Gobierno de Abelardo de la Espriella tomó medidas para corregir el déficit fiscal y reordenar la caja del Estado: anunció un recorte de $21,9 billones y eliminación de ministerios

El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció un ajuste inicial de $21,9 billones en el gasto público y anticipó una reforma estructural que presentará ante el Congreso en noviembre de 2026 con el propósito de reducir el déficit fiscal, reorganizar las finanzas estatales y destinar más recursos a inversión y generación de empleo.

La Presidencia informó que todas las entidades del Gobierno nacional deberán disminuir sus gastos durante los meses restantes del año. Cada ministerio definirá los rubros que recortará como parte de la primera etapa del plan de austeridad.

“Para corregir el déficit y reordenar la caja del Estado, el Gobierno Nacional anunció un plan de ajuste inmediato a través de un recorte inicial de 21.9 billones de pesos liderado por el Ministerio de Hacienda, al cual se sumará en noviembre un proyecto legislativo de recorte estructural para suprimir burocracia, fusionar carteras y reorientar los recursos hacia la inversión productiva y la generación de empleo”, indicó Presidencia.

El vocero de Presidencia, Miller Soto, afirmó que la administración recibió una situación fiscal comprometida y cuestionó la elaboración del presupuesto por parte del gobierno anterior.

“Recibimos unas finanzas públicas en estado crítico”, expresó durante la intervención difundida por la Casa de Nariño.

Según las cifras expuestas por el Ejecutivo, el gobierno anterior presentó un presupuesto de $575,6 billones con un desbalance superior a $30 billones. La administración de De la Espriella aseguró que el cálculo inicial para el servicio de la deuda fue de $118 billones, aunque estimó que la obligación real asciende a $155,4 billones.

Esa diferencia representa, según el Gobierno, un faltante de $37,4 billones en el pago de la deuda. Presidencia agregó que hubo necesidades de financiación en pensiones, salud, salarios, universidades públicas y el Fondo de Combustibles, que, sumadas a la diferencia en deuda, alcanzarían cerca de $59 billones.

El Gobierno sostiene que el endeudamiento compromete los recursos disponibles

La administración señaló que el 44% de los recursos que el Estado prevé movilizar el próximo año proviene de crédito. Esa porción equivale a $281 billones, de acuerdo con la información divulgada por Presidencia.

El Gobierno también indicó que por cada $100 incluidos en el presupuesto, $24 se destinan al servicio de la deuda y $14 a inversión pública. Para el Ejecutivo, esa distribución limita la capacidad estatal de financiar obras, programas productivos y políticas de empleo.

La Presidencia defendió la presentación de un presupuesto por $634,9 billones, superior al monto inicial señalado para la vigencia anterior. Las comisiones económicas del Congreso de la República aprobaron esa cifra, que incluye $392,5 billones para funcionamiento y $86,9 billones para inversión.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, vinculó esa aprobación con el diagnóstico fiscal planteado por el Gobierno. Según la versión oficial, el nuevo presupuesto contempla obligaciones que no estaban registradas de forma completa en cálculos anteriores.

“Este gobierno no llegó a maquillar cifras; llegó a sincerarlas”, afirmó Soto. El vocero sostuvo que el incremento presupuestal responde a la incorporación de gastos y compromisos que, según el Ejecutivo, requerían recursos adicionales.

El proyecto de noviembre prevé fusionar y cerrar carteras

La segunda fase del ajuste llegará en noviembre, cuando el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, radique ante el Congreso un proyecto de ley para reducir de forma permanente los gastos de funcionamiento.

La propuesta prevé la fusión y el cierre de carteras, aunque el Gobierno no precisó cuáles ministerios o entidades entrarían en ese proceso. Tampoco detalló el monto adicional que espera ahorrar con la reforma ni el cronograma para su aplicación.

Gómez Martínez adelantó que el objetivo será reducir costos administrativos y mantener los recursos destinados a sectores que el Gobierno considera prioritarios. “Sacrificaremos la grasa y la burocracia. Privilegiaremos la inversión y el trabajo de quien trabaja”, afirmó el ministro.

La Casa de Nariño indicó que el ajuste no se limitará a disminuir partidas presupuestales. El Ejecutivo plantea una reorganización de la estructura estatal para liberar recursos destinados a inversión, actividad productiva y atención de las obligaciones financieras.

Presidencia anunció un acto legislativo sobre la relación con el Congreso

El Gobierno anunció además que en los próximos días presentará un acto legislativo para modificar la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. La propuesta busca que la gestión parlamentaria y los acuerdos entre ambas ramas del poder público se desarrollen de manera abierta.

Soto aseguró que la iniciativa pretende dar visibilidad a esas actuaciones. “La gestión parlamentaria es legítima, se reconocerá y se tramitará a la vista de todos”, dijo.

El Ejecutivo no informó aún el contenido del articulado ni los mecanismos específicos que incluirá la reforma. La radicación del proyecto de ajuste estructural en noviembre y la presentación del acto legislativo definirán los próximos pasos de la agenda fiscal e institucional anunciada por el Gobierno.