Gestores de paz designados por el Gobierno Petro con largo prontuario criminal siguen con paradero desconocido: habrían escapado tras ser dejados en libertad

Las dudas sobre el destino de tres gestores de paz liberados bajo el Gobierno de Gustavo Petro han puesto de nuevo en tela de juicio la política de Paz Total.

El periodista Jorge Espinosa, en una columna publicada en Cambio, detalló que los paraderos de Édgar Humberto Restrepo Benjumea, Violeta Arango Ramírez y Jairo Arrigui Guenis son desconocidos tras haber sido beneficiados con libertad para actuar como mediadores en procesos de paz.

La incógnita sobre el paradero de estas personas surge luego de que recibieran el beneficio de gestor de paz, figura que permite a condenados por graves delitos salir de la cárcel para colaborar en negociaciones o acercamientos con grupos armados.

Según Espinosa, las autoridades no han informado con claridad qué controles existen ni qué seguimiento se realiza a quienes obtienen esta libertad.

Los casos de Restrepo, Arango y Arrigui

Uno de los casos más llamativos es el de Édgar Humberto Restrepo Benjumea, conocido como Mono Clinton. El hombre, condenado a 40 años por secuestro y otros delitos, salió de prisión el 20 de junio de 2025 para actuar como gestor de paz del grupo Comuneros. Espinosa relató que

Restrepo avisó hace dos meses que viajaría a Medellín para visitar a su familia y desde entonces no se ha sabido nada de él.

La figura de gestor de paz también benefició a Violeta Arango Ramírez, alias Violeta. Según la Fiscalía, Arango está vinculada a la investigación por el atentado del Centro Comercial Andino en 2017, acto que dejó tres mujeres muertas y al menos diez personas heridas. Espinosa señaló que, aunque fue nombrada gestora de paz del Eln en 2022, su proceso judicial sigue abierto y su ubicación actual es desconocida.

El tercer nombre es Jairo Arrigui Guenis, alias Antonio, integrante del Frente de Guerra Oriental del Eln. Capturado en 2017 y condenado por homicidio, Arrigui obtuvo la libertad en 2022 tras ser designado gestor de paz. Espinosa resumió la incertidumbre con una pregunta directa: “¿Dónde está ‘Antonio’?”.

La desaparición de estos gestores de paz evidencia la ausencia de información pública sobre los mecanismos de control y monitoreo a quienes reciben este tipo de beneficios. El hecho provocó cuestionamientos sobre la eficacia y la transparencia de la política de Paz Total, así como sobre el manejo de los riesgos que implica la liberación de personas con antecedentes penales graves.

Según lo expuesto por Espinosa, estos tres casos podrían ser solo una muestra de una lista más extensa de beneficiarios cuyo paradero no está claro. La situación ha reactivado el debate sobre qué controles reales existieron durante el proceso y si el Estado cuenta con herramientas suficientes para garantizar que quienes salen de prisión con la figura de gestor de paz cumplen con los compromisos asumidos.

Jueza envió a prisión a alias El Mono, gestor de paz del Gobierno Petro, señalado de narcotráfico y concierto para delinquir

La detención en Chía de Luis Carlos Vélez Romero, conocido como el Mono, marcó un giro inesperado para los procesos de paz en Colombia. La jueza de Silvia, Cauca, dictaminó su traslado a prisión tras considerar los cargos de narcotráfico y concierto para delinquir, tras una investigación que expuso el uso de vehículos oficiales para el transporte de droga.

El caso involucra directamente a quien tenía la designación de gestor de paz otorgada por el gobierno de Gustavo Petro. Según el expediente judicial, Vélez Romero habría coordinado al menos diez traslados de cargamentos de cocaína y marihuana, valiéndose de camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Las rutas cubrían regiones como los llanos orientales y el departamento de Bolívar, lo que permitió movilizar más de tres toneladas de droga.

La Fiscalía presentó a Vélez Romero como jefe operativo y financiero de una red criminal asociada al Comando de la Frontera. Las autoridades vinculan esta estructura con Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, señalado como cabecilla. El expediente detalla cómo la organización utilizó recursos estatales para garantizar la circulación de sustancias ilícitas por diferentes partes del país.

La captura de Vélez Romero tuvo lugar el viernes 24 de julio de 2026, en una vivienda de Chía, tras meses de seguimiento por parte de las autoridades. Durante las audiencias preliminares, la Juez Segunda Promiscua Municipal de Silvia dispuso su reclusión en un centro penitenciario, medida que reabrió el debate sobre los mecanismos de control a quienes reciben el estatus de gestores de paz.