Un proyecto de ley respaldado por 23 congresistas busca establecer que la distancia mínima entre peajes en Colombia sea de 150 kilómetros, ya que en el país no hay una medición estandarizada y regulada por la legislación nacional.
El senador Luis Carlos Rúa, conocido como “Elefante blanco”, comentó que la iniciativa también plantea crear tarifas diferenciales para personas que deben movilizarse de forma constante por razones laborales o de salud, además de un inventario nacional que reúna la información sobre las estaciones de peaje administradas por distintas entidades.
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De hecho, el legislador sostuvo que los cobros deben considerar la situación de comunidades cuyos habitantes usan las mismas vías de forma cotidiana. Por esa razón, el proyecto contempla una regulación de las tarifas diferenciales para quienes resulten afectados por la cercanía de los puntos de cobro.
También se regularían las tarifas - crédito @elefantescol/X
“Hay personas que por temas de trabajo, de salud, se están movilizando constantemente todos los días y tienen que pagar peaje. Eso no tiene sentido”, expresó Rúa.
Rúa afirmó que la propuesta responde a casos como el de Antioquia, donde, según indicó, existen peajes separados por apenas 1,5 kilómetros.
La iniciativa incluye un inventario nacional de peajes
La propuesta legislativa plantea consolidar un registro nacional de peajes para evitar que las entidades responsables instalen estaciones sin coordinación entre sí.
Según Rúa, actualmente algunos peajes dependen de entidades diferentes, una situación que dificulta la planificación y puede ocasionar que dos puntos de recaudo queden muy cerca.
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El congresista también propuso que los recursos de los peajes revertidos al Instituto Nacional de Vías (Invías) sean administrados a través de un fondo independiente. El objetivo, según explicó, es que los ingresos se destinen al mantenimiento de las carreteras y no se diluyan dentro del presupuesto general de la Nación.
“Cuando pasan a Invías, los presupuestos se van directamente hacia la Nación y luego vuelve solo una parte para el mantenimiento de las vías”, afirmó el senador.
Una demanda colectiva cuestiona cobros de $220 en peajes electrónicos de Flypass
Una acción de grupo presentada por 20 usuarios busca que la Justicia determine si Flypass aplicó un cobro adicional de $220 por cada paso en peajes electrónicos bajo algunos de sus planes. El proceso fue radicado contra F2X S.A.S., empresa responsable de la plataforma, ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itagüí, Antioquia.
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La demanda no cuestiona las tarifas oficiales que cobran los concesionarios viales, sino el valor extra que, según los demandantes, se habría descontado en los planes Standard y Colpass por encima del monto establecido en cada estación de peaje.
Los apoderados Hernán Panesso y Manuel García sostienen que el caso debe examinarse a la luz de la Resolución 20213040035125 de 2021 del Ministerio de Transporte. La norma establece que los usuarios no pueden pagar un valor superior a la tarifa correspondiente en las estaciones de peaje y prohíbe pactar cobros adicionales.
En el plan Standard, la plataforma incluye un concepto de “costo por débito directo a medio de pago por uso de peajes”, con un valor de $220 e IVA incluido, de acuerdo con los elementos incorporados a la demanda.
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La controversia también abarca el plan Colpass. Los demandantes afirmaron que, aunque el servicio se promociona sin costo adicional, existen registros de débitos al momento de pagar los peajes.
F2X atribuyó los cobros a un error en cambios de plan
El presidente de F2X, Juan Manuel Vicente, afirmó que la empresa revisó los casos presentados y detectó posibles fallas en la liquidación de usuarios que habían cambiado de plan dentro de la aplicación.
Según el directivo, el sistema habría mantenido el cobro asociado al plan anterior pese a que el usuario ya había hecho el cambio. La compañía señaló que la situación afectó a 312 usuarios, a quienes, en conjunto, se les habrían cobrado $675.000 de más.
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F2X aseguró que realizó ajustes para corregir el problema tecnológico. El proceso judicial continúa y una eventual decisión favorable a los demandantes podría definir si corresponde alguna reparación para otros usuarios que hayan enfrentado una situación similar.
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