Contraloría declaró de impacto nacional los millonarios giros identificados en la Fiduprevisora: se hicieron durante el Gobierno Petro

La Contraloría General de la República declaró de impacto nacional algunos hechos que detectó en la Fiduciaria La Previsora (Fiduprevisora), relacionados con el manejo de recursos que se efectuó durante las últimas cinco semanas del gobierno del entonces presidente Gustavo Petro. Uno de los hallazgos corresponde a millonarios pagos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), los cuales generaron alerta.

“La delegada para Economía y Finanzas Públicas solicitó al contralor general de la República, el doctor Jorge Eliécer Laverde, declarar como hechos de impacto nacional lo evidenciado en el incremento de los compromisos y giros realizados durante el gobierno nacional anterior”, precisó la delegada Jenny Lindo Díaz.

De acuerdo con la funcionaria, en la Fiduprevisora (administradora del Fomag) se identificaron pagos que se realizaron a proveedores de salud del Fomag por más de $4,4 billones. Estas transacciones carecen de soportes y evidencias. De igual manera, la Contraloría detectó diferencias presupuestales relacionadas en las liquidaciones de los contratos de la administración del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).

La tercera irregularidad que el ente de control halló está relacionada con transferencias a empresas de acueducto y energía con patrimonios negativos y cuyos pagos fueron objetados por el mismo revisor fiscal de la Fiduprevisora. Los giros superan los $17.000 millones.

Ahora, la Contraloría iniciará de manera formal un proceso de investigación de control fiscal, la cual será asumida por la Unidad Anticorrupción. “Esta declaratoria implica que se podrá proceder con mayor celeridad, profundidad, garantía y custodia de la información”, indicó la delegada.

Hallazgos fiscales: pagos indebidos y detrimento al erario

Esta no es la primera vez que la Contraloría General de la República investiga el manejo de los recursos por parte de la Fiduprevisora. En julio de 2026, el ente de control informó que determinó hallazgos fiscales por $176.975 millones, relacionados con pagos indebidos de servicios médico-asistenciales represados, sanciones y prestaciones, sin el cumplimiento de requisitos legales. Esas transacciones se hicieron con recursos del Fomag.

De acuerdo con las indagaciones de control fiscal que adelantó la entidad, el hallazgo de mayor cuantía corresponde al pago de servicios médico-asistenciales represados e intereses. A través de esas transacciones, se generó un detrimento fiscal de $133.255 millones.

De igual manera, informó que la Fiduprevisora, sin cumplir requisitos constitucionales y legales y yendo en contra de decisiones judiciales ya ejecutoriadas, efectuó pagos de prima de mitad de año a docentes pensionados. Estas acciones también generaron un grave detrimento al erario, correspondiente a $27.982 millones.

Adicionalmente, se hizo una errónea reclasificación contable de obligaciones de Sanción por Mora en cuantía de $598.364 millones, lo que derivó en una “subestimación del pasivo”. Por eso, no puso fin a la revisión de la cuenta del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio para la vigencia 2025.

Ante estos hallazgos y otros que se identificaron en años auditorías anteriores, la Contraloría solicitó a la Fiduprevisora hacer un manejo eficaz de los recursos. “Persisten las falencias encontradas en procesos auditores de años anteriores, por lo cual se reitera el llamado para que Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del Fomag, así como de las entidades territoriales desarrollen mecanismos que solucionen las situaciones continuamente evidenciadas, que hagan eficiente y eficaz la administración de estos recursos públicos”, indicó.

La Fiduprevisora y el Fomag han estado inmersos en cuestionamientos y críticas debido a las falencias que se han presentado en el modelo de salud que implementó el gobierno del expresidente Petro para los maestros. El sistema entró en etapa de transición el 1 de mayo de 2024 y, desde entonces, los docentes han estado denunciando el incremento de barreras para acceder a los servicios de salud, como citas médicas, exámenes, procedimientos y medicamentos.