Abelardo de La Espriella respondió a la carta enviada por el presidente de la JEP a la CPI: “No comparto ni acepto el contenido”

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, respondió al magistrado Alejandro Ramelli, titular de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), después de que este remitiera una carta a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para advertir sobre una posible afectación a la independencia y al funcionamiento del tribunal transicional.

El mandatario colombiano afirmó que no comparte “el contenido, el alcance ni el tono” de esa comunicación.

De la Espriella sostuvo en su cuenta oficial de X que ninguna decisión de su Gobierno permite concluir que Colombia incumple sus compromisos internacionales. También defendió que la discusión sobre los recursos estatales y las propuestas legislativas no afecta la independencia judicial.

“Que mi Gobierno fije una posición y que el Congreso debata el Presupuesto General de la Nación no constituye una amenaza contra ningún juez: es la Constitución funcionando (sic)”, afirmó el presidente en una publicación en X.

El jefe de Estado respondió al oficio PRS-239-2026, fechado el 18 de septiembre de 2026. En ese documento, Ramelli puso en conocimiento de la ciudadanía y de la Fiscalía de la CPI lo que considera una posible afectación a la autonomía y al funcionamiento de la JEP.

De la Espriella defendió el recorte propuesto para 2027

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que el presupuesto de las entidades públicas no se determina únicamente a partir de las solicitudes de cada institución. Según indicó, el Estado debe considerar la disponibilidad de recursos, las necesidades generales y las prioridades definidas para el país.

De la Espriella señaló que, desde 2018, la Jurisdicción Especial para la Paz ha recibido más de $3 billones. Agregó que la entidad contó con una asignación de $777.069 millones en 2025 y que para 2026 opera con cerca de $744.659 millones.

Para 2027, de acuerdo con las cifras expuestas por el mandatario, la JEP pidió $947.642 millones y el proyecto de presupuesto contempla $821.803 millones. La diferencia entre ambos montos es uno de los puntos que originó el pronunciamiento de Ramelli ante la CPI.

“Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal (sic)”, afirmó De la Espriella. “No acepto que cada peso no aprobado se presente como un castigo. Los recursos públicos no son infinitos (sic)”.

El jefe de Estado cuestionó que la discusión presupuestal sea presentada como una interferencia en las decisiones judiciales. Aseguró que respeta la independencia de los jueces, aunque sostuvo que la administración de recursos públicos debe estar sometida a controles de eficiencia y rendición de cuentas.

Abelardo de la Espriella cuestionó resultados y gastos de la JEP

De la Espriella afirmó que la JEP ha recibido críticas por la demora en la emisión de sentencias. Según su posición, las primeras decisiones restaurativas se produjeron en 2025 y el volumen de resultados judiciales no corresponde con la dimensión de su aparato administrativo.

El mandatario indicó que la nómina de la jurisdicción fue estimada en $404.477 millones para 2026. Además, citó datos “difundidos en el debate público” sobre el salario de Ramelli y sus ingresos como magistrado de la JEP.

“El propio presidente de la JEP ha pasado, según cifras difundidas en el debate público, de recibir un salario aproximado de 32 millones de pesos mensuales en 2018 a más de 55 millones como presidente (sic)”, expresó De la Espriella. También mencionó ingresos acumulados estimados en alrededor de $4.500 millones desde su llegada a la jurisdicción.

El mandatario colombiano pidió explicaciones sobre la ejecución de los recursos ya asignados. “Antes de denunciar una ‘asfixia institucional’, exijo que la JEP explique cómo planea, cómo ejecuta, en qué prioriza sus recursos y por qué necesita más dinero cuando el país enfrenta una realidad fiscal estrecha (sic)”, afirmó.

Ramelli pidió respaldo de la Fiscalía de la CPI

La comunicación de Alejandro Ramelli fue dirigida a los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan y Mame Mandiaye Niang. El presidente de la JEP alertó sobre una propuesta que plantea trasladar $100.000 millones de su presupuesto de funcionamiento al Consejo Superior de la Judicatura.

Según el magistrado, la medida se sumaría a un desfase acumulado de $84.663 millones. También advirtió sobre una reforma constitucional que buscaría establecer una revisión judicial automática, a cargo de la Justicia Penal Militar, para sentencias de la JEP contra integrantes de la fuerza pública.

Ramelli sostuvo que un eventual recorte pondría en riesgo recursos para la protección de víctimas, testigos, intervinientes y funcionarios judiciales. Detalló que $62.478 millones están dirigidos a convenios con la Unidad Nacional de Protección y que otros $29.362 millones corresponden a arriendos, servicios públicos y mantenimiento.

“Someter las sentencias de la JEP a una revisión automática por la Justicia Penal Militar alteraría la estructura y las competencias del esquema judicial establecido en el Acuerdo Final de Paz”, afirmó Ramelli en su carta.

De la Espriella sostuvo que su prioridad será fortalecer la Rama Judicial ordinaria, ante la congestión de los despachos y la acumulación de procesos. “Una reasignación fundada en las prioridades públicas no constituye una interferencia: es gobernar”, afirmó.