
La Embajada de Estados Unidos retiró la visa de Juliana Guerrero y la de una de sus hermanas, luego de que los permisos de viaje de sus padres también fueran negados días antes.
La información fue divulgada por la periodista D’Arcy Quinn en su espacio radial Los secretos de D’Arcy Quinn en La FM, así como en RED+ Noticias. La comunicadora afirmó que la exfuncionaria y su hermana ya no cuentan con autorización para ingresar a Estados Unidos.
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“Ahora los Secretos de D’Arcy Quinn pueden confirmar que la Embajada americana le ha retirado su visa para entrar a los Estados Unidos a ella y a su hermana”, afirmó la periodista durante su intervención. De acuerdo con la versión difundida, los padres de Guerrero habían recibido una negativa en sus solicitudes de visa pocos días antes.

Infobae Colombia consultó a fuentes de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, que señalaron que la sede diplomática no se pronuncia sobre casos individuales de visas.
La versión apareció después de una audiencia por títulos académicos
La información sobre las visas surgió después de la audiencia en la que Guerrero aceptó responsabilidad por irregularidades relacionadas con dos títulos académicos de la Fundación Universitaria San José. La diligencia se realizó el miércoles 9 de septiembre de 2026 ante un juez penal de conocimiento de Bogotá.
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La joven firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación y aceptó los cargos derivados de la obtención y uso de esos documentos. La fiscal Jessica Montealegre expuso que Guerrero respondía por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
La representante del ente acusador sostuvo en audiencia que Guerrero conocía que los diplomas no correspondían a estudios cursados conforme a los requisitos de la institución. Los documentos la acreditaban como tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y profesional en Contaduría Pública.
La Fiscalía indicó que la joven no asistió a clases, no presentó exámenes ni las pruebas del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), de acuerdo con la exposición realizada durante la diligencia. También señaló que Guerrero había cursado ocho semestres en una universidad del Cesar y que, tras llegar a Bogotá, buscó homologar su trayectoria académica mediante gestiones que son objeto de la investigación.
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Los diplomas fueron incluidos en una postulación pública
El expediente se relaciona con la presentación de los títulos en hojas de vida cargadas ante el Departamento Administrativo de la Función Pública. La Fiscalía sostuvo que Guerrero buscaba postularse al cargo de viceministra de Juventudes en el entonces Ministerio de Igualdad.
A mediados de 2025, la joven habría presentado dos hojas de vida distintas. En la primera figuraban estudios de pregrado en Contabilización de las Operaciones Comerciales y cursos realizados en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) entre 2017 y 2018.
La segunda incorporó títulos de Contaduría Pública y de Contabilización de las Operaciones Comerciales. Para la Fiscalía, esos documentos fueron entregados pese a que Guerrero conocía que eran falsos.
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Durante la audiencia, la entidad explicó que el preacuerdo redujo el grado de participación atribuido a Guerrero en el delito de fraude procesal, de autora a cómplice. El acuerdo contempla una pena máxima de tres años de prisión, una multa de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes y una inhabilidad de dos años y medio para aspirar a cargos públicos.
Guerrero aceptó su responsabilidad ante el juez
Guerrero participó de forma virtual en la diligencia y ratificó que actualizó su información en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) para aspirar a la Viceministerio de Juventudes.
“Hoy frente al país quiero reconocer con profundo dolor que me equivoqué y estoy sinceramente arrepentida”, declaró durante la audiencia. También dijo que no pretendía presentarse como víctima y pidió perdón al país, a sus familiares, a quienes confiaron en ella y a la comunidad de la Fundación Universitaria San José.
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La versión sobre el presunto retiro de sus visas se conoció después de esa actuación judicial. Con la información disponible, el señalamiento permanece atribuido a D’Arcy Quinn, sin una declaración pública de la Embajada de Estados Unidos.
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