
El alcalde de Riosucio, Chocó, Juan Moreno Mena, fue capturado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Policía Nacional, en Mutatá, Antioquia. Junto con él también fueron detenidos cinco funcionarios de la administración municipal.
Los servidores públicos son señalados de haber incurrido en presuntas irregularidades relacionadas con el desembolso de recursos para el pago de viáticos y de la logística de transporte para jurados de votación y delegados que participaron en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, fecha en la que también se desarrollaron las consultas interpartidistas de cara a las elecciones presidenciales.
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De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el alcalde de Riosucio y los demás funcionarios serán presentados por un fiscal de Administración Pública de la Seccional Chocó ante un juez de control de garantías. El delegado del ente acusador imputará cargos en contra de los servidores públicos por los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento privado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
El primer tipo penal contempla una pena en prisión de 96 a 270 meses y aplica para la persona que se apropie de bienes del Estado o de empresas o instituciones en provecho suyo o de un tercero. El segundo se impone a quien falsifique un documento privado que pueda servir de prueba y le aplica una pena entre 16 y 108 meses de privación de la libertad.
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El tercer delito se presenta cuando un servidor público tramita, celebra o liquida un contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales, por lo cual puede incurrir en una pena de entre 64 y 216 meses de prisión, según indica el Código Penal Colombiano.
Irregularidades y delitos electorales detectados en las elecciones legislativas
La jornada electoral del 8 de marzo tuvo un desarrollo adecuado, según las autoridades competentes, y los ciudadanos tuvieron la posibilidad de ejercer su derecho al voto sin mayores dificultades. Sin embargo, de acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, el organismo de control recibió 1.379 quejas relacionadas con posibles irregularidades. Las denuncias fueron presentadas por los mismos ciudadanos y por agentes de la Procuraduría que fueron desplegados por todo el país para vigilar el proceso electoral.
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Además, según un informe emitido ese día por la Policía Nacional, las autoridades capturaron a 88 personas en todo el país por la presunta comisión de delitos electorales como corrupción al sufragante, compra de votos, constreñimiento al elector, fraude en inscripción de cédulas y movilización irregular de votantes. De igual manera, incautaron $3.761 millones.
Por otro lado, la Misión de Observación Electoral (MOE) también alertó sobre otras anomalías que se presentaron durante la jornada electoral, las cuales fueron denunciadas por distintos partidos políticos. Sin embargo, no todas las irregularidades están relacionadas con la posible comisión de delitos.
Según indicó la MOE en un informe, el partido Mira y el Pacto Histórico aseguraron que hubo dificultades para el acceso de testigos electorales a los puestos de votación debido a fallas en la plataforma del Consejo Nacional Electoral (CNE). Otras colectividades informaron sobre la falta de claridad que identificaron en algunos puestos de votación, con respecto a las consultas presidenciales.
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“Organizaciones políticas como el Centro Democrático y el Grupo Significativo de Ciudadanos Imparables informaron que durante la jornada electoral persistió la desinformación en torno al tarjetón de la consulta de precandidaturas presidenciales. Cabe señalar que en procesos anteriores se han presentado situaciones similares, por lo que resulta necesario que, para futuros procesos de consulta, se emitan directrices más claras y oportunas a los jurados de votación sobre la entrega de información y del material electoral a los votantes”, precisó la MOE.
Además de esto, durante el día de las elecciones, hubo denuncias relacionadas con la entrega de material de campaña, actos de proselitismo, envío de propaganda electoral a través de medios digitales y la permanencia de publicidad en inmediaciones de los puestos de votación.
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