El coronel en retiro del Ejército Nacional Alfonso Plazas Vega fue declarado inocente en un proceso civil que se adelantaba en su contra en los Estados Unidos. La decisión fue tomada de manera unánime este jueves 17 de septiembre de 2026 por un jurado federal estadounidense tras una deliberación que se extendió por más de tres horas y dos semanas de juicio.
Un jurado federal del Tribunal del Distrito Sur de la Florida, en Estados Unidos, resolvió declarar inocente ante una demanda interpuesta por familiares de víctimas de los hechos ocurridos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en Bogotá. La acción legal buscaba establecer responsabilidades civiles sobre el oficial retirado por las acciones operativas ejecutadas en noviembre de 1985, por los delitos de tortura y violaciones de derechos humanos.
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El litigio internacional tuvo como origen una demanda interpuesta por la viuda y tres de las hijas del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, que contaron con la representación y asistencia legal de la organización internacional Center for Justice and Accountability (CJA).
El proceso civil por la muerte de Carlos Horacio Urán
La acción judicial buscaba establecer la responsabilidad patrimonial del oficial retirado por los cargos de ejecución extrajudicial y tortura. La parte demandante intentaba demostrar que el entonces comandante de la Escuela de Caballería tuvo participación en la custodia y posterior muerte del magistrado Urán, de quien se sostenía que había salido con vida de la edificación bajo control militar antes de que su cuerpo apareciera en la morgue.
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Cabe destacar que el caso de Carlos Horacio Urán se convirtió en uno de los principales expedientes sobre la retoma del Palacio de Justicia —cuando la entonces guerrilla del M-19 entró al establecimiento con armas y a la fuerza— porque un video mostró al magistrado saliendo con vida del edificio y posteriormente fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza.
A esto se sumaron peritajes forenses y testimonios que lo ubicaron en la Casa del Florero, donde fueron llevados algunos sobrevivientes durante la operación por parte de la Fuerza Militar.
El juicio desarrollado en territorio estadounidense no correspondió a un proceso penal para encarcelar al procesado, sino a un recurso de naturaleza civil.
El proceso contra Alfonso Plazas Vega en Miami, Estados Unidos
La demanda se interpuso amparada en la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura de 1991 (Tvpa, por sus siglas en inglés), una norma federal que permite a los tribunales de ese país juzgar a residentes en su territorio por violaciones a los derechos humanos cometidas en el extranjero bajo el argumento de la falta de seguridad jurídica en los países de origen.
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Durante las sesiones en la corte de Miami, el jurado escuchó los testimonios de sobrevivientes, periodistas, familiares, exintegrantes de organismos de seguridad del Estado y las declaraciones del propio Plazas Vega.
La representación legal del coronel en retiro sostuvo que no existían pruebas directas que relacionaran al oficial con la tortura o la muerte del funcionario judicial, logrando desestimar las pretensiones de las demandantes.
Tras la lectura del fallo absolutorio, Camilo Plazas, hijo del exmilitar, cuestionó la utilización de la ley norteamericana en el caso de su padre, por lo que dijo a la revista Semana: “Esa ley está creada para brindar seguridad jurídica en países con dictaduras y personas que se enriquecen alrededor de torturas y de asesinatos extrajudiciales”.
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“Esta ley se creó para esa gente, pues no pueden venir aquí a intentar escudarse o esconderse, algo que no tiene nada que ver con mi papá, que salió del país cuando fue absuelto por problemas de seguridad muy graves”, afirmó Camilo Plazas.
La demanda en el estado de la Florida representaba el último proceso judicial abierto en el exterior contra el oficial por los acontecimientos del Palacio de Justicia. En Colombia, Plazas Vega ya había sido absuelto de cargos penales por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Con esta decisión del jurado en los Estados Unidos, el coronel en retiro queda absuelto de la reclamación económica y librado de cualquier responsabilidad civil frente a los tribunales norteamericanos por este caso.
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