Sigue la polémica por afirmaciones de Carolina Corcho sobre el traslado de casos contra Álvaro Uribe Vélez a la Comisión de Acusaciones: “Oportunismo”

La senadora del Pacto Histórico Carolina Corcho cuestionó de manera enfática la decisión de la Cámara de Representantes de trasladar los procesos judiciales contra el exmandatario Álvaro Uribe Vélez a la Comisión de Acusaciones, órgano encargado de investigar a los mandatarios por delitos cometidos durante su gestión presidencial.

Según la congresista, los hechos bajo investigación corresponden al periodo en el que Uribe ejercía como gobernador de Antioquia, no como presidente, lo que ubica la competencia en manos de la Fiscalía General de la Nación y no de la Comisión parlamentaria.

Durante una intervención difundida en la red social X, Carolina Corcho afirmó: “Las masacres en Antioquia y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle ocurrieron entre 1996 y 1998, cuando Álvaro Uribe era gobernador y no presidente”.

En ese sentido, la senadora insistió en que la jurisdicción para investigar estos crímenes recae exclusivamente sobre la Fiscalía.

El debate surge a partir de la reciente votación en la Cámara de Representantes que favoreció el traslado de los expedientes a la Comisión de Acusaciones.

Corcho expresó su desconcierto ante la decisión y solicitó explicaciones a sus colegas: “Le he solicitado a mis compañeros de la Comisión de Acusaciones que expliquen el sentido de ese voto, porque no entiendo el sentido de ese voto”, manifestó.

La legisladora recordó que la Corte Suprema de Justicia determinó en 2018 que los hechos en cuestión constituyen crímenes de lesa humanidad. Esta calificación implica que los delitos son imprescriptibles y no admiten figuras como el vencimiento de términos o la preclusión.

“La Corte Suprema los declaró crímenes de lesa humanidad. Son imprescriptibles, no fenecen en el tiempo y no admiten preclusión ni vencimiento de términos”, destacó Corcho en su mensaje en X.

La parlamentaria subrayó que, al tratarse de delitos atribuidos a Uribe durante su gestión en la gobernación de Antioquia, la Comisión de Acusaciones de la Cámara no tiene competencia sobre esos hechos.

“Eso no tiene que ver con la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, porque fueron una comisión de hechos en una época donde él no era presidente”, recalcó.

La senadora enfatizó que la investigación debe seguir el conducto regular establecido en el sistema judicial colombiano. “No hay investigaciones en el período en el que él era presidente. Luego, eso es competencia de la Fiscalía General de la Nación. Eso no tiene ninguna duda, eso es obvio”, sostuvo.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha sido objeto de múltiples pesquisas relacionadas con violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la década de los 90. Uno de los casos más sensibles es el asesinato de Jesús María Valle, reconocido defensor de derechos humanos, ocurrido en 1998, hecho citado por Corcho en su video.

Las masacres en diferentes municipios de Antioquia durante ese periodo también forman parte de los expedientes judiciales que han estado en el centro del debate sobre la responsabilidad de altos funcionarios.

En su mensaje, Corcho reiteró la gravedad de la calificación de lesa humanidad otorgada por la Corte Suprema de Justicia. Explicó que la decisión tomada en 2018 implica que “hasta el resto de la vida del señor Uribe será investigado por esos delitos”, sin que exista posibilidad de que caduquen los procesos por el simple paso del tiempo.

La polémica generada por la votación en la Cámara de Representantes reavivó el debate sobre el acceso a la verdad, la memoria y la justicia para las víctimas de violencia política en Colombia.

Corcho resaltó: “La verdad, la memoria y la justicia para las víctimas deben prevalecer bajo el estricto mandato de la ley”, en referencia a los principios que deben regir cualquier actuación institucional frente a crímenes de lesa humanidad.

La militante del Pacto Histórico cerró su intervención reiterando su exigencia de transparencia y respeto a la normativa vigente. Solicitó que se clarifiquen los argumentos detrás del voto mayoritario en la Cámara, al considerar que la remisión de los casos a la Comisión de Acusaciones contradice lo establecido por la ley y la jurisprudencia reciente.