Defensoría del Pueblo pidió a Abelardo de la Espriella que aclare cómo la Policía intervendría en las universidades públicas: “Puede restringir la protesta”

En medio de la polémica generada por el presidente Abelardo de la Espriella al anunciar un protocolo para que la fuerza pública ingrese a las universidades a la fuerza, en caso de presentarse desmanes o actos violentos, en la mañana del domingo 20 de septiembre la Defensoría del Pueblo hizo un duro llamado al Gobierno nacional.

El ente de control pidió límites estrictos para cualquier ingreso de las autoridades a los centros de educación superior públicos que impidan posibles excesos de fuerza o retenciones irregulares.

En un comunicado, el organismo sostuvo que la protección del orden público debe coexistir con la autonomía universitaria, el derecho a la protesta pacífica y las garantías fundamentales de estudiantes, docentes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad académica.

“Por tanto, existen circunstancias excepcionales en las cuales la Fuerza Pública puede intervenir al interior de una universidad. La flagrancia es una de ellas y, en estos casos, no se requiere como regla general autorización previa de las autoridades universitarias. Sin embargo, ninguna circunstancia habilita actuaciones ilimitadas: toda intervención debe tener un fundamento jurídico concreto y respetar estrictamente los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y diferenciación”, señaló la Defensoría.

Además, la entidad explicó que la autonomía universitaria está reconocida por el artículo 69 de la Constitución Política. Esta garantía permite que las instituciones de educación superior se autodirijan, se autorregulen y preserven la libertad académica sin interferencias indebidas.

La Defensoría también advirtió que la protesta pacífica no justifica el ingreso policial a los campus. Las asambleas estudiantiles, la deliberación académica y las expresiones de disenso político forman parte de los derechos de reunión, manifestación y libertad de expresión de la comunidad universitaria.

El organismo pidió evitar interpretaciones amplias que asocien la inconformidad social con delitos o violencia. Si algunas personas cometen actos violentos, la respuesta estatal debe concentrarse en esas conductas y no extenderse a quienes ejercen de manera pacífica sus derechos.

“La historia de nuestro país exige especial cuidado frente a las intervenciones de la Fuerza Pública en escenarios universitarios. Proteger la autonomía universitaria no significa tolerar delitos; garantizar el orden público tampoco puede significar restringir indebidamente la protesta, la libertad de expresión, la libertad académica o los demás derechos fundamentales”, concluyó la entidad.

El presidente Abelardo de la Espriella había anunciado el domingo 13 de septiembre la creación de un protocolo nacional para definir cuándo las autoridades pueden actuar en las universidades.

Durante su alocución, el mandatario afirmó que el Estado respetará y garantizará las movilizaciones pacíficas que se desarrollen dentro de la ley. También señaló que enfrentará los hechos de vandalismo y los ataques contra la fuerza pública o la población civil.

“He dado instrucciones claras para establecer un protocolo nacional de actuación que permita distinguir cuándo estamos frente al ejercicio legítimo de la protesta y cuándo existen hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público que exigen, sin lugar a dudas, la intervención de las autoridades”, dijo De la Espriella.

El presidente sostuvo que la autonomía universitaria no está en discusión. Afirmó, de todos modos, que las instituciones educativas no pueden ser territorios sustraídos de la Constitución, la ley o la autoridad legítima del Estado.

La propuesta gubernamental contempla que la Policía Nacional sea la primera autoridad operativa ante este tipo de situaciones. De la Espriella señaló que podrá actuar cuando desde los campus se preparen hechos vandálicos o terroristas.

El jefe de Estado afirmó que las universidades deben garantizar espacios para estudiar, debatir y protestar pacíficamente. Su advertencia estuvo dirigida a quienes, según dijo, busquen utilizar las instalaciones académicas para organizar ataques, almacenar elementos destinados a la violencia o agredir a ciudadanos y miembros de la fuerza pública.

“A quienes pretendan utilizar una universidad para preparar ataques terroristas, almacenar elementos destinados a la violencia, agredir ciudadanos o a miembros de la fuerza pública, les digo con absoluta claridad, la autonomía universitaria no es una patente de impunidad”, afirmó De la Espriella.