
La investigación por la presunta desaparición de elementos retirados del alumbrado público de Bucaramanga cambió de despacho y ahora será tramitada por una unidad de la Fiscalía General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia. El traslado está relacionado con la condición actual de Jaime Andrés Beltrán como ministro de Vivienda y su fuero constitucional.
El expediente busca establecer qué ocurrió con cerca de 60 toneladas de chatarra y unas 30.000 luminarias que fueron retiradas durante la modernización del sistema de alumbrado público de la capital de Santander. Beltrán aparece como investigado junto con otros funcionarios por hechos ocurridos durante su periodo como alcalde de la ciudad.
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La denuncia penal fue presentada el 2 de agosto de 2024 contra Beltrán y otros integrantes de la administración municipal. El proceso fue promovido por Emiro Arias, uno de los denunciantes, quien señaló como posible conducta el delito de peculado por apropiación.

Hasta ahora, la actuación permanecía en la Fiscalía Seccional de Santander. Sin embargo, la situación jurídica de Beltrán cambió tras su llegada al Gobierno nacional como ministro de Estado, por lo que el caso pasó a conocimiento de la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. “Esta es la primera vez que el proceso sale de acá de la Fiscalía Seccional de Santander y va hacia la Corte Suprema de Justicia”, señaló Arias al referirse al traslado del expediente.
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La comunicación oficial de la Fiscalía confirmó que la noticia criminal fue asignada a ese despacho, debido a la denuncia presentada contra Jaime Andrés Beltrán Martínez por el presunto delito de peculado por apropiación. El documento establece que la Fiscalía Cuarta Delegada asumirá el conocimiento de la actuación dentro del ámbito de sus competencias y continuará con las actuaciones correspondientes conforme a la ley.
Uno de los puntos que deberá ser esclarecido durante la investigación es el destino de los materiales retirados de la infraestructura de alumbrado. Según Arias, las luminarias y la chatarra permanecían almacenadas en dos bodegas de Bucaramanga.
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Una de ellas estaba ubicada en el sector de La Hormiga, cerca de la Puerta del Sol, mientras que la otra se encontraba en el Colegio Villas de San Ignacio, en el norte de la ciudad. Estos lugares fueron señalados por el denunciante como los sitios donde estaban almacenados los elementos provenientes del proceso de modernización.
La denuncia sostiene que cerca de 60 toneladas de chatarra y aproximadamente 30.000 luminarias forman parte de los elementos cuya situación busca esclarecer la investigación. El expediente deberá determinar qué ocurrió con esos bienes y si existieron actuaciones que puedan derivar en responsabilidades penales.
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El traslado a la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema no implica por sí mismo una decisión sobre la responsabilidad de los investigados. Se trata del cambio de despacho encargado de conocer la actuación, de acuerdo con las competencias derivadas del fuero constitucional que actualmente tiene Beltrán como ministro.
El caso comenzó antes de que el exalcalde asumiera su actual cargo. La denuncia de Arias fue presentada en agosto de 2024, cuando Beltrán todavía estaba al frente de la Alcaldía de Bucaramanga. Desde entonces, la actuación había permanecido bajo conocimiento de la Fiscalía Seccional de Santander.

Ahora, la Fiscalía ante la Corte deberá continuar el trámite dentro de sus competencias y adelantar las actuaciones que correspondan conforme a la ley. La investigación tendrá como uno de sus objetivos precisar qué sucedió con los elementos retirados del alumbrado público y establecer si hubo alguna conducta penalmente relevante.
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La remisión del expediente abre así una nueva etapa para el proceso que involucra al actual ministro de Vivienda. La Fiscalía tendrá que avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados y definir las actuaciones que correspondan a partir de los elementos que reposan en la investigación.
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