Gobierno reportó presuntas irregularidades en 11 cajas de compensación familiar: hay 3 entidades bajo seguimiento especial

El Gobierno señaló a Comfamiliar Atlántico, Comfenalco Antioquia y Comfaguajira por situaciones que deberán revisar las autoridades

La documentación sobre los hallazgos fue enviada a los organismos de control, que deberán definir si existen responsabilidades penales, fiscales o disciplinarias - crédito @infopresidencia/ Instagram
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El Gobierno colombiano informó que encontró presuntas irregularidades administrativas y financieras en 11 de las 42 cajas de compensación familiar del país que han estado bajo algún tipo de medida de intervención. Las alertas se concentran, entre otros casos, en Comfamiliar Atlántico, Comfenalco Antioquia y Comfaguajira, entidades que también son objeto de seguimiento preventivo por parte de la Procuraduría General de la Nación.

Las cajas de compensación administraron cerca de 14,1 billones de pesos durante 2025, recursos que provienen en buena parte del aporte equivalente al 4% de la nómina de los trabajadores. El Ejecutivo afirmó que trasladó la documentación recopilada a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría General de la República para que determinen si existen responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales.

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Desde la Presidencia señalaron que las cajas “son patrimonio de los trabajadores colombianos y de sus familias, no una prenda de ningún proyecto político ni de ninguna bandera partidista”. El Gobierno sostuvo que busca proteger los recursos destinados a subsidios, servicios sociales y programas para los afiliados y sus hogares.

Tres cajas concentran las alertas dentro de los hallazgos en 11 entidades intervenidas - crédito Imagen ilustrativa VisualesIA Infobae
Tres cajas concentran las alertas dentro de los hallazgos en 11 entidades intervenidas - crédito Imagen ilustrativa VisualesIA Infobae

Comfamiliar Atlántico quedó bajo la lupa por cambios y contratos previos a la intervención

Uno de los principales focos de la revisión es Comfamiliar Atlántico, cuya intervención administrativa fue ordenada en julio de 2026. Según la información divulgada por el Gobierno, en la entidad se detectaron cambios de última hora en la estructura administrativa, creación de cargos y contratos de larga duración que superarían el periodo previsto para la medida.

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El vocero gubernamental Miller Soto señaló que también se identificaron posibles incompatibilidades y vínculos contractuales entre personas relacionadas con la caja y el organismo encargado de ejercer vigilancia. A ello se suman modificaciones contractuales con posibles impactos económicos millonarios, denuncias de presunto acoso laboral y eventuales maniobras fraudulentas.

La Secretaría de Educación y la Procuraduría activaron protocolos para investigar las fallas en la vigilancia institucional tras el escándalo - crédito Colprensa/Sergio Acero
La Procuraduría alertó al Ministerio del Trabajo sobre situaciones bajo seguimiento en tres cajas de compensación - crédito Colprensa/Sergio Acero

Estos hallazgos aún deberán ser verificados por las entidades competentes. La remisión de los documentos no implica una declaración de responsabilidad individual, pues esa determinación corresponde a los organismos de control y a la justicia dentro de los procesos que se abran.

La Procuraduría informó que realizó dos visitas administrativas a las instalaciones de Comfamiliar Atlántico después de la intervención. El propósito fue conocer el desarrollo de la medida y las condiciones institucionales de la entidad durante ese periodo.

El Gobierno habló de una presunta red de intereses políticos en Comfenalco Antioquia

El otro caso mencionado por el Gobierno es el de Comfenalco Antioquia, entidad sobre la cual la ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, se refirió a una supuesta red de intereses políticos que fue denominada “telaraña azul”.

De acuerdo con el señalamiento oficial, esa red habría buscado ejercer control irregular sobre recursos de la caja por más de 1 billón de pesos. Las autoridades no precisaron en el anuncio público quiénes estarían vinculados a esa presunta estructura ni qué contratos, decisiones o actuaciones concretas serán objeto de investigación.

La Procuraduría indicó que mantiene seguimiento al procedimiento para levantar la intervención administrativa total que había recaído sobre Comfenalco Antioquia. En ese contexto, realizó una visita a la Superintendencia del Subsidio Familiar para solicitar documentos e información sobre los fundamentos de la medida, las decisiones adoptadas y la convocatoria a la Asamblea General de Afiliados.

“La entidad confirma el itinerario de los investigados, de qué se trató la capacitación y, además, el informe presentado a la corporación de este. Asimismo, se verifica la información del bilateral en el Secop y si este cumple con lo establecido en la ley”, manifestó la Procuraduría - Crédito Colprensa
La alerta de la Procuraduría abarca intervenciones, planes de mejoramiento y conformación de órganos directivos - Crédito Colprensa

El Ministerio Público también intervino en dos acciones de tutela relacionadas con la caja. En una de ellas, tramitada ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Heliconia, pidió retirar una medida provisional que ordenaba mantener la realización de una asamblea general extraordinaria. El despacho dejó sin efectos esa decisión provisional.

Comfaguajira enfrenta seguimiento por su proceso electoral y el levantamiento de la medida

La tercera entidad mencionada por la Procuraduría es Comfaguajira. El ente de control informó que vigila el proceso de levantamiento de la intervención administrativa y las actuaciones relacionadas con la elección de los órganos de dirección y control.

La entidad participó en una acción de tutela vinculada con la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria de Afiliados. En ese caso, un juez ordenó adoptar un nuevo cronograma electoral con el fin de garantizar el debido proceso y la participación de las personas interesadas.

La Procuraduría explicó que su seguimiento busca verificar las condiciones de transparencia, imparcialidad y participación dentro de los procesos internos de las cajas. En su comunicación a la ministra del Trabajo, el organismo señaló que revisa asuntos relacionados con “las medidas de intervención, sus procesos de levantamiento, la efectividad de los planes de mejoramiento, la conformación de los órganos de dirección y control y las garantías de transparencia, imparcialidad, participación y debido proceso”.

Según el Gobierno, de las 11 cajas que se encuentran bajo alguna medida, 6 tienen intervención administrativa total, una registra una intervención parcial de su consejo directivo y 4 avanzan en procesos para levantar las decisiones adoptadas.

Seis de las 11 cajas tienen intervención administrativa total, una cuenta con medida parcial y cuatro avanzan hacia el levantamiento de las decisiones - crédito Visuales IA Infobae
Seis de las 11 cajas tienen intervención administrativa total, una cuenta con medida parcial y cuatro avanzan hacia el levantamiento de las decisiones - crédito Visuales IA Infobae

Los hallazgos sobre las cajas se suman a la información incluida en el denominado “Libro de la Verdad”, que el Gobierno entregó el 18 de agosto a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. El documento reúne 82 casos sobre presuntas irregularidades detectadas tras el cambio de administración y abarca áreas como contratación pública, infraestructura, entidades estatales y programas sociales.

El Ejecutivo indicó que cada ministerio deberá presentar al cierre de septiembre un informe con los hallazgos detectados desde el 7 de agosto. Esa información podrá ser trasladada a las autoridades de control para que definan, caso por caso, si procede la apertura de investigaciones.

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