El proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad avanzó con una decisión de alto impacto administrativo: el liquidador de la entidad, John Milton Rodríguez, suprimió todos los viceministerios de la cartera y ordenó ajustar la contratación únicamente a actividades necesarias para cerrar la entidad. Con esto, el Ministerio ya no podrá adelantar convenios ni contratos orientados al cumplimiento de sus funciones misionales.
De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la resolución firmada por Rodríguez señala que la supresión de empleos se adopta dentro del proceso liquidatorio, debido a que esos cargos ya no resultan indispensables para la etapa actual. El documento indica que la medida hace parte de la “materialización progresiva de la supresión de empleos” en el marco de la liquidación.
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Con la decisión, dejan de existir los viceministerios de la Mujer, Juventud, Pueblos Étnicos y Campesinos, Poblaciones y Territorios Excluidos y Diversidades. Las personas que ocupaban esos cargos tendrán 15 días para entregar formalmente expedientes, documentos, claves de acceso y la información institucional que venían manejando.
Contratación queda limitada a la liquidación
Además de la supresión de viceministerios, Rodríguez firmó otra resolución mediante la cual se adopta el Reglamento de Contratación para la Liquidación del Ministerio de Igualdad. Ese documento establece que la entidad no podrá iniciar nuevas actividades relacionadas con su objeto social. En adelante, todas las actuaciones deberán estar dirigidas al cierre ordenado de la cartera.
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Esto significa que la contratación quedará restringida a los asuntos necesarios para garantizar el proceso liquidatorio. La resolución contempla contratos relacionados con representación judicial y extrajudicial, defensa de los intereses de la entidad, avalúos, inventarios, saneamiento de activos, organización y transferencia de archivos.
También se consideran necesarios los contratos de aseo, vigilancia, servicios públicos domiciliarios, arrendamiento, soporte tecnológico indispensable para el funcionamiento del equipo liquidador, así como apoyo profesional y técnico para el proceso de liquidación.
La medida cambia el funcionamiento interno de la cartera, pues las decisiones de contratación ya no podrán responder a programas o proyectos misionales. El objetivo será preservar lo necesario para administrar la liquidación, proteger documentación, atender obligaciones jurídicas y garantizar el cierre institucional bajo las reglas definidas.
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Procesos de selección quedan suspendidos
La resolución también dejó prohibido adelantar procesos de selección o suscribir contratos cuyo objeto corresponda al desarrollo de las funciones misionales del Ministerio de la Igualdad. Con esto, se cierra la puerta a nuevos convenios orientados a ejecutar programas sociales propios de la cartera.
El documento establece que la competencia para adelantar procesos de selección, suscribir contratos, ordenar el gasto y ejercer facultades excepcionales queda en cabeza del liquidador, en su condición de representante legal de la entidad. Esa atribución sustituye lo previsto en el Manual de Contratación que regía antes del proceso de liquidación.
La decisión confirma que la entidad entró en una fase en la que su estructura deja de responder a la operación ordinaria de un ministerio. La supresión de viceministerios y la limitación contractual marcan el paso de una cartera con funciones misionales a una estructura enfocada exclusivamente en cerrar asuntos administrativos, contractuales, jurídicos y documentales.
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El Ministerio de la Igualdad había sido creado para atender poblaciones históricamente excluidas, pero ahora sus dependencias principales quedan sin continuidad dentro de la entidad. La resolución del liquidador señala que los cargos suprimidos no son necesarios para acompañar la etapa actual del proceso, por lo que la operación se concentrará en el equipo encargado de la liquidación.
Con estas medidas, el cierre del Ministerio entra en una etapa más concreta. El reto será definir qué ocurrirá con los programas, archivos, obligaciones, contratos vigentes y poblaciones que estaban bajo el alcance de la entidad, mientras el liquidador asume el control de la contratación y del gasto necesario para completar el proceso.
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