Defensora Iris Marín apoyó a Abelardo de la Espriella por traslado de presos de alto nivel: “Nadie está por encima de la ley”

La defensora del Pueblo, Iris Marín, respaldó en la mañana del domingo 20 de septiembre la decisión del Gobierno nacional de revisar la permanencia de personas privadas de la libertad en casas fiscales, guarniciones militares y estaciones de Policía. La funcionaria sostuvo que la medida refuerza la igualdad ante la ley y el cumplimiento de las reglas de reclusión.

A través de su cuenta de X, la defensora del Pueblo afirmó que los traslados dispuestos por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella deben servir para eliminar tratos diferenciados y sostener el respeto por la justicia dentro del sistema penitenciario.

“En los últimos días, el Gobierno Nacional, por instrucción del Presidente de la República, dispuso el traslado de personas privadas de la libertad que permanecían en casas fiscales y guarniciones militares”, señaló Marín.

Esta medida administrativa reafirma que nadie está por encima de la ley, garantiza el cumplimiento de los reglamentos de reclusión y fortalece los principios de transparencia e igualdad en el sistema penitenciario.

La posición de Iris Marín respalda la revisión ordenada por el Gobierno sobre presos que permanecen en instalaciones de la fuerza pública. La medida prevé trasladar a quienes no tengan fundamento legal para estar allí, aunque la Defensoría del Pueblo mantendrá su deber de vigilar que se respeten integralmente los derechos humanos de todos los reclusos.

Marín agregó que la entidad seguirá acompañando a las personas privadas de la libertad desde sus funciones constitucionales. Ese seguimiento, explicó, deberá desarrollarse bajo un “estricto respeto por la acción de la justicia”.

“Seguiremos acompañando, desde nuestras funciones constitucionales de velar por los derechos humanos, a todas las personas privadas de la libertad para que sus derechos sean respetados integralmente en un marco de estricto respeto por la acción de la justicia”, concluyó la defensora.

La instrucción presidencial se conoció durante el séptimo punto de una alocución del 13 de septiembre dedicada al fin de los privilegios para personas condenadas por corrupción. De la Espriella dijo que los traslados deberán ejecutarse conforme a la ley.

“He ordenado revisar y proceder conforme a la ley y sin privilegios ni contemplaciones al traslado de quienes se encuentran privados de la libertad en guarniciones militares o estaciones de Policía, sin cumplir las condiciones legales para permanecer allí”, afirmó el mandatario.

La revisión contempla dos decisiones: verificar bajo qué condiciones están recluidos quienes permanecen en esas instalaciones y ordenar el cambio de lugar cuando no exista respaldo jurídico para que continúen allí.

El mandatario centró su mensaje en personas que, según expresó, aprovecharon cargos estatales para apropiarse de dineros públicos. Afirmó que esas conductas afectan a ciudadanos que dependen de servicios financiados con recursos oficiales.

El jefe de Estado también cuestionó la categoría de los llamados delincuentes de cuello blanco. “Los llamados delincuentes de cuello blanco no son delincuentes de una categoría superior”, manifestó.

De hecho, en un operativo realizado el miércoles 9 de septiembre se trasladó desde el Cespo de la Policía hacia La Picota a cuatro procesados y condenados. En la lista figuraban el exrepresentante Andrés Calle, el alcalde de Villa de Leyva Víctor Gamboa, el abogado Álex Vernot y el exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Emiro Rojas.

Calle es investigado por su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La Fiscalía busca establecer si recibió cerca de 1.000 millones de pesos o beneficios a cambio de favorecer al Gobierno en decisiones del Congreso.

Gamboa enfrenta una investigación por posibles irregularidades en trámites urbanísticos de Villa de Leyva. Las autoridades examinan una eventual intervención indebida en procesos administrativos relacionados con construcciones, proyectos o permisos.

Vernot cumple una condena de seis años por soborno en actuación penal dentro del caso Hyundai. La justicia concluyó que participó en una maniobra para ofrecer dinero a un testigo y lograr que dejara de colaborar con la Fiscalía.

Rojas fue condenado por torturas psicológicas contra la periodista Claudia Julieta Duque. El expediente se relaciona con actos de intimidación y hostigamiento atribuidos al antiguo organismo de inteligencia por las investigaciones de la comunicadora.