A las 9:30 a. m. del lunes 14 de septiembre de 2026 comenzó la audiencia de imputación de cargos contra Laura Sarabia, excanciller y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, por el caso del polígrafo practicado a Marelbys Meza, exniñera de la exfuncionaria.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la fiscal Patricia Hernández, imputó a Laura Sarabia los presuntos delitos de función pública y constreñimiento ilegal. El ente acusador también le formuló un cargo por peculado por uso.
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Supuesto delito de función pública
La Fiscalía imputó a Laura Sarabia por presunto abuso de función pública, al considerar que ordenó al coronel Carlos Feria practicar una prueba de polígrafo a Marelbys Meza, quien trabajaba como empleada doméstica en su vivienda. La diligencia se realizó después del hurto denunciado en el domicilio de la entonces jefa del despacho presidencial.
“El protocolo entonces no podía extenderse a una empleada particular, máxime cuando tenía un propósito completamente distinto al institucional. Usted, doctora Sarabia, al direccionar al coronel Carlos Feria, abusó de su cargo porque realizó una función diversa realmente le correspondía”, precisó la Fiscalía.
Según el ente acusador, Sarabia excedió las competencias que tenía asignadas y asumió facultades que correspondían a otros funcionarios. La Fiscalía sostuvo que el uso de recursos y procedimientos estatales tuvo como objetivo esclarecer un asunto de índole personal, no una situación vinculada con las funciones oficiales de la Presidencia.
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La investigación también señaló que los protocolos de poligrafía tienen un alcance específico: sirven como herramientas técnicas para valorar la credibilidad del personal que cumple tareas en el entorno del presidente de la República. Por esa razón, la Fiscalía afirmó que el mecanismo no podía aplicarse a una trabajadora particular ni utilizarse con propósitos ajenos al servicio público.
Supuesto delito de constreñimiento ilegal
La Fiscalía atribuyó a Laura Sarabia el presunto delito de constreñimiento ilegal por la relación de poder que mantenía con Marelbys Meza. Según la imputación, esa posición no solo surgía de su cargo en el Gobierno, sino también de su condición de empleadora de la trabajadora.
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El ente acusador señaló que Meza se encontraba en una situación de dependencia económica, ya que el salario que recibía por ese empleo constituía su fuente de ingresos. Esa circunstancia, de acuerdo con la Fiscalía, profundizaba la desigualdad entre ambas y dejaba a la trabajadora en una condición de vulnerabilidad.
Bajo esa premisa, la Fiscalía sostuvo que Sarabia conocía el temor de Meza a perder un trabajo estable o a enfrentar una eventual detención. La acusación plantea que ese miedo influyó para que la empleada aceptara someterse a una prueba de polígrafo.
Supuesto delito de peculado por uso
La Fiscalía imputó a Laura Sarabia el presunto delito de peculado por uso por la supuesta utilización de recursos estatales en un asunto personal. La tesis del ente acusador sostiene que se emplearon instalaciones y medios públicos para una diligencia que no estaba relacionada con las funciones legales de la administración.
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De acuerdo con la investigación, Marelbys Meza fue llevada el 30 de enero de 2023 por integrantes del esquema de seguridad hasta las oficinas del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), ubicadas en el edificio Galán.
La fiscal del caso afirmó que Sarabia, por el cargo directivo que ocupaba, conocía los límites de sus atribuciones. Según la imputación, la entonces funcionaria sabía que no podía ordenar actuaciones fuera de su competencia ni disponer de bienes del Estado para objetivos particulares.
El abogado de Laura Sarabia, Mario Iguarán, señaló en la audiencia que le sorprendió que la Fiscalía le imputara a la excanciller el delito por el presunto delito de peculado por uso.
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Presidencia de Abelardo de la Espriella
Durante la audiencia, un abogado de la Secretaría Jurídica del Estado, en representación del Gobierno de Abelardo de la Espriella, pidió ser declarada víctima en este caso.
El jurista señaló que la Presidencia es víctima de los hechos que investiga la Fiscalía General de la Nación.
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