El supuesto matrimonio indígena que le habría permitido a alias Pirry evadir a la justicia y llegar hasta Europa

La captura en España del ciudadano colombiano Jhonatan Alexander Castrillón Arango, alias Pirry, reactivó las dudas sobre la decisión que permitió su traslado a un resguardo indígena pese a una condena de 11 años y seis meses de prisión.

Las autoridades de Medellín, capital de Antioquia, sostienen que el señalado cabecilla de la estructura criminal El Mesa no fue hallado durante las verificaciones ordenadas en el departamento de Risaralda y que, mientras tanto, habría logrado salir de Colombia y establecerse en Europa.

El caso abrió interrogantes sobre los controles judiciales y penitenciarios aplicados a personas condenadas que reciben beneficios o medidas especiales de reclusión. Para la administración de Medellín, la detención del hombre en Tarragona, España, puso en evidencia una cadena de decisiones que deberá ser explicada por las autoridades responsables.

Alias Pirry fue detenido en territorio español en un operativo coordinado entre la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, la Policía española y agencias de Estados Unidos. El procedimiento contó con una circular roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), según informaron las autoridades.

Una condena de más de 11 años y un traslado a Risaralda

De acuerdo con la información oficial, Jhonatan Alexander Castrillón Arango fue detenido en 2020 y recibió en 2021 una condena de 11 años y seis meses de prisión por homicidio y otros delitos. Un año después, su defensa presentó una solicitud fundamentada en un supuesto vínculo sentimental con una mujer indígena.

Ese argumento derivó en una decisión judicial que autorizó su traslado desde un establecimiento penitenciario a un resguardo indígena de Risaralda, donde debía cumplir la pena. El beneficio es ahora el centro de la controversia, porque las autoridades locales aseguran que no existió una comprobación efectiva de su permanencia en el lugar.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, cuestionó que un hombre condenado en 2021 estuviera en libertad antes de su captura fuera del país. “La pregunta es: si este bandido estaba condenado a 11 años de prisión en el 2021, ¿por qué estaba libre?”, afirmó el funcionario.

Villa sostuvo que el mecanismo utilizado para obtener el traslado representó una maniobra para eludir las obligaciones derivadas de la condena. También reclamó explicaciones sobre la actuación de quienes intervinieron en el proceso y sobre los controles posteriores.

Tres verificaciones sin rastro del condenado

Según el secretario de Seguridad, se hicieron tres solicitudes al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a otras autoridades para comprobar que alias Pirry permaneciera en el resguardo indígena. En ninguna de esas verificaciones, afirmó, se habría podido establecer su presencia en la zona.

La situación tomó mayor dimensión tras conocerse que un juzgado le habría reconocido una redención de pena por supuestas jornadas de trabajo comunitario dentro de esa comunidad. Para Villa, esa decisión resulta difícil de justificar si no se constató previamente que el condenado estuviera allí.

“¿Y cómo me van a decir que este tipo estaba en el resguardo indígena trabajando sin ni siquiera haber constatado si efectivamente sí estaba ahí?”, dijo el funcionario. Añadió que las autoridades ya tenían información sobre la posible salida del país del procesado y su presencia en Europa.

El episodio expone una discusión más amplia en Colombia sobre la supervisión de medidas de reclusión distintas a la cárcel convencional. La permanencia en territorios indígenas puede responder a normas de jurisdicción especial y a garantías reconocidas a esas comunidades, pero el caso de alias Pirry plantea dudas sobre la autenticidad del vínculo invocado y sobre las herramientas estatales para evitar fugas.

La captura en Tarragona y las acusaciones contra El Mesa

La ubicación de alias Pirry en España fue resultado de labores de inteligencia e intercambio de información entre organismos colombianos e internacionales. En un mensaje difundido en la red social X, el presidente Abelardo de la Espriella señaló que el detenido era requerido con fines de extradición y mediante circular roja de Interpol.

Según esa versión, Castrillón Arango acumulaba 22 años de trayectoria criminal y era considerado el segundo cabecilla de El Mesa, una estructura con presencia en el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño.

Las autoridades lo señalan como supuesto autor intelectual de la masacre de siete trabajadores de una finca en Rionegro, Antioquia, ocurrida en junio de 2024. También lo vinculan con la coordinación de rutas de tráfico de drogas hacia Europa, con España, Francia e Italia entre los destinos mencionados.

El detenido es requerido por homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, además de concierto para delinquir. La información oficial indica que la estructura El Mesa sostiene una disputa territorial con el Clan del Golfo en zonas del Oriente antioqueño.

El debate sobre la respuesta estatal frente a las bandas

Tras la captura, autoridades regionales insistieron en que El Mesa debería recibir una clasificación distinta dentro de la arquitectura de seguridad colombiana. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón sostuvo que el grupo dejó de tener las características propias de una estructura de delincuencia organizada y debería ser considerado un Grupo Armado Organizado.

Esa eventual recategorización permitiría una participación más amplia de las Fuerzas Militares en las operaciones contra la estructura, según la postura expresada por el mandatario departamental. El gobernador vinculó ese reclamo con la masacre de Rionegro y con la fuga de otros jefes criminales que habían obtenido decisiones favorables de operadores judiciales.