Caso Juliana Guerrero añade otro lío judicial: piden investigarla por presunta falsedad en documento público

El procurador judicial designado por el Ministerio Público solicitó formalmente a la justicia compulsar copias para investigar a la activista de izquierda Juliana Guerrero por el presunto delito de falsedad en documento público.

La petición fue presentada oficialmente durante la audiencia del miércoles 9 de septiembre de 2026, en el proceso penal contra la joven que intentó ser viceministra de Juventudes en el gobierno de Gustavo Petro y acceder a un alto cargo directivo en la rama ejecutiva con certificados universitarios irregulares.

Durante la diligencia judicial, la procesada firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación mediante el cual aceptó formalmente su responsabilidad penal en el delito de fraude procesal.

En el acuerdo pactado entre las partes se estableció la degradación de su grado de participación a la condición de cómplice, fijando una pena propuesta de tres años de prisión con la posibilidad de ejecución condicional de la pena, además del pago de una multa económica y la correspondiente inhabilitación para ejercer cargos públicos en el Estado.

En el desarrollo de la sesión ante el juez de conocimiento, Guerrero admitió públicamente haber presentado documentación que no correspondía a la realidad ante el sistema del Estado y expresó unas palabras de arrepentimiento frente a los asistentes a la audiencia: “Admitir que realicé fraude procesal en la medida de actualizar mi hoja de vida en el Sigep y presentar los documentos al Ministerio de la Igualdad para quedar con la posibilidad de aspirar al cargo”.

“Hoy frente al país quiero reconocer con profundo dolor, que me equivoqué y que estoy sinceramente arrepentida. No estoy aquí para justificarme ni para presentarme como víctima, sino para asumir con humildad las consecuencias de mis decisiones. Pido perdón al país (...)”, afirmó Guerrero.

El Ministerio Público no dio por cerrado el caso

A pesar de la aceptación de cargos por la conducta de fraude procesal, el agente del Ministerio Público intervino en la sala para argumentar que la acción penal no debía limitarse únicamente a esa tipificación.

El representante de la Procuraduría enfatizó que haber cargado títulos universitarios inexistentes a las plataformas oficiales del Estado para acreditar requisitos exigidos por la ley afectó de manera directa la fe pública y la transparencia de la administración estatal.

“Probatorio que tenga las investigaciones que realice, si se cumplen los requisitos para adelantar una investigación en contra de la señora Guerrero Jiménez por este punible contra la República”, sostuvo el procurador judicial al fundamentar su solicitud técnica de compulsa de copias.

El origen de la investigación contra Juliana Guerrero

El trasfondo del expediente penal se remonta a mediados de 2025, periodo en el cual la joven fue postulada formalmente para asumir el despacho de viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.

La legislación colombiana vigente exige como requisito de obligatorio cumplimiento para el nombramiento en dicho nivel directivo la acreditación estricta de un título profesional universitario.

Las pesquisas e inspecciones adelantadas por los investigadores mostraron que en la hoja de vida registrada inicialmente en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), la postulante solo acreditaba formación académica de nivel técnico.

Sin embargo, dos semanas después de la radicación inicial, la plataforma del Estado fue actualizada mediante la inclusión de diplomas expedidos por la Fundación Universitaria San José, en los cuales figuraba como Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria.

Las labores probatorias de la Fiscalía permitieron comprobar que la ciudadana jamás asistió a las aulas de la mencionada institución educativa, no cursó los módulos del plan de estudios y tampoco presentó los exámenes de Estado Saber Pro.

De igual manera, los peritos financieros del caso hallaron recibos de pago por concepto de matrícula y derechos de grado con fechas de ejecución posteriores a la expedición de los supuestos diplomas presentados.

Adicionalmente, las consultas realizadas ante el Ministerio de Educación ratificaron que no existía ningún registro oficial en las bases de datos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies) que respaldara la vinculación académica o el proceso de graduación de Guerrero en dicho centro educativo.

El cargue de esta documentación no verídica en el portal institucional indujo en error a los servidores públicos encargados de la verificación de perfiles e idoneidad para las designaciones de la Presidencia de la República, lo cual configuró la imputación de fraude procesal.

Con la petición elevada por el procurador del caso, la Fiscalía General de la Nación deberá determinar si abre una carpeta de investigación independiente para procesar a Guerrero por la presunta falsedad en documento público.