La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió a cinco magistrados para ocupar las vacantes de la Sala Especial de Instrucción, dependencia encargada de investigar los procesos contra congresistas y otros aforados constitucionales.
Los seleccionados fueron Andrea Nataly Bermúdez Sánchez, Patricia del Socorro Hernández Zambrano, Javier Fernando Fonseca Alvarado, Susana Quiroz Hernández y Adriana Cecilia Alarcón Gallego.
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La elección se realizó el 17 de septiembre de 2026, luego de un proceso al que se presentaron inicialmente 450 aspirantes: 190 mujeres y 260 hombres. Según informó la Corte, la selección tuvo criterios de paridad de género.
“La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió a los cinco nuevos magistrados de la Sala Especial de Instrucción, tras un proceso en el que inicialmente participaron 450 aspirantes: 190 mujeres y 260 hombres (sic)”, indicó el alto tribunal.
Los nuevos integrantes reemplazarán a Cristina Lombana, César Augusto Reyes Medina, Francisco Farfán, Marco Antonio Rueda y Héctor Alarcón, quienes completarán su período de ocho años el próximo 8 de octubre.
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Los perfiles de los magistrados elegidos
Bermúdez Sánchez es abogada y cuenta con trayectoria en el Ministerio Público. Fue procuradora judicial en asuntos penales, procuradora delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales y magistrada auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema.
Hernández Zambrano desarrolló su carrera en la Fiscalía General de la Nación. Ejerció como fiscal delegada ante tribunales superiores y, desde 2025, se desempeñaba como fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Fonseca Alvarado es abogado especializado en derecho penal. Tiene experiencia como litigante y consultor en derecho penal financiero y bursátil. Además, actuaba como conjuez de la Sala Especial de Instrucción y fue subdirector de la Fiscalía.
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Quiroz Hernández integraba la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. También formó parte de la lista de aspirantes para cubrir la vacante que dejó el magistrado César Augusto Reyes Medina.
Alarcón Gallego tiene más de 20 años de experiencia en la Rama Judicial. Ha sido asistente, abogada auxiliar de magistrado, magistrada encargada y magistrada auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura. Como fiscal, lideró la investigación por el feminicidio de Yuliana Samboní, ocurrido en 2016.
La Corte Suprema de Justicia indicó que con estas designaciones cubrió oportunamente las cinco vacantes y garantizó el funcionamiento de la Sala Especial de Instrucción.
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“Con esta elección, la corporación provee oportunamente las cinco vacantes y garantiza la continuidad y el normal funcionamiento de la Sala Especial de Instrucción (sic)”, indicó.
El senador de del Centro Democrático Hernán Cadavid pidió que los nuevos magistrados actúen siempre en derecho y “no en revanchas políticas”.
“Que la nueva sala de instrucción actúe siempre en derecho y no en revanchas políticas o juegos de poder interno (sic)”, aseveró Cadavid.
La Sala Especial de Instrucción es la dependencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia encargada de investigar a congresistas por presuntos delitos. Su creación separó la investigación del juicio dentro del alto tribunal y estableció un esquema diferenciado para los aforados.
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El Acto Legislativo 01 de 2018 incorporó esta sala a la Constitución Política y fijó su composición en seis magistrados. La reforma buscó asegurar la doble instancia para los miembros del Congreso y el derecho a impugnar una primera condena, con funciones distribuidas entre órganos distintos de la Corte.
La competencia abarca a congresistas en ejercicio y a excongresistas que mantengan fuero por hechos vinculados con sus tareas parlamentarias. Durante la indagación y la instrucción, sus magistrados pueden recaudar pruebas y adoptar decisiones judiciales previstas por la Ley 600. Si encuentran mérito, presentan acusación ante la Sala Especial de Primera Instancia.
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Esta distribución impide que quienes dirigen la investigación dicten sentencia sobre el mismo expediente. La Sala Especial de Primera Instancia juzga los casos que llegan con acusación, mientras la Sala de Casación Penal resuelve las apelaciones. Los integrantes de Instrucción no intervienen en decisiones administrativas ni electorales, ni integran la Sala Plena.
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