
El expresidente Gustavo Petro rechazó la alerta emitida por la Contraloría General de la República sobre la presunta desfinanciación de $4,2 billones en el presupuesto de Colpensiones -entidad pública colombiana que administra el Régimen de Prima Media- para 2026.
A través de las redes sociales, el exmandatario no solo cuestionó el informe del organismo fiscalizador, sino que advirtió que la economía colombiana se derrumbará en 2027 si se frena el aumento del salario mínimo.
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La controversia comenzó tras la difusión de un informe oficial por parte de la Contraloría, elaborado por la delegada para el sector trabajo. En el documento, la entidad fiscalizadora encendió las alarmas sobre el faltante de recursos en la administradora pública para cumplir con la totalidad del pago de las mesadas pensionales de los afiliados al régimen público en la recta final de 2026.

Contraloría prende las alarmas por las cuentas de Colpensiones
Según el análisis técnico expuesto por el organismo de control fiscal, el presupuesto inicial asignado a los fondos bajo la administración de Colpensiones para la vigencia de 2026 alcanzó una cifra total de $75,58 billones.
De esa bolsa de recursos, $72,80 billones estaban destinados en forma específica al pago de las asignaciones pensionales y jubilaciones. La financiación de estos compromisos pensionales dependía en un 44,6% de las transferencias directas del Gobierno nacional.
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El desbalance presupuestal, señalaron las autoridades fiscales, se originó en la diferencia entre el incremento efectivo del salario mínimo, que se fijó en un 23%, durante el mandato de Petro, y el supuesto de crecimiento económico que se utilizó para estructurar el presupuesto inicial, el cual calculaba una variación cercana al 7,5%.
Esta brecha provocó una desviación en las proyecciones financieras que obligaría al Estado a buscar fuentes adicionales de financiamiento.

De acuerdo con las cifras de la Contraloría, el Gobierno nacional cumplió con la entrega de $33,7 billones correspondientes a los aportes ordinarios previstos en la programación inicial. Sin embargo, debido al ajuste del salario mínimo y el aumento del valor de las mesadas, la entidad requiere de forma prioritaria los $4,2 billones adicionales para garantizar la liquidez operativa del sistema público.
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Petro cuestionó el diagnóstico de la Contraloría y señala a los fondos privados
Ante este reporte, el expresidente Gustavo Petro reaccionó en su cuenta oficial en la red social X, donde desestimó los argumentos del informe y acusó a la entidad de ocultar el impacto del sector bancario privado en las finanzas de Colpensiones.
“Miente la Contraloría Nacional al echar la culpa del desfase de Colpensiones al salario mínimo y olvida, sin mencionarlo siquiera, que el grupo Aval y Bancolombia le debe a Colpensiones 25 billones por el traslado de los ahorros de los trabajadores de los fondos privados a Colpensiones y que está pagando Colpensiones con recursos del presupuesto nacional, es decir, de la sociedad toda”, escribió el exmandatario.
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Petro finalizó su publicación al señalar: “Al no subir el salario mínimo real, que es lo que pretende Abelardo, la economía colombiana se derrumbará en el año 2027”.
El exjefe de Estado centró su postura en que el verdadero problema del sistema pensional no radica en el salario que reciben las clases trabajadoras, sino en la demora de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en trasladar los aportes acumulados por miles de ciudadanos que migran hacia el Administrador del Régimen de Prima Media.
En su argumentación, Petro enfatizó que si las entidades financieras privadas entregaran los liquidados exigidos por el traslado de los cotizantes, Colpensiones contaría con la liquidez requerida sin necesidad de acudir al gasto público ni señalar el reajuste del ingreso de los trabajadores como un factor de inestabilidad.
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Asimismo, Petro rechazó los planteamientos económicos impulsados por el actual Gobierno de Abelardo de la Espriella que sugieren moderar el salario mínimo. Para el expresidente, la contención salarial provocará una reducción drástica del consumo de los hogares, afectando la producción nacional y conduciendo al colapso económico del país en el mediano plazo.
Mientras tanto, la Contraloría reiteró a la administración nacional la importancia de prever con urgencia los giros necesarios para evitar contratiempos en los pagos a los más de 1,9 millones de pensionados en todo el país.
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