El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la inclusión del expresidente colombiano Gustavo Petro en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) no respondió a una decisión arbitraria, sino a la existencia de “pruebas”, “evidencia” y elementos concretos que, según dijo, justificaron esa determinación.
El funcionario de la administración de Donald Trump, abordó este polémico episodio en una entrevista con Noticias RCN, durante su visita oficial a Colombia el martes 8 de septiembre de 2026.
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Rubio se reunió en Barranquilla con el jefe de Estado Abelardo de la Espriella, en la primera parada de una gira regional que continuará en Ecuador y Perú. En esos países tiene previstas reuniones con los mandatarios Daniel Noboa y Keiko Fujimori, respectivamente.
“No puedo opinar o dar comentarios sobre investigaciones activas o no activas”, respondió Rubio, que añadió: “Las investigaciones no me corresponden a mí, le corresponden al Departamento de Justicia”.
El secretario de Estado sí sostuvo que las sanciones de OFAC se adoptan tras una evaluación de información por parte de las autoridades competentes.
“Nadie termina en la lista de OFAC porque se haya inventado algo. Para estar en la lista de OFAC hay que ver pruebas, hay que ver evidencia, hay que haber cosas concretas que justifiquen esa decisión”, afirmó Rubio.
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OFAC sancionó a Petro el 24 de octubre de 2025 bajo una orden antidrogas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro incluyó a Gustavo Petro en su lista de sanciones el 24 de octubre de 2025.
La medida se tomó bajo la Orden Ejecutiva 14059, una herramienta dirigida contra personas extranjeras presuntamente vinculadas con el comercio internacional de drogas ilícitas.
Según el comunicado oficial del Tesoro estadounidense, Petro fue designado bajo esa orden por supuestamente haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que contribuyeron materialmente, o representaban un riesgo significativo de contribuir, a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.
La misma decisión alcanzó a Nicolás Fernando Petro Burgos, Verónica del Socorro Alcocer García y Armando Benedetti. En el caso de estas tres personas, el Tesoro señaló que la sanción se sustentó en la presunta entrega o intento de entrega de apoyo financiero, material o tecnológico, bienes o servicios en beneficio de Gustavo Petro.
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La designación de OFAC implica el bloqueo de los bienes e intereses que las personas sancionadas tengan bajo jurisdicción de Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses. También prohíbe, salvo autorización específica, transacciones de personas estadounidenses con los designados. La sanción administrativa no equivale, por sí sola, a una condena penal.

Al respecto, Rubio evitó ofrecer detalles sobre los elementos que sustentaron las medidas contra el exmandatario colombiano, pero dejó en claro: “Si existe evidencia de que alguien ha cometido delito, está cometiendo delito, ha hecho daño, eso se va a seguir”.
También dejó abierta la posibilidad de que OFAC adopte nuevas decisiones si las autoridades encuentran elementos que lo ameriten.
“Posiblemente hayan otros que estén en esa lista en un momento determinado si existe evidencia en contra de ellos también”, agregó el funcionario de la administración Trump.
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Marco Rubio dijo que la relación bilateral se deterioró durante el Gobierno de Petro
En la entrevista, el secretario de Estado señaló que Colombia fue durante más de dos décadas uno de los socios más consistentes de Estados Unidos en Sudamérica, sobre todo en asuntos económicos y de seguridad.
No obstante, aseguró que ese vínculo se debilitó durante la administración de Petro, y expresó: “Pasamos una época no natural en nuestra relación, se dañó un poco”.
Rubio aseveró que el Gobierno de De la Espriella abre una nueva etapa en las relaciones bilaterales.
“Ahora estamos entrando en una etapa nueva que yo creo que rápidamente vamos a recuperar lo que teníamos”, sostuvo el secretario de Estado.
El funcionario destacó la disposición del nuevo presidente colombiano para ampliar la cooperación con Washington. Durante el encuentro en Barranquilla, ambos gobiernos discutieron seguridad, narcotráfico, comercio, solicitudes de equipos para la fuerza pública y mecanismos de cooperación en sectores estratégicos.
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Sobre lo anterior, Rubio dijo que el Departamento de Defensa de Estados Unidos y las fuerzas de seguridad colombianas ya conversaban sobre nuevas formas de trabajo conjunto.
Estados Unidos ofreció cooperación frente a drones y grupos armados en Venezuela
Uno de los puntos centrales de la conversación fue el uso de drones por parte de organizaciones armadas ilegales en Colombia. Rubio calificó estos dispositivos como una amenaza global y sostuvo que las bandas criminales pueden acceder a tecnologías que antes estaban reservadas para ejércitos con grandes presupuestos.
“Hasta bandas criminales pueden poseerlo y pueden utilizarlo para atacar y amenazar a un Estado”, indicó el secretario de Estado, que de paso expresó que Estados Unidos tiene interés en desarrollar junto con Colombia nuevas capacidades para prevenir y responder a esos ataques.
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Rubio también habló sobre la presencia de grupos armados ilegales en el país vecinos, y puntualizó: “Tenemos a ELN y disidentes de las Farc operando con impunidad abiertamente de territorio venezolano”.
El exsenador republicano señaló que esa situación debe ser parte de cualquier mejora en las relaciones entre Colombia y Venezuela.
“Ningún país puede permitir que al otro lado de la frontera esté operando con impunidad bandas criminales terroristas que atacan dentro del territorio nacional y después regresan bajo la protección de otra frontera”, declaró.
El secretario de Estado anticipó una posible revisión de la descertificación antidrogas: anunciada en la administración Petro
Rubio también se refirió a la descertificación de Colombia en materia de lucha antidrogas durante el anterior Gobierno, y aclaró que la evaluación anunciada cada año toma en cuenta acciones del periodo precedente, aunque consideró que el desempeño de la nueva administración podría modificar ese escenario.
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“Hemos visto en el último mes más acciones concretas en contra de estas bandas criminales que lo que vimos posiblemente en cuatro años”, sostuvo en la charla con el medio colombiano.
El funcionario afirmó que, si el Gobierno colombiano mantiene esa línea, “no hay duda” de que la certificación podría cambiar, y dejó ver que existe un mecanismo de exención que permitiría adelantar una revisión antes del ciclo anual.

Sobre los aranceles que afectan a productos colombianos, Rubio señaló que se trata de una política de alcance mundial y que Washington y Bogotá ya avanzaron en dos rondas de negociación para alcanzar un acuerdo bilateral. “Han progresado muy bien y espero que muy pronto se pueda solucionar”, afirmó.
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Al final, y por otro de los puntos polémicos que ha generado rechazo por parte de la bancada de oposición colombiana (incluido el expresidente Petro), el secretario de Estado también indicó que una eventual instalación de bases militares estadounidenses en Colombia dependería de una invitación formal de las autoridades colombianas y de los procedimientos internos de Estados Unidos.
“Todo es posible”, dijo Rubio, aunque recalcó que la decisión corresponde a un país soberano.
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