Policías que formaban parte del grupo de protección presidencial durante el Gobierno Petro fueron trasladados: algunos terminarán en zonas de conflicto

Decenas de uniformados que cumplían funciones en la Jefatura de Protección Presidencial fueron trasladados a departamentos y ciudades con problemas de orden público, presencia de grupos armados ilegales y acciones recientes contra la fuerza pública.

La medida quedó registrada en la orden administrativa de personal 26-233, expedida el 21 de agosto de 2026.

Según lo que señala el documento, los policías hacían parte de la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro), dependencia encargada de esquemas de seguridad y protección.

Durante el Gobierno de Gustavo Petro, varios de ellos estuvieron asignados a tareas relacionadas con la seguridad presidencial.

La orden dispone movimientos hacia unidades de Norte de Santander, Cauca, Nariño, Antioquia, Valle del Cauca, Meta, Caquetá, Chocó, Arauca, La Guajira, Urabá y Vichada, entre otras jurisdicciones.

Uno de los aspectos más relevantes con este anuncio detalló que, en buena parte de los casos, la institución autorizó el pago de prima de instalación por el cambio de sede laboral.

El documento no señala que los traslados respondan a una orden directa del presidente Abelardo de la Espriella ni que correspondan a una decisión política.

Tampoco establece que los uniformados vayan a reforzar una operación específica contra alguna estructura armada. La decisión confirma, sin embargo, una redistribución del personal que estaba adscrito a la seguridad del entonces jefe de Estado.

Norte de Santander figura entre los destinos de los uniformados

Uno de los principales puntos de destino es Norte de Santander, departamento en el que fueron reubicados policías provenientes de la protección presidencial. También se registraron traslados a la Policía Metropolitana de Cúcuta.

La región mantiene una situación de seguridad compleja por la presencia de grupos armados ilegales y por su ubicación en la frontera con Venezuela, sumado a que allí se encuentra el Catatumbo, uno de los territorios más disputados por grupos armados debido a que es punto clave para los cultivos y producción de cocaína que suplen redes de narcotráfico.

En los últimos días, las autoridades han atendido ataques contra instalaciones policiales y hechos violentos en municipios del área metropolitana de Cúcuta.

Entre esos episodios estuvo la explosión de un vehículo frente a una estación de Policía en Los Patios, Norte de Santander. El ataque dejó una persona fallecida y 11 heridas, incluidas dos integrantes de la Policía Nacional, según los balances divulgados por las autoridades. Un muerto y once heridos en el ataque terrorista contra un puesto policial en Colombia

El traslado de policías a esa zona ocurre mientras el Gobierno nacional ha insistido en su propósito de recuperar el control territorial y aumentar la presión contra las estructuras ilegales que operan en áreas rurales y urbanas del país, en una posición que el mandatario De la Espriella ha llamado a no acobardarse.

Antioquia, Cauca, Nariño, Meta y Caquetá también aparecen en la orden: zonas en las que se mueven el Clan del Golfo, “Iván Mordisco” y “Calarcá”

Otros uniformados fueron destinados a departamentos como Cauca, Nariño, Meta, Caquetá, Valle del Cauca y Antioquia.

Estas regiones enfrentan fenómenos distintos de violencia, entre ellos confrontaciones entre disidencias de las Farc, presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), operaciones del Clan del Golfo y actividades vinculadas con narcotráfico, minería ilegal, extorsión y control de corredores estratégicos.

En Caquetá y Meta, por ejemplo, tienen presencia estructuras vinculadas con las disidencias comandadas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

En otras zonas de la Amazonía y el sur del país operan grupos asociados a las facciones del Estado Mayor Central (EMC) de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

La medida implica que policías que estaban asignados a un trabajo especializado de protección pasen a unidades territoriales, donde deberán cumplir funciones propias del servicio de vigilancia, seguridad y respuesta frente a las necesidades operativas de cada departamento.

La orden administrativa contempla una renovación de parte del personal que prestó servicios en la Jefatura de Protección Presidencial, luego de la finalización del mandato de Gustavo Petro el 7 de agosto de 2026 y el inicio del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Hasta ahora, la orden conocida no precisa el número total de policías trasladados ni las labores específicas que tendrán en sus nuevos destinos. Tampoco informa si habrá nuevos movimientos dentro de la Dipro o cambios en los esquemas de seguridad de exfuncionarios de la administración anterior.