
La discusión sobre el ingreso de las autoridades a las universidades públicas tomó un nuevo tono después de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionara las críticas del expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda al nuevo protocolo anunciado por el Gobierno nacional.
El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que la protesta pacífica, siempre que se ejerza dentro del marco de la Constitución y la ley, será respetada y garantizada por su Gobierno. A la vez, señaló que los actos de destrucción de infraestructura, los ataques contra la fuerza pública y las agresiones contra civiles no hacen parte del ejercicio legítimo de la protesta.
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La propuesta busca diferenciar la protesta de situaciones que requieran una respuesta institucional. “He dado instrucciones claras para establecer un protocolo nacional de actuación que permita distinguir cuándo estamos en el ejercicio legítimo de la protesta y cuándo existen hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público, que exigen, sin lugar a dudas, la intervención de las autoridades”, afirmó el presidente en una alocución el domingo 13 de septiembre de 2026.
El anuncio generó el rechazo de Petro y Cepeda. El primero cuestionó al presidente De la Espriella en X y lo comparó con dictadores como Benito Mussolini, Adolf Hitler, Francisco Franco, Augusto Pinochet y Jorge Rafael Videla, a quienes señaló de oponerse a la autonomía universitaria. “Esta es la tradición política de quienes se han opuesto a la autonomía universitaria (sic)”, expresó Petro. También afirmó: “Quienes se oponen a la autonomía universitaria simplemente se oponen a que las personas piensen libremente. Se oponen a la razón (sic)”.
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Por su parte, Cepeda rechazó el eventual ingreso de la Policía a las universidades: “Rechazo el anuncio de ingreso de la Policía a las universidades bajo la falaz justificación de que la autonomía universitaria no está por encima del orden público”. El senador sostuvo que la medida desconoce el artículo 69 de la Constitución, que garantiza la autonomía universitaria.
Frente a estas posiciones, Federico Gutiérrez aseguró que ambos estarían “asustados” por las medidas anunciadas por el Gobierno.
“La situación es tan fácil como decir que están asustados porque por fin les van a acabar las células terroristas que han construido durante tantas décadas y que les han servido justamente para generar terror, para tomarse algunos de los centros educativos en el país. Ellos trabajan para ellos. Así como hicieron en el último gobierno, que fue fortalecer a las Farc, al ELN y a las estructuras criminales, a ellos les sirven esas células dentro de las ciudades. Les sirve que sigan reclutando a jóvenes, justamente en muchos centros universitarios para sus propósitos, pero se les acabó la fiesta”, dijo Gutiérrez en Semana.
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El alcalde de Medellín sostuvo que Petro habría utilizado el argumento de la autonomía universitaria para permitir, según su acusación, que grupos irregulares ingresaran a universidades públicas e instrumentalizaran a estudiantes con fines políticos.
“Eso es parte de un relato que construyeron durante muchos años, muchas décadas, para justamente, con la excusa de la autonomía universitaria, todos estos grupos irregulares pudieran entrar a las universidades públicas, instrumentalizar jóvenes, cambiar el relato y, por supuesto, cogerlo como una bandera política. Pero simplemente a lo que se dedicaron durante muchos años fue a apoyar grupos terroristas de donde vienen ellos mismos”, agregó.
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Gutiérrez cuestionó la gestión del expresidente y afirmó que durante su mandato se dedicó a defender estructuras criminales que, según dijo, se habían tomado las universidades. Insistió en que no deberían existir espacios dentro de las ciudades donde la autoridad no pueda actuar. “No se pueden seguir permitiendo zonas de distensión dentro de las ciudades; ¿cómo no van a estar molestos ellos si fueron los que se dedicaron a cuidarlos durante tanto tiempo?”, aseveró. Además, manifestó que ya no se debe “pararle más bolas” a Petro, a quien responsabilizó de haberle “hecho mucho daño al país”.

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, respaldó la necesidad de que las autoridades intervengan cuando se presenten delitos, aunque remarcó que la violencia no puede confundirse con la protesta. “No aceptamos la utilización de la violencia disfrazada de protesta”, afirmó Lara al referirse a disturbios dentro de universidades públicas. El jefe de la cartera del Interior explicó que la actuación institucional debe aplicarse cuando se infrinja la ley, sin importar el espacio en el que ocurra la conducta. “Si se comete un delito desde cualquier instancia, la autoridad debe proceder”, declaró.
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Lara vinculó esa posición con las reglas de un Estado constitucional y con las responsabilidades de las instituciones en una democracia. Su planteamiento apunta a que las garantías para ejercer la protesta deben coexistir con la obligación estatal de responder frente a conductas delictivas.
“Así funciona una democracia, así funciona el Estado de derecho”, expresó el ministro. Finalmente, reiteró que la diferencia entre protestar y cometer actos violentos no debería generar discusión y cerró su intervención con una frase: “Eso no tiene discusión”.
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