En medio de las reacciones por cuenta de la decisión del gobierno de los Estados Unidos de mantener la descertificación de Colombia por narcotráfico, en la mañana del jueves 17 de septiembre se conocieron nuevos detalles de las investigaciones que mantiene ese país.
De hecho, en una entrevista otorgada a Caracol Radio, el congresista republicano Mario Díaz-Balart respaldó que continúen las medidas contra el expresidente colombiano Gustavo Petro, incluidas las sanciones administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
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Díaz-Balart afirmó que existen motivos para mantener las medidas contra Petro. Su postura se conoció un día después de que Estados Unidos confirmara que Colombia seguirá descertificada por su desempeño en la lucha contra las drogas, aunque con una exención que preserva mecanismos de cooperación bilateral.
“El daño que hizo el presidente Petro a la relación entre Colombia, los Estados Unidos y también al propio pueblo de Colombia, es difícil de explicar, pero gracias a Dios, el pueblo de Colombia se ha salvado”, dijo Díaz-Balart a Caracol Radio.
El congresista añadió que, a su juicio, el resultado de la última elección presidencial permitirá recomponer los vínculos entre ambos países. “Ha salvado el país con esta última elección y eso se va a reflejar”, ratificó ante la emisora.
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El representante republicano integró la delegación oficial de la Casa Blanca que asistió a la posesión de De La Espriella. Desde esa experiencia, señaló que la nueva etapa política colombiana ya tuvo efectos en las conversaciones con el Gobierno estadounidense.
Díaz-Balart celebró la elección del presidente colombiano y anticipó que aumentarán las operaciones conjuntas contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras estructuras criminales.
El legislador describió la transición institucional como un cambio favorable para la seguridad y para la relación bilateral. También aludió a acciones recientes contra grupos que identificó como narcoterroristas y pandillas.
“El Cambio, no pudiese ser más dramático con el presidente de la FDA y positivo para la relación entre Colombia y los Estados Unidos, pero también para Colombia”, manifestó Díaz-Balart a Caracol Radio.
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El congresista sostuvo que la mayor actividad contra esas organizaciones se refleja en el vínculo con Washington. Sus dichos asociaron la estrategia de seguridad con el respaldo político y financiero de Estados Unidos.
Colombia seguirá descertificada en la evaluación antidrogas de Estados Unidos
La posición de Díaz-Balart coincidió con una decisión adoptada por Estados Unidos sobre la política antinarcóticos colombiana. Washington resolvió mantener a Colombia en la lista de países descertificados en la lucha contra las drogas.
La medida incluyó una exención que garantiza la continuidad de la cooperación entre los dos países. De ese modo, la descertificación no interrumpió todos los mecanismos bilaterales de asistencia.
El programa de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) fue actualizado el 16 de septiembre de 2026. Esa dependencia pertenece al Departamento del Tesoro estadounidense y administra las restricciones financieras señaladas por el congresista.
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La continuidad de Colombia en la lista contrasta con la decisión sobre Venezuela, que fue excluida de ese dictamen. El presidente Donald Trump condicionó una eventual salida de Colombia a resultados en la erradicación de cultivos ilícitos y la neutralización de cárteles de narcotráfico.
La presión contra las estructuras criminales marcará la relación bilateral
Las declaraciones del congresista republicano unieron dos discusiones que seguirán presentes en el vínculo entre Bogotá y Washington: las sanciones individuales contra Petro y la evaluación de la estrategia colombiana frente a las drogas.
Para Díaz-Balart, la nueva administración ofrece una oportunidad para profundizar la cooperación en materia de seguridad. El legislador anticipó que la ofensiva contra las organizaciones criminales tendrá un lugar central en esa agenda.
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La permanencia de la descertificación deja a Colombia bajo seguimiento estadounidense. A la vez, la exención conserva instrumentos de colaboración mientras el Gobierno colombiano busca mostrar resultados ante Washington.
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