Fiscal del caso Ungrd denunció a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial de Petro, por injuria y calumnia: “Realizó señalamientos en mi contra”

La fiscal María Cristina Patiño denunció a Sandra Ortiz por presunta injuria y calumnia tras concluir que los señalamientos públicos de la exconsejera sobre una supuesta reunión irregular con Olmedo López y su defensa son falsos, en un nuevo frente judicial que se suma al proceso principal por el escándalo de corrupción en la Ungrd.

La querella fue radicada el 27 de agosto ante la Fiscalía General de la Nación, según reveló Cambio, y se conoció antes de que Ortiz reiterara esas acusaciones en una entrevista posterior. El caso se tramitará por separado del expediente principal en el que la exfuncionaria responde por lavado de activos y tráfico de influencias.

Ortiz estuvo privada de la libertad entre el 18 de diciembre de 2024 y el 11 de mayo de 2026, cuando un juez le otorgó la libertad por vencimiento de términos. El juicio en su contra se reanudará en próximos días y la denuncia presentada por Patiño deberá ser repartida en la Fiscalía.

La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia sostiene que Ortiz hizo imputaciones que lesionaron su honra y su buen nombre personal y profesional. La publicación conoció que Patiño decidió acudir a la vía penal después de evaluar la gravedad de esas manifestaciones.

En el texto de la denuncia, la funcionaria afirmó: “La denunciada consciente y voluntariamente realizó imputaciones o señalamientos en mi contra que lesionaron mi honra en menoscabo de mi patrimonio moral, al afirmar sin sustento alguno y contrariando la verdad que, en mi calidad de Fiscal Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia me reuní en una locación externa a las instalaciones de la Fiscalía con uno de los procesados en el macrocaso de corrupción que actualmente adelanto, a saber, con Olmedo de Jesús López Martínez, su defensor y los investigadores de la defensa, en un contexto y con la connotación de torcer o desviar el cauce legal y reglamentario de los procesos penales que actualmente adelanto, incluyendo el suyo propio, por los graves hechos de corrupción en torno a la Ungrd”.

La denuncia surgió por mensajes y entrevistas de Sandra Ortiz

El choque entre ambas se intensificó después de dos pronunciamientos de Ortiz en la red social X, publicados el 22 y 23 de agosto. En uno de ellos escribió: “La Fiscalía se ha negado a investigar y engaveta las propias órdenes de la Corte Suprema. ¿Todo para proteger a quién? La verdad siempre sale a la luz”.

En otro mensaje, la exconsejera afirmó: “Es aún más escandaloso lo que hizo la fiscal 9 ante la Corte: reunirse en un hotel con Olmedo López, su abogado y los investigadores de su defensa. ¿Qué se preparó allí y a quien estaban protegiendo? Las pruebas hablarán en mi juicio”.

Después, en declaraciones a Cambio del 6 de septiembre, Ortiz insistió en que tenía pruebas de esas supuestas reuniones. “Tengo todas las pruebas de lo que digo y lo voy a demostrar el 18 de septiembre (…) Por ejemplo, las reuniones que ella tenía en un hotel con los abogados Moreno, con sus investigadores y con Olmedo López, organizando todo esto. Eso no es decente”, dijo al medio.

Patiño negó de manera expresa haber sostenido ese encuentro y rechazó también otra afirmación de Ortiz sobre su lugar de origen. La fiscal indicó que es de Barrancabermeja y no de Boyacá, como lo había señalado la exfuncionaria.

El expediente principal vincula a Ortiz con sobornos y contratos por $11 mil millones

La denuncia por injuria y calumnia es independiente del proceso por corrupción en la Ungrd como intermediaria en la entrega de sobornos a los entonces presidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle para favorecer las reformas del Gobierno nacional.

De acuerdo con ese expediente, ambos excongresistas se encuentran privados de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá. La investigación también ubica a la exconsejera como presunta mensajera de recursos provenientes de funcionarios de la entidad.

Entre las pruebas citadas por la Fiscalía aparecen el interrogatorio de Olmedo López, conversaciones de WhatsApp, videos y registros de georreferenciación. Esos elementos fueron presentados en el trámite con el que el ente acusador pidió una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra Ortiz.

Patiño reveló además apartes de la declaración de López sobre una reunión del 21 de septiembre de 2023 en la Casa de Nariño entre el entonces director de la Ungrd y Ortiz. Según la investigación, allí se habría pactado la entrega de contratos para beneficiar al senador Iván Name y la desviación de un contrato del Atlántico por 11 mil millones de pesos.

Durante una audiencia, la fiscal explicó sobre ese episodio: “Manifiesta que ella (Sandra Ortiz) insistió en una adhesión presupuestal a un contrato desarrollado en el Atlántico que era de senador Name”.

López también señaló al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Carlos Ramón González. Según lo expuesto por la fiscal, el exfuncionario habría ordenado la entrega de $3.000 millones al congresista Iván Name.

Patiño resumió así esa versión: “Era el equivalente a una contratación que inicialmente se había pedido por $60.000 millones para el senador Name que se cambiaban por $3.000 millones”. En esa misma exposición sostuvo que Ortiz fue “la mensajera”, es decir, la persona encargada de entregar el dinero.

Ortiz rechazó de forma pública esas acusaciones y sostiene que el proceso en su contra no obedece a razones jurídicas sino políticas. En una audiencia aseguró: “Como se lo dije un un día el coordinador de la Fiscalía, porque eso fue lo que me dijo, si usted no acusa a ministros y no tiene chats, la vamos a imputar y le vamos a dar una medida de aseguramiento. Eso pasó”.

La exfuncionaria también declaró: “Yo tengo la carta que le envié y la trazabilidad que le envié en este momento a mi abogado. Nosotros, desde ese momento, yo entendí que esto no era un tema jurídico, sino un tema político. Lo digo abiertamente, es un tema político”.

Sobre su relación con la entidad, Ortiz negó haber tenido capacidad de decisión en la contratación de la Ungrd. “Yo no tengo nada que ver, no era la ordenadora del gasto, no era una asesora, yo que tengo que ver con la Unidad de Gestión del Riesgo, jamás tuve nada que ver”, afirmó.