Políticos de oposición criticaron a Abelardo de la Espriella por decisión sobre el porte de armas en Colombia: “Necesitamos medidas de fondo”

El debate sobre el uso de armas de fuego volvió a instalarse en Colombia tras la firma de un decreto que levanta la suspensión general de los permisos de porte de armas, una medida que, según dirigentes de oposición, rompe con una política restrictiva aplicada desde 2015.

La representante Mafe Carrascal, del Pacto Histórico, cuestionó la decisión atribuida al presidente Abelardo de la Espriella y sostuvo que la norma podría tener efectos sobre la seguridad ciudadana. “Más armas circulando no traerán más libertad ni más seguridad”, afirmó en un video difundido en redes sociales.

Según Carrascal, el decreto 1482 de 2025 había extendido hasta 2026 la suspensión del porte de armas en espacios públicos, incluso para personas con salvoconducto. Esa limitación, señaló, se aplicó durante los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro.

La congresista afirmó que el nuevo decreto elimina esa restricción general y criticó uno de los argumentos expuestos por De la Espriella durante la firma. El mandatario habría dicho que el 99,9% de los delitos cometidos con armas involucra armas sin registro.

“Todo lo que se diga por fuera de la matemática es una opinión”, habría expresado el presidente, de acuerdo con Carrascal. La representante respondió que esa cifra carece de sustento y recordó que declaraciones similares de figuras políticas fueron cuestionadas en verificaciones anteriores.

Carrascal citó estudios sobre las restricciones al porte de armas aplicadas en Bogotá en 2012, durante la alcaldía de Gustavo Petro. De acuerdo con su intervención, esas investigaciones identificaron una reducción de 22,3% en los homicidios frente a otras grandes ciudades del país.

La legisladora planteó que el efecto de las restricciones no depende únicamente de la cantidad de armas ilegales en circulación. A su juicio, parte de los asesinatos se origina en riñas, conflictos entre particulares o episodios de violencia intrafamiliar que escalan cuando existe un arma disponible.

“Si hay un arma disponible en ese momento, aumenta la probabilidad de que el conflicto termine con una persona muerta”, señaló. También admitió que una persona armada puede defenderse ante un ataque, aunque consideró que esos casos no justifican una flexibilización general.

Por su parte, el representante de Alianza Verde Mauricio Toro, hizo una crítica similar. Afirmó que sectores cercanos al Gobierno interpretaron el anuncio como una habilitación plena para portar armas, aunque sostuvo que el decreto no equivale a un régimen de libre porte.

“Creer que el tráfico ilegal de armas va a reducirse por habilitar nuevamente los permisos legales es totalmente falso”, declaró Toro. El congresista señaló que las disidencias y las organizaciones criminales no solicitarán permisos formales para acceder a fusiles, pistolas o revólveres.

Para Toro, la justificación oficial confunde dos problemas distintos: la tenencia y el porte legal por parte de civiles, por un lado, y el mercado clandestino que abastece a grupos armados y redes delincuenciales, por el otro.

El representante afirmó que reactivar permisos legales no reduce por sí mismo delitos como el hurto ni frena la circulación de armas sin registro. También planteó que la decisión refleja dificultades del Estado para garantizar la protección de los ciudadanos.

“Necesitamos medidas de fondo, políticas públicas realistas y soportadas en datos para luchar contra el tráfico ilegal de armas y contra la delincuencia”, dijo. Añadió que el país no se convertirá en Estados Unidos por la expedición del decreto ni resolverá con esa decisión la violencia asociada al crimen organizado.

Por último, el senador Ariel Ávila, en una entrevista con France 24 Español, recordó que la Industria Militar de Colombia (Indumil), entidad adscrita al Ministerio de Defensa, es la institución encargada de autorizar permisos para civiles.

Ávila explicó que desde 2015 se elevaron las restricciones para el porte de armas, en un periodo marcado por las negociaciones de paz con la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). El senador sostuvo que el país pasó de cerca de 36 mil homicidios anuales hace dos décadas a alrededor de 15 mil, aunque advirtió que la cifra continúa siendo alta.

El legislador sostuvo que Colombia ya atravesó una etapa de flexibilización en la entrega de armas durante la década de 1990. En su análisis, aquel proceso derivó en las cooperativas de seguridad Convivir, antecedente de estructuras que luego integraron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Ávila vinculó ese antecedente con el riesgo de que civiles armados conformen grupos de vigilancia o busquen ejercer justicia por cuenta propia. “Las posibilidades de que esto termine en unas especies de guardias civiles son altas”, advirtió.