
La Presidencia de la República de Colombia, liderada por Abelardo de la Espriella, presentó un documento que establece lineamientos sobre la relación entre el Ejecutivo y los medios de comunicación.
De acuerdo con la directriz revelada por Caracol Radio, se contempla la limitación de entrevistas y ruedas de prensa a medios considerados no afines, salvo cuando se trate de asuntos estratégicos autorizados previamente por la Presidencia, así como reducir las intervenciones de ministros a declaraciones sin preguntas y concentrar buena parte de la información gubernamental en la vocería de Presidencia.
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Los nuevos lineamientos para la prensa nacional por parte del Gobierno colombiano generó todo tipo de reacciones en el país. Mientras que algunos respaldaron la medida, otros señalaron que podría vulnerar el acceso a la información a la ciudadanía.
Ese fue el caso de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) que, por medio de un comunicado, sostuvo que la nueva política debilita la capacidad del periodismo para controlar al poder en asuntos de interés general, desde el conflicto armado hasta las consecuencias del reciente terremoto.

“Si bien el Gobierno tiene autonomía para organizar su estrategia de comunicaciones, coordinar sus mensajes y definir quiénes ejercen sus vocerías, esa facultad no puede ser una barrera para que periodistas accedan a las fuentes oficiales o formulen preguntas (...) las disposiciones contempladas afectan directamente la labor crítica del periodismo en una sociedad democrática”, expresó la organización.
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La fundación planteó una diferencia entre una decisión de campaña y una medida adoptada desde la Casa de Nariño. A su juicio, cuando la restricción proviene de la Presidencia, el problema adquiere otra dimensión.
“Los funcionarios, canales de información y recursos del Estado no pertenecen al Gobierno de turno y su acceso no puede depender de que un periodista o medio sea considerado cercano o ‘amigo’”, resaltaron.

En ese marco, la organización alertó sobre el uso de etiquetas para definir el acceso a información oficial. “Pueden profundizar la estigmatización y generar autocensura entre periodistas que teman perder acceso por cuestionar a las autoridades”, indicó la Flip.
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La organización recordó además que en fechas recientes documentó varios casos en los que, en su versión, periodistas intentaron acceder a información por los canales oficiales sin obtener respuesta.
“Recibimos denuncias, entre ellas la de Camila Zuluaga, según las cuales el entonces candidato Abelardo de la Espriella no otorgó entrevistas a ciertos periodistas, instruyó a su equipo de prensa para no atender a los medios y limitó su participación a ruedas de prensa en las que conociera las preguntas”, precisaron.
Como respaldo a su posición, la fundación invocó la Sentencia SU-018 de 2026 de la Corte Constitucional, que, según la publicación, reconoció una protección constitucional reforzada al acceso de periodistas a información pública por la función que cumple la prensa en el escrutinio del poder. La entidad sostuvo que ese criterio protege también la posibilidad de buscar información, no solo de recibirla.
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En ese sentido, la fundación pidió a la Presidencia reevaluar la directriz y garantizar que todos los medios y periodistas, sin distinciones, tengan acceso igualitario a las fuentes oficiales y a los espacios convocados por el Gobierno.
“El relacionamiento del Estado con la prensa debe ser a partir de criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios; no puede depender de la afinidad o cercanía política de quien ejerce el periodismo”, concluyeron.
Otros detalles de la directriz de Presidencia
La directriz no solo limita la relación del Ejecutivo con la prensa, sino que ordena a ministerios y entidades adscritas detener sus planes de medios y sus pautas publicitarias activas hasta nueva revisión. El documento también fija que los comunicados sean breves y no superen una cuartilla.
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El modelo busca que la comunicación del Gobierno siga una sola línea. Los grandes anuncios quedarían reservados para el jefe de Estado, mientras que ministerios y entidades tendrían que canalizar sus contenidos antes de divulgarlos.
El acta citada por Caracol Radio detalla un sistema de control previo sobre la información oficial. Cada ministerio deberá enviar sus asuntos principales a un periodista asignado por la Coordinación del alto gobierno, que revisará el material antes de remitirlo a la jefa de comunicaciones de la Casa de Nariño, María Fernanda Sandoval.
El documento incorpora además una línea narrativa para las comunicaciones institucionales. Entre los mensajes que deberán repetirse aparecen la entrega de esperanza, el cierre de los tiempos malos y la reconstrucción conjunta de la llamada patria milagro.
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