Gobierno De la Espriella insiste en tener el presupuesto más alto de la historia de Colombia: empieza a definirse si habrá o no más impuestos

El proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 seguirá con el monto que el gobierno de Abelardo de la Espriella presentó al Congreso de la República, según confirmó en la tarde del 7 de septiembre de 2026 el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, luego de reunirse con los integrantes de las Comisiones Económicas de la corporación en medio de la discusión sobre déficit, gasto y endeudamiento.

Con esto, el Gobierno definió que mantendrá el monto de $634,95 billones, el más alto de la historia (superó los $546,9 billones de 2026) para 2027 y que no contempla ni aumentarlo ni reducirlo por iniciativa propia. La decisión final, según explicó Gómez Martínez, quedará en manos del Congreso de la República, mientras el Ejecutivo defiende un ajuste del gasto público para ordenar las finanzas y contener la presión de la deuda.

Reiteró que el Ejecutivo no modificará la cifra propuesta. “Nosotros nos mantenemos en el monto”, afirmó el ministro. Añadió que, bajo las condiciones fiscales actuales, ampliar ese valor “probablemente no sea la mejor opción”. Tras la reunión con presidentes y representantes de las comisiones económicas, describió un ambiente favorable para continuar el trámite.

Ajuste del gasto y rechazo a subir impuestos de entrada

Miguel Gómez Martínez anotó que la discusión presupuestal no puede separarse del desequilibrio de las finanzas públicas ni de la presión que ejercen el gasto y el endeudamiento sobre el Estado. “El ambiente de hoy fue muy positivo”, dijo. Destacó que el trabajo con el Congreso deberá intensificarse durante este trimestre.

“Me parece que ellos entendieron que tenemos que trabajar mucho durante este trimestre”, afirmó. Remarcó que el ajuste fiscal forma parte del centro de la conversación con los congresistas. “Creo que entienden con claridad la necesidad de hacer un ajuste y poner en orden las finanzas públicas”, señaló. Vinculó esa tarea con una estrategia más amplia para corregir el déficit sin acudir primero a una nueva carga tributaria.

“Del déficit fiscal no salimos solo con austeridad, necesitamos más crecimiento”, puntualizó el funcionario.

De igual manera, marcó distancia con respuestas basadas primero en más impuestos. “La ley que nosotros hacíamos en Colombia antes es que cada vez que teníamos un problema fiscal, nos subíamos los impuestos”, dijo. Luego defendió un esfuerzo previo de ahorro estatal. “Nosotros estamos diciendo, primero, el Estado tiene que hacer una demostración de que está ahorrando”, afirmó.

Añadió que el ajuste busca crear condiciones para mejorar gradualmente las finanzas del Estado por medio de un mayor crecimiento económico. También advirtió que ese proceso no será inmediato: “Nada de esto se hace de la noche a la mañana”.

Deuda y propuestas para aliviar la presión fiscal

La deuda fue otro de los puntos tratados con los congresistas, después de que el senador Christian Garcés, del Centro Democrático, planteó estudiar un aplazamiento de pagos. El argumento se apoyó en los recursos previstos para ese frente en 2027, cerca de $150 billones.

Según el planteamiento, esos recursos podrían dirigirse a aumentar la inversión y atender prioridades de las regiones y del Gobierno. Frente a la propuesta, Gómez Martínez descartó comprometer al Gobierno con obligaciones inciertas. “Nosotros no somos amigos de comprometernos con cosas que no podamos cumplir con certeza”, afirmó.

Explicó que la estrategia oficial apunta a reducir obligaciones de corto plazo y extender vencimientos. A la vez, insistió en que el país debe bajar su nivel de endeudamiento para preservar la estabilidad fiscal.

“Estamos diciendo la verdad sobre el mundo del endeudamiento del país, que creemos tiene que reducirse porque de lo contrario pues no es posible garantizar la estabilidad de Colombia”, dijo.

Tres proyectos y un trámite con fechas por aclarar

Además del PGN, el Ejecutivo puso sobre la mesa otros dos proyectos para enfrentar la situación fiscal y económica. Gómez Martínez habló del PGN como una “ley de rescate” para reducir gasto y abrir espacio al crecimiento y el Plan Nacional de Desarrollo.

El trámite legislativo aparece atravesado por diferencias en las fechas mencionadas durante la discusión. En distintos momentos se aludió a decisiones antes del 14 de septiembre, el 15 de septiembre y el 14 de octubre. En otra de las reuniones, también se indicó que en la tarde habría un encuentro más detallado sobre las cifras con ministros de otras carteras.

Desde la Cámara, el representante Alfredo Ape Cuello, del Partido Conservador, dijo que durante la semana revisarán necesidades de los distintos sectores. También anunció una mesa permanente de trabajo para seguir la discusión sobre el monto y la distribución de recursos.

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió que las conversaciones con el Congreso se desarrollen de forma abierta. “La mermelada es lo oculto, lo que está por encima de la mesa se llama desarrollo”, afirmó.

Añadió que la discusión será “sobre la mesa”, con solicitudes de inversión conocidas públicamente y debatidas dentro del proceso legislativo. Los congresistas, agregó, podrán plantear obras para sus regiones, pero dentro de una discusión visible.

Emergencia inmediata y una reconstrucción de varios años

La reunión también incluyó las necesidades derivadas del terremoto del 10 de agosto de 2026 y su efecto sobre las cuentas públicas. Gómez Martínez diferenció entre la atención inmediata de la emergencia y el esfuerzo posterior de reconstrucción.

“En corto plazo sí tenemos los recursos para atender la emergencia”, aseguró el ministro. Al mismo tiempo, explicó que la recuperación de las zonas afectadas no cabrá en una sola vigencia presupuestal. Según expuso, el proceso se extenderá durante varios años y deberá financiarse con distintos presupuestos. En otra intervención, señaló que esa tarea podría prolongarse por alrededor de diez años.

Antes de definir el alcance fiscal de esa etapa, el Gobierno prevé estimar cuánto costará reconstruir las zonas afectadas. La recuperación quedará repartida entre varios presupuestos, junto con las demás presiones que ya enfrenta el gasto público.