
El Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrío, Antioquia, concedió una tutela para proteger a 23 estudiantes que usan transporte escolar fluvial en el río Nare, en Antioquia, y ordenó a Corantioquia definir en un mes qué medida aplicará frente a los hipopótamos que amenazan esa ruta, con otro mes adicional para ejecutarla.
La sentencia, emitida el 8 de septiembre de 2026, amparó los derechos a la vida, la integridad personal, la educación y la libertad de locomoción de los menores beneficiarios del servicio contratado por el municipio.
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El expediente incorporó además que el llamado Grupo Nare tendría una población estimada de cinco individuos y se encuentra en fase de expansión.
Según El Colombiano, la decisión judicial respondió a dos acciones de tutela acumuladas presentadas por Norman Ferney Vélez Daza y Juber Martínez Giraldo, representantes de los menores.
El fallo dejó en manos de la autoridad ambiental la definición técnica de la medida de manejo, sin imponer de forma directa si debe tratarse de esterilización, confinamiento, traslado o caza de control.
El juez ordenó también medidas inmediatas para reducir el riesgo en el corredor fluvial que usan a diario niños y adolescentes de la Institución Educativa Rural Jorge Enrique Villegas y del Centro Educativo Rural El Gatico. Esos trayectos se realizan dos veces al día, cinco días a la semana.
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El fallo dio 48 horas para señalización, alertas y revisión del transporte

La orden judicial dispuso que en 48 horas se instale señalización preventiva sobre la presencia de hipopótamos en Puente de la Soná, Islitas, Canteras, Gaticos, La Pesca y La Coqueta. En el mismo plazo, Corantioquia, el municipio de Puerto Nare por medio del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y, si hace falta, el Dagran, deberán implementar y divulgar un sistema local de alerta temprana con una línea permanente para reportar avistamientos.
La sentencia involucró además al municipio, a Transportes Rivertours SAS, a la Gobernación de Antioquia y a Corantioquia en la revisión de la seguridad del transporte escolar. Esas entidades deberán establecer si medidas como usar una embarcación guía y restringir o prohibir los viajes nocturnos bastan para proteger a los estudiantes.
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Si concluyen que esas acciones no son suficientes, tendrán que adoptar otras alternativas para garantizar un desplazamiento seguro. El protocolo deberá incluir rutas y horarios, evaluación de puntos críticos, comunicación con conductores y familias, opciones de transporte y procedimientos para suspender y restablecer el servicio.
El fallo ordenó además que el municipio, la empresa transportadora y la Secretaría de Educación de Antioquia dispongan lo necesario para que los alumnos retomen las clases presenciales de manera simultánea con la implementación de un transporte escolar fluvial seguro. La alcaldía había evaluado pasar a modalidad virtual por el riesgo en el río.
Corantioquia reconoció un riesgo latente en un corredor usado por comunidades y pescadores

Dentro del proceso, Corantioquia informó que el río Nare es utilizado de forma permanente por comunidades ribereñas y estudiantes. De acuerdo con la visita técnica incluida en el expediente, por ese corredor se desplazan aproximadamente 12 estudiantes de bachillerato y cinco de primaria, mientras que el demandante Martínez sostuvo que los menores expuestos llegan a ser 23.
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El juzgado advirtió que en la zona no existían señalización preventiva, sistemas de alerta temprana, líneas de emergencia especializadas ni un protocolo de seguridad para las rutas escolares, pese al peligro asociado con esta especie invasora. Un informe técnico de la corporación confirmó avistamientos y documentó que la alta movilidad de los animales, con recorridos proyectados de entre 5 y 29,3 kilómetros, dificulta fijar una ubicación permanente.
El expediente también registró un hecho ocurrido el 24 de julio de 2026, cuando pescadores reportaron haber sido perseguidos por un hipopótamo adulto. No hubo heridos, pero se perdió una embarcación.

Según la información reunida en el proceso, los múltiples avistamientos y rescates de crías indican la existencia de un núcleo poblacional activo y reproductivo en el sector. Aunque no se han confirmado ataques directos, la corporación reconoció la existencia de un riesgo latente.
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La autoridad ambiental no ha dado detalle sobre el plan que ejecutará y sobre eventuales acercamientos con el Ministerio de Ambiente para un nuevo esquema de manejo. Durante el proceso, la corporación reiteró que la problemática desborda las capacidades financieras y operativas de las autoridades ambientales regionales.
No es la primera vez que esa presión recae sobre la entidad. En 2009 inició un plan de caza de control que después fue prohibido por la Gobernación, y ese mismo año el entonces director de Corantioquia Luis Alfonso Escobar dijo al diario: “Aunque reconoció que es una decisión impopular, [...] se tiene que llegar a la conclusión de que la caza es necesaria”.
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