Ministro de Justicia dio detalles sobre proyecto de ley de sometimiento a integrantes de grupos criminales: “No hay posibilidad de espacios para mesas de diálogo”

El ministro de Justicia, Iván Cancino, confirmó que el Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara un proyecto de ley de sometimiento para que jefes e integrantes de grupos criminales se entreguen bajo reglas más estrictas, sin mesas de diálogo ni reconocimiento de estatus político.

La iniciativa, que será presentada ante el Congreso de la República, busca reemplazar el enfoque de paz total por una política de Estado con vigencia superior a un período presidencial.

Tras un trabajo en el que participaron varias personas durante numerosas horas, el proyecto se encuentra en revisión de la Presidencia. Cancino dijo, en entrevista con Semana, que la norma pretende reforzar la Ley 418, vigente desde 1997 y utilizada por gobiernos sucesivos para definir políticas públicas frente a distintos conflictos.

La propuesta parte de una premisa: el sometimiento será a la Constitución y no una negociación con organizaciones ilegales. El Gobierno no abrirá espacios de conversación, ni permitirá concentraciones prolongadas sin compromisos frente a la ley.

“Es una ley de sometimiento a la Constitución. No hay la más mínima posibilidad de que este Gobierno abra espacios para mesas de diálogo, para negociaciones, para un estatus político, que era una de las grandes preocupaciones que uno escuchaba en la oposición. No hay zonas para concentraciones de largo tiempo sin compromiso frente a la ley. Y, sobre todo, jamás habrá apertura de canales para que los grupos ilegales o terroristas puedan opinar o debatir con el Gobierno acerca de este proyecto de ley”, expuso el titular de la cartera.

Sin mesas de diálogo ni estatus político para grupos ilegales

La iniciativa no contempla que los grupos criminales o terroristas intervengan en el debate sobre las condiciones de la norma. Los interlocutores del Ejecutivo serán el Congreso de la República y las instituciones competentes: la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.

Iván Cancino sostuvo que las resoluciones, revocatorias y derogatorias firmadas por el presidente de la República constituyen una señal sobre el rumbo de la política de seguridad. “Esta no es una ley para un gobierno; vamos a tratar que sea una política de Estado y que no esté identificada solamente a cuatro años, sino para períodos más largos”, afirmó el ministro de Justicia.

El alto funcionario también definió el alcance político de la iniciativa al ser consultado sobre el futuro de la Paz total. “Sí”, respondió cuando le preguntaron si la ley de sometimiento representaba la sepultura de esa estrategia.

Las reducciones de condena dependerán de la posición que cada persona ocupe dentro de la estructura criminal. Quienes sean líderes o ejerzan mando no podrán obtener una rebaja superior al 30%, mientras que los miembros de otros rangos podrán aspirar a una disminución de hasta 50%.

Rebajas condicionadas a la verdad, la reparación y las víctimas

El beneficio no operará como una concesión automática del Gobierno nacional, porque la legislación ordinaria ya contempla rebajas para quienes aceptan cargos. El ministro Cancino señaló la diferencia en las condiciones del sometimiento, que serán más exigentes y quedarán subordinadas a las víctimas.

Actualmente, una persona puede acceder a la libertad condicional después de cumplir tres quintas partes de su condena. El proyecto propone elevar ese requisito a cuatro quintas partes, aunque prevé incentivos para quienes demuestren buen comportamiento durante la pena.

La reparación a las víctimas, la entrega de dinero, el esclarecimiento de los hechos, la liberación de secuestrados y la revelación de las rutas de desaparición podrán reducir las exigencias para algunos beneficios. Esas acciones permitirían que la persona sometida recibiera un tratamiento distinto al previsto en la justicia ordinaria.

En el mismo diálogo, indicó que se modificaría la equivalencia de trabajo o estudio: en lugar de tres días de actividad por un día de reducción, podría aplicarse una relación de dos días por cada día descontado.

La libertad condicional o la suspensión de la pena requerirá, además de los requisitos ordinarios, un concepto favorable de la víctima. Si la víctima se opone, no se concederá ninguno de esos beneficios.