Mina antipersonal mató a un adolescente de 17 años en zona rural de Tibú, Norte de Santander

La violencia que golpea al Catatumbo volvió a dejar una víctima menor de edad en una zona rural de Tibú. Víctor Manuel Corzo, de 17 años, murió después de activar una mina antipersonal cuando regresaba a su lugar de residencia tras cumplir labores agrícolas.

El hecho ocurrió hacia las 5:00 p. m. del lunes 14 de septiembre de 2026, en el sector de la vereda Unión Vetas, a la altura del kilómetro 28 de la vía que comunica a Tibú con el corregimiento de La Gabarra, Norte de Santander. La zona es señalada por las comunidades por la presencia de artefactos explosivos.

De acuerdo con Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas y líder social en Norte de Santander, el adolescente se encontraba trabajando en el campo y activó el explosivo cuando se disponía a regresar a su vivienda.

La detonación le causó múltiples laceraciones en las piernas, los brazos y el rostro. El joven murió como consecuencia de las heridas provocadas por la explosión. Después del ataque, su cuerpo fue trasladado hasta Cúcuta. Allí se adelantan los procedimientos correspondientes antes de que sus familiares puedan recibirlo.

El caso vuelve a poner la atención sobre los riesgos que enfrentan las comunidades rurales del Catatumbo, particularmente quienes desarrollan actividades agrícolas y deben transitar por sectores donde existen advertencias sobre la instalación de minas antipersonal.

La situación se suma a otros hechos violentos registrados en el área rural de Tibú durante los últimos meses. El pasado 22 de julio, un trabajador de la firma contratista Disico, al servicio de CENS Grupo EPM, resultó gravemente herido después de caer en un campo minado mientras realizaba labores de mantenimiento en la vía hacia La Gabarra. El incidente ocurrió en la vereda Kilómetro 28.

Luego de la explosión, sus compañeros y organismos de socorro lo auxiliaron y lo trasladaron de urgencia al hospital del casco urbano de Tibú, donde recibió atención médica especializada por la gravedad de sus lesiones.

Ese episodio fue señalado como el segundo caso del año en el que técnicos de la empresa de energía resultaron afectados por minas antipersona en el Catatumbo. Además, la misma zona había sido escenario del asesinato del presidente de una Junta de Acción Comunal (JAC).

Los ataques con explosivos no se limitan a los campos minados. En la región también se registraron agresiones con drones cargados con explosivos, una modalidad que se convirtió en otra amenaza dentro de la confrontación armada entre el ELN y las disidencias de las Farc, activa en el Catatumbo desde enero de 2025. Un consolidado de la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos (Corporeddeh) indica que entre el primero de enero de 2025 y el 8 de septiembre de 2026 fueron verificadas 124 víctimas relacionadas con ataques de este tipo.

De acuerdo con ese informe, siete de las víctimas eran civiles que murieron y otras 44 correspondieron a civiles heridos. Entre los integrantes de la Fuerza Pública se contabilizaron 18 muertos y 55 heridos durante el periodo analizado.

La presencia de minas y otros artefactos explosivos representa un riesgo particular para campesinos y menores de edad, debido a que sus actividades cotidianas pueden llevarlos a zonas afectadas por la confrontación. El Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) y monitores humanitarios advierten sobre un repunte continuo de incidentes que involucran a menores en el Catatumbo.

La disputa territorial entre el ELN y las disidencias de las Farc favoreció la instalación de Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), según el texto de referencia. En este escenario, las comunidades rurales permanecen expuestas mientras desarrollan labores de campo o se desplazan por caminos habituales. El riesgo se extiende a trabajadores y habitantes que recorren corredores para cumplir sus actividades diarias cotidianas.