mecanismos de seguimiento frente a los eventuales impactos sobre agua, energía, salud, agricultura, alimentos y condiciones de vida de la población.
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