Imputaron cargos contra Laura Sarabia por el polígrafo a Marelbys Meza: Fiscalía sumó un tercer delito a la excanciller

A las 9:30 a. m. del lunes 14 de septiembre de 2026 comenzó la audiencia de imputación de cargos contra Laura Sarabia, excanciller y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, por el caso del polígrafo practicado a Marelbys Meza, exniñera de la exfuncionaria.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la fiscal Patricia Hernández, imputó a Laura Sarabia los presuntos delitos de función pública y constreñimiento ilegal. El ente acusador también le formuló un cargo por peculado por uso.

Supuesto delito de función pública

La Fiscalía imputó a Laura Sarabia por presunto abuso de función pública, al considerar que ordenó al coronel Carlos Feria practicar una prueba de polígrafo a Marelbys Meza, quien trabajaba como empleada doméstica en su vivienda. La diligencia se realizó después del hurto denunciado en el domicilio de la entonces jefa del despacho presidencial.

“El protocolo entonces no podía extenderse a una empleada particular, máxime cuando tenía un propósito completamente distinto al institucional. Usted, doctora Sarabia, al direccionar al coronel Carlos Feria, abusó de su cargo porque realizó una función diversa realmente le correspondía”, precisó la Fiscalía.

Según el ente acusador, Sarabia excedió las competencias que tenía asignadas y asumió facultades que correspondían a otros funcionarios. La Fiscalía sostuvo que el uso de recursos y procedimientos estatales tuvo como objetivo esclarecer un asunto de índole personal, no una situación vinculada con las funciones oficiales de la Presidencia.

La investigación también señaló que los protocolos de poligrafía tienen un alcance específico: sirven como herramientas técnicas para valorar la credibilidad del personal que cumple tareas en el entorno del presidente de la República. Por esa razón, la Fiscalía afirmó que el mecanismo no podía aplicarse a una trabajadora particular ni utilizarse con propósitos ajenos al servicio público.

Supuesto delito de constreñimiento ilegal

La Fiscalía atribuyó a Laura Sarabia el presunto delito de constreñimiento ilegal por la relación de poder que mantenía con Marelbys Meza. Según la imputación, esa posición no solo surgía de su cargo en el Gobierno, sino también de su condición de empleadora de la trabajadora.

El ente acusador señaló que Meza se encontraba en una situación de dependencia económica, ya que el salario que recibía por ese empleo constituía su fuente de ingresos. Esa circunstancia, de acuerdo con la Fiscalía, profundizaba la desigualdad entre ambas y dejaba a la trabajadora en una condición de vulnerabilidad.

“Usted (Laura Sarabia) se reunió a solas con Marelbys Meza, la confrontó e interrogó por el paradero del dinero. Ella reiteró su inocencia y le respondió que era incapaz de robarle, manifestándole el temor que le tenía porque sabía de su poder en el Gobierno”.

Bajo esa premisa, la Fiscalía sostuvo que Sarabia conocía el temor de Meza a perder un trabajo estable o a enfrentar una eventual detención. La acusación plantea que ese miedo influyó para que la empleada aceptara someterse a una prueba de polígrafo.

Supuesto delito de peculado por uso

La Fiscalía imputó a Laura Sarabia el presunto delito de peculado por uso por la supuesta utilización de recursos estatales en un asunto personal. La tesis del ente acusador sostiene que se emplearon instalaciones y medios públicos para una diligencia que no estaba relacionada con las funciones legales de la administración.

De acuerdo con la investigación, Marelbys Meza fue llevada el 30 de enero de 2023 por integrantes del esquema de seguridad hasta las oficinas del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), ubicadas en el edificio Galán.

La fiscal del caso afirmó que Sarabia, por el cargo directivo que ocupaba, conocía los límites de sus atribuciones. Según la imputación, la entonces funcionaria sabía que no podía ordenar actuaciones fuera de su competencia ni disponer de bienes del Estado para objetivos particulares.

El abogado de Laura Sarabia, Mario Iguarán, señaló en la audiencia que le sorprendió que la Fiscalía le imputara a la excanciller el delito por el presunto delito de peculado por uso.

“Para eso les pagan: para imputar y acusar. Y, si hay con qué, que lo hagan. Pero hay que ser objetivos, hay que ser objetivos. Ojalá que, como no hemos accedido a lo relacionado con la aceptación de cargos, al preacuerdo, esto no se trate de una inflada de cargos”, indicó el exfiscal.

Presidencia de Abelardo de la Espriella

Durante la audiencia, El abogado Andrés Tapias Torres solicitó que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) sea reconocido como víctima, en representación de la Presidencia, dentro del proceso por las actuaciones atribuidas a una exfuncionaria del gobierno de Gustavo Petro contra Marelbys Meza.

Tapias también pidió que Fabiola Perea, antigua empleada de Laura Sarabia, obtuviera esa condición. La defensa sostuvo que Perea ha sido objeto de seguimientos y presuntas interceptaciones por parte de la Policía desde que Sarabia reportó la desaparición de dinero en su vivienda.

A su vez, la abogada Ana María Mora Higuera solicitó el reconocimiento de Marelbys Meza como víctima por el polígrafo al que fue sometida. Wilson Pulido hizo una petición similar en favor de Marbel Alcira Morales Quevedo, fiscal 101 de la Unidad de Hurtos, quien investigaba el supuesto robo de una maleta con 4.000 millones de pesos del apartamento de Sarabia. Según el abogado, la fiscal fue inducida e instrumentalizada para practicar esa prueba.

Luego de escuchar a las partes, la jueza aceptó que Marelbys Meza y el Dapre sean reconocidos como presuntas víctimas. En cambio, rechazó las solicitudes presentadas en favor de Marbel Alcira Morales Quevedo y Fabiola Perea.