Nadie sabe el paradero del exdirector del Dapre de Gustavo Petro Carlos Ramón González: Tribunal Superior de Bogotá ordenó asignarle un defensor público para seguir el proceso en su contra

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó designar un defensor público para Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, después de que el exfuncionario no se conectara a la audiencia del jueves 3 de septiembre ni acreditara un nuevo abogado en el proceso que enfrenta por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), una decisión con la que el despacho busca preservar su derecho a la defensa antes de la próxima diligencia.

La audiencia fue reprogramada para el miércoles 10 de septiembre, fecha en la que el tribunal espera que ya esté definida la representación jurídica de González. La medida se adoptó luego de que su anterior apoderado, Iván Cancino, renunciara a la defensa tras asumir el 7 de agosto como ministro de Justicia.

“En caso de que el procesado no se designe un apoderado oportunamente, el despacho elevará la solicitud respectiva al Sistema Nacional de Defensoría Pública, para la designación de un profesional que lo represente”, dijo el magistrado Efraín Adolfo Bermúdez Mora.

Según el expediente expuesto en audiencia, González enfrenta juicio por cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado y lavado de activos. La Fiscalía General de la Nación sostiene que el exdirector del Dapre habría avalado la entrega de sobornos a los entonces presidentes del Congreso.

El magistrado advirtió durante la diligencia que el despacho no había recibido información nueva ni sobre González Merchán ni sobre el abogado que, según comunicaciones previas, estaba buscando. Por eso resolvió solicitar a la Defensoría del Pueblo la asignación de un abogado de oficio.

“No hay noticia de abogado, no hay noticia de don Carlos Ramón González Merchán. En consecuencia, se dispondrá que por secretaría se solicite a la Defensoría del Pueblo la asignación de un defensor público que asista a don Carlos Ramón González Merchán en este proceso o por lo menos para que dé curso a esta audiencia”, expresó el juez.

La secretaría del despacho informó que el miércoles 2 de septiembre envió un correo electrónico a González para establecer si ya había contratado a un nuevo defensor. Durante la audiencia precisó que, hasta ese momento, no había recibido ninguna respuesta y que el procesado tampoco se había conectado a la diligencia.

En comunicaciones anteriores, el exfuncionario había señalado que evaluaba varias opciones de defensa. Explicó además que se encontraba fuera del país y que esa situación dificultaba una entrevista personal con uno de los abogados que consideraba para asumir su representación.

“Por encontrarme fuera del país ante la necesidad de una entrevista personal con el posible defensor, hemos programado un encuentro para el día miércoles 2 de septiembre. Esto por atrasos en la visa. Espero llegar a un acuerdo y poder informarles oportunamente sobre esta decisión”, indicó González en uno de los correos conocidos por el tribunal.

De acuerdo con la información expuesta en la diligencia, Carlos Ramón González está fuera de Colombia desde hace dos años y estaría en Nicaragua bajo la figura de asilo político. El delegado de la Fiscalía General de la Nación también dijo que no tenía información sobre la eventual contratación de un abogado por parte del procesado.

La acusación incluye sobornos por $3.000 y $1.000 millones

Así mismo, la hipótesis de la Fiscalía General de la Nación sostiene que González habría dado aval a pagos ilícitos dirigidos a los entonces presidentes del Congreso en medio del caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Según esa acusación, Iván Name habría recibido $3.000 millones de pesos y Andrés Calle $1.000 millones.

La orden impartida por el Tribunal Superior de Bogotá apunta a que la próxima audiencia pueda realizarse con garantías mínimas de defensa técnica para el exdirector del Dapre.

La continuidad del proceso quedó supeditada a que la Defensoría del Pueblo asigne al abogado que lo asistirá en la sesión prevista para el 10 de septiembre.