El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, alertó de que un recorte de $185.000 millones para 2027 comprometería las audiencias, la protección de víctimas y comparecientes, la seguridad de los funcionarios e incluso la continuidad de la sede del tribunal de paz.
La advertencia surgió después de que el presidente Abelardo de la Espriella respaldara una propuesta para trasladar $100.000 millones de su presupuesto al Consejo Superior de la Judicatura.
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La reducción planteada dejaría a la Jurisdicción Especial para la Paz con $721.803 millones en 2027, una cifra cercana a la asignada para el año en curso, según sostuvo la senadora del Centro Democrático María Clara Posada. La legisladora propuso que el ajuste alcance, al menos, la mitad de los recursos de la entidad.
Ramelli comunicó el escenario a organismos nacionales e internacionales: el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, los países garantes del Acuerdo de Paz y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
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El senador de Salvación Nacional Enrique Gómez Martínez propuso transferir $100.000 millones del presupuesto de funcionamiento de la JEP a la Judicatura.
Justificó la iniciativa en los resultados del tribunal: “Se ha vuelto un fortín burocrático. Es una entidad con mínimo rendimiento. Solo cuatro fallos. El primero de ellos vino a proferirse en septiembre de 2025”.
La afectación de audiencias, protección y funcionamiento
La proyección presupuestaria que expuso Ramelli contempla una merma total de $185.000 millones. De ese monto, los primeros $85.000 millones impactarían en forma directa la realización de audiencias, los esquemas de seguridad para víctimas y testigos, y la protección de los comparecientes.
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Los $100.000 millones restantes corresponderían a gastos de funcionamiento, bienes y servicios. “Entonces, pues sería una corte en Internet, ¿no? Que no tendríamos ni siquiera sede”, afirmó el presidente de la JEP en una entrevista con La FM.
El magistrado defendió que el tribunal ha dado respuestas a las víctimas, a Colombia y a la comunidad internacional sobre hechos del conflicto armado que habían permanecido impunes.
“Es un tribunal importante porque le está dando respuestas a Colombia, a la comunidad internacional y a miles de víctimas sobre hechos que habían permanecido en la más completa impunidad”, señaló.
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La Jurisdicción ha investigado patrones de macrovictimización que involucran a integrantes de la Fuerza Pública y a las extintas Farc. Ramelli sostuvo que esos fenómenos se desarrollaron en un contexto en el que “la impunidad era galopante”.
El presidente del tribunal también advirtió que una eventual desaparición de la entidad tendría consecuencias en la justicia internacional. El examen preliminar que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional mantenía sobre Colombia desde 2004 se cerró en 2021, condicionado al funcionamiento de la justicia transicional.
“Si acaban la JEP, pues van a acabar todos en la Corte Penal Internacional”, declaró Ramelli. Agregó que el riesgo alcanzaría a miembros de la Fuerza Pública y a exintegrantes de las Farc involucrados en crímenes graves, quienes podrían perder los beneficios previstos en el sistema transicional.
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La JEP tramita el macrocaso 11, que reúne investigaciones por violencia basada en género, violencia sexual y otros delitos cometidos durante el conflicto. El tribunal citó al último secretariado de las Farc, incluidos Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo, por políticas aplicadas dentro de la organización entre 1990 y 2015.
El expediente contempla denuncias sobre abortos, violencia sexual y otras agresiones contra mujeres y niñas. Ramelli indicó que el esclarecimiento de esos hechos y de responsabilidades de altos mandos forma parte de los aportes del tribunal.
Los ingresos de Ramelli desde su llegada al tribunal
La controversia presupuestaria coincidió con la divulgación de los ingresos brutos estimados de Ramelli desde 2018, cuando ingresó a la JEP. Ariel Ricardo Armel, director de la Fundación Libremente, afirmó en su cuenta de X que el magistrado ha devengado cerca de $4.500 millones durante su permanencia en la entidad.
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“Alejandro Ramelli está en la JEP desde 2018 y ha devengado alrededor de 4.500 millones de pesos. Durante estos 10 años han logrado tres fallos, donde todos han sido beneficiosos para los criminales de las Farc. Servicio social como penas, llamados ‘trabajos restaurativos’. Hoy está quejándose y haciendo llamados internacionales por un recorte presupuestal a la JEP”, escribió Armel.
Los datos difundidos muestran que, como magistrado titular, Ramelli pasó de recibir $32 millones mensuales en 2018 a $47,5 millones mensuales en 2023. Al asumir la presidencia de la JEP, su remuneración fue de $51 millones en 2024 y de $55,3 millones entre 2025 y 2026.
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Posada cuestionó la estructura de gastos del tribunal y afirmó que la nómina de la JEP ascendió a $404.477 millones en 2026. Comparó ese rubro con los $52.868 millones destinados al Ministerio de Justicia y sostuvo que la diferencia equivale a casi ocho veces menos para esa cartera.
El expresidente Álvaro Uribe, dirigente del Centro Democrático, también criticó el funcionamiento de la Jurisdicción. “La JEP con tanto presupuesto para maltratar a los militares, presionar a los funcionarios de la Gobernación de Antioquia y buscar afanosamente testigos contra mí. Ojalá este proceso que enfrento fuera público”, escribió en X.
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