Corte Suprema abrió investigación contra Iván Cepeda por posibles irregularidades en la campaña del Pacto Histórico durante las elecciones presidenciales

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia anunció la apertura de una indagación previa contra Iván Cepeda, senador y excandidato presidencial del Pacto Histórico, ante posibles irregularidades cometidas durante el proceso electoral de 2026.

Según indicó el alto tribunal en un comunicado, la decisión obedece a las denuncias de posibles alteraciones en la financiación de la consulta interna de la colectividad progresista, que se realizó el 26 de octubre de 2025.

“Para establecer si las presuntas irregularidades denunciadas se presentaron, el despacho ordenó de oficio la práctica de varias pruebas y declaraciones”, señaló la Corte en su declaración pública.

El expediente fue asignado al magistrado Francisco Farfán, presidente de la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal, quien ordenó recaudar pruebas y escuchar declaraciones para establecer si existió una conducta ilegal en el financiamiento de la campaña de Cepeda durante la competencia interna.

En aquella consulta, el congresista ganó con más de 1.500.000 votos, equivalentes al 65% de los sufragios emitidos, superando a la exministra de Salud Carolina Corcho y al exalcalde de Medellín Daniel Quintero, lo que lo convirtió en el candidato único de la izquierda para la Presidencia de Colombia.

Vale mencionar que la apertura de la indagación no constituye una declaración de responsabilidad penal. Por el momento, el senador del Pacto Histórico no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto.

Detalles de la investigación

Las denuncias apuntan a aportes atribuidos a Javier Antonio Pérez y a Samat Publicidad SAS, una empresa ubicada en Barranquilla, según información recopilada por El Tiempo.

En el caso del primero, se le reportó una contribución de $116 millones, por encima del límite permitido para una persona natural, mientras que la compañía habría entregado $609 millones.

Los denunciantes, según explicaron en su denuncia, recalcaron que la normativa electoral prohíbe las donaciones de personas jurídicas a campañas presidenciales.

La normativa que rige este aspecto es la Ley 1475 de 2011, que establece en su artículo 23 que “un candidato no puede recaudar contribuciones o donaciones individuales superiores al 10% del valor total del tope de gastos fijado por el CNE para esa campaña”.

Este límite individual, según la ley mencionada, no aplica para aportes propios del bolsillo del candidato, créditos bancarios tomados formalmente por la campaña o contribuciones de familiares cercanos.

La actuación se produce después de que el Consejo Nacional Electoral decidiera a inicios del 2026 no investigar a Cepeda por esos hechos.

En su momento, el organismo consideró que los ingresos y gastos habían sido reportados de forma equivocada y que los recursos correspondían a contratos de crédito para elaborar piezas publicitarias e imprimir periódicos, no a donaciones.

“Se logró acreditar que entre Samat Publicidad S.A.S. y el candidato no existió un bien transferido a título gratuito por la suma de $609.399.000, sino una suma que, producto de la prestación de un servicio de elaboración de propaganda electoral, el candidato adeuda”, señaló el CNE en una resolución.

Postura de Iván Cepeda

Ante los cuestionamientos por este caso, el senador Iván Cepeda ha defendido públicamente el manejo de los recursos de su campaña y lo ha calificado de “pulcro y transparente”.

En declaraciones a la opinión pública, el excandidato presidencial, junto con su equipo contable, señaló que cumplieron con los requerimientos estipulados por el organismo electoral.

En cuanto a la donación de Samat Publicidad SAS a su campaña, sostuvo que no se trató de una donación, sino de un crédito en especie por periódicos y volantes. Así mismo, recalcó que las denuncias penales y las quejas forman parte de una estrategia política para desacreditarlo y restar importancia a su triunfo en la consulta interna.

La campaña registró la operación en el apartado de “donaciones o contribuciones” de la plataforma Cuentas Claras, una clasificación que atribuyó a las directrices del Consejo Nacional Electoral (CNE) para este tipo de créditos. Esa anotación originó las denuncias y cuestionamientos de sectores de la oposición.

Entre tanto, el empresario Javier Antonio Pérez Páez, fundador y representante legal de la compañía, reafirmó la postura del senador del Pacto Histórico.

“Yo en ningún momento he donado un peso. Esos dos dineros que aparecen ahí son trabajos que ellos me encargaron para lo mismo: periódicos y volantes de la campaña”, afirmó Pérez Páez a El Colombiano.