La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad por la toma paramilitar de Barrancabermeja a nueve antiguos integrantes del Ejército Nacional, dos de la Policía Nacional y un exfuncionario del área de seguridad de la Refinería de Ecopetrol.
La decisión corresponde al Subcaso Magdalena Medio del Caso 08, que investiga delitos cometidos por agentes estatales en asociación con paramilitares y terceros civiles.
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La Sala de Reconocimiento de Verdad atribuyó a los 12 comparecientes la conformación de una alianza entre integrantes de la fuerza pública, grupos paramilitares y el entonces empleado de la empresa petrolera. Según la jurisdicción, esa estructura facilitó la expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia en la ciudad entre 1998 y 2000.
La magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento y relatora del subcaso, presentó el primer Auto de Determinación de Hechos y Conductas dictado dentro del Caso 08. La resolución identifica a los presuntos máximos responsables, establece la calificación jurídica de las conductas y documenta los daños ocasionados a víctimas y organizaciones sociales de la región.
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La JEP indicó que la alianza tenía como propósito retirar de Barrancabermeja a quienes consideraba parte de un “enemigo común”, categoría que incluyó a integrantes de grupos guerrilleros, sindicalistas, defensores de derechos humanos, dirigentes comunitarios y habitantes de determinados barrios.
Nueve imputados fueron señalados como coautores de la alianza criminal
Nueve comparecientes deberán reconocer responsabilidad como coautores de la estructura que, de acuerdo con la decisión, “preparó, facilitó y sostuvo la toma paramilitar”. Se trata de los coroneles retirados José Domingo García García y Óscar Diego Sánchez Vélez; los mayores retirados Juvenal Ovidio Brugés Palmera, Carlos Eduardo Avendaño Ávila, Oswaldo Prada Escobar y Jesús Herrera García; el teniente coronel retirado de la Policía Juan Carlos Celis Hernández; el subintendente retirado Nilson Durán Durán; y José Eduardo González Sánchez, antiguo funcionario de seguridad de la refinería.
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A García García, Brugés Palmera y González Sánchez les fueron atribuidos homicidio como crimen de guerra, además de exterminio y desaparición forzada como crímenes de lesa humanidad. La sala también imputó persecución contra la Unión Sindical Obrera (USO) y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) a tres de los comparecientes.
Los brigadieres generales retirados Héctor Eduardo Peña Porras, Fernando Millán Pérez y Alberto Bayardo Bravo Silva fueron vinculados por responsabilidad por omisión. La magistrada Díaz explicó que, de acuerdo con la evaluación de la sala, tenían “capacidad para prevenir los crímenes, controlar a sus subordinados y proteger a la población civil”, dada la información, los recursos y las facultades que poseían.
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La decisión retoma elementos del proceso de Justicia y Paz, que produjo 624 compulsas de copias sobre una posible participación de agentes estatales y terceros civiles. Díaz afirmó que esas remisiones, en la mayoría de los casos, no derivaron en investigaciones ni condenas contra los presuntos responsables.
La JEP reconstruyó 14 masacres ocurridas entre 1998 y 2000
La investigación incluyó 35 versiones entregadas ante la Sala de Reconocimiento, 10 declaraciones juradas, 60 informes, 33 sentencias de Justicia y Paz y las observaciones de 72 voceros de víctimas. También revisó archivos militares, policiales y documentos del área de seguridad de Ecopetrol.
La sala identificó 473 víctimas individuales y reconstruyó 14 masacres. Entre el 8 de enero de 1998 y el 29 de diciembre de 2000, al menos 431 personas fueron asesinadas y 85 desaparecidas de forma forzada en Barrancabermeja, según la JEP.
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La masacre del 16 de mayo de 1998 fue definida como el “acto inaugural” de la toma paramilitar. Ocho días antes, el presidente de la USO advirtió al entonces comandante de la Quinta Brigada, Fernando Millán Pérez, sobre un ataque inminente. La sala concluyó que esa alerta no recibió una respuesta que evitara la incursión.
Durante el ataque, 50 hombres armados asesinaron a siete civiles y secuestraron a otras 25 personas. La JEP señaló que esas víctimas fueron torturadas, ejecutadas y desaparecidas. También atribuyó a Oswaldo Prada Escobar la entrega del exguerrillero conocido como ‘Maicol’ a los paramilitares, con el fin de que guiara la incursión e identificara a las víctimas.
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Según el auto, Carlos Eduardo Avendaño Ávila ordenó retirar los vehículos blindados del retén de La Y minutos antes del ataque. La jurisdicción agregó que Sánchez Vélez asistió esa noche a una reunión social con altos mandos de la Armada y la Policía.
La sala ubicó dos centros desde los cuales se habría promovido la toma: el área de seguridad de la refinería, donde González Sánchez actuó como “actor bisagra”, y el Batallón de Inteligencia No. 2, en Bucaramanga. El exjefe paramilitar Mario Jaimes Mejía, conocido como ‘El Panadero’, declaró que ocupar Barrancabermeja era “el plan del BITE”.
La decisión también examinó la persecución contra la USO y Credhos, que incluyó seguimientos, infiltraciones, amenazas, homicidios, desapariciones y desplazamientos. Para la JEP, la violencia respondió a un patrón contra personas señaladas por su actividad sindical, comunitaria o de defensa de derechos humanos.
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