La entrada en vigor de la reforma pensional de Gustavo Petro en Colombia, además de cambiar las reglas para aquellos que todavía cotizan, también cambia las condiciones para pensionados con mesadas altas y trabajadores de mayores ingresos que queden por fuera del régimen de transición.
Y es que la Ley 2381 de 2024 mantiene aportes al Fondo de Solidaridad Pensional para pensionados con mesadas superiores a diez salarios mínimos ($35.001.900 en la actualidad, sin auxilio de transporte) y eleva la escala para cotizantes desde cuatro salarios mínimos que no queden cobijados por la transición.
La entrada en vigor quedó fijada para el 1 de abril de 2027, después de que la Corte Constitucional dejó en firme el 90% del articulado. La implementación estaba prevista para el 1 de julio de 2025, pero fue detenida antes de esa fecha. Ahora, el nuevo sistema comenzará a regir en 2027.
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El cambio de calendario ordena dos efectos distintos sobre el ingreso mensual. Uno corresponde a pensionados con ingresos altos y otro a trabajadores con bases de cotización más elevadas que no queden protegidos por la transición.
Qué pensionados deberán hacer aportes al fondo solidario
Se contempla en la ley un aporte para aquellos que reciben mesadas por encima de ciertos umbrales. La escala es así:
- 1% para pensionados que reciben más de 10 salarios mínimos ($35.001.900) y hasta 20 salarios mínimos ($52.527.150).
- 2% para aquellos que superan los 20 salarios mínimos ($52.527.150).
- Hasta 10 salarios mínimos no entran en este aporte específico por el valor de su pensión.
Los recursos van a la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional. Esa bolsa financia mecanismos de protección para adultos mayores con menores ingresos y en condiciones de vulnerabilidad.
Por qué no se trata de un descuento nuevo para todos los jubilados
La reforma no creó desde cero ese descuento para los jubilados con mesadas más altas. La Ley 100 ya contemplaba contribuciones para pensionados que superaban determinados umbrales. La novedad está en que la Ley 2381 de 2024 reubica esos aportes dentro de la estructura del nuevo sistema. Por eso, la medida no debe leerse como un cobro inédito para todos los pensionados.
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De esta manera, la lógica sigue siendo progresiva. A mayor valor de la pensión, mayor es el porcentaje de contribución previsto al fondo solidario.
Cuánto subiría el aporte para trabajadores de mayores ingresos
En el caso de los trabajadores, el aumento no aplicará de forma general. La nueva escala afectará a cotizantes con base desde cuatro salarios mínimos que queden por fuera del régimen de transición.
La transición cobija a:
- Mujeres con al menos 750 semanas cotizadas
- Hombres con 900 semanas cuando la reforma entre en vigor.
Quienes cumplan esas condiciones no asumirán este incremento por la nueva escala.
Un análisis de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, calcula que, con valores de 2026, el alza iría desde unos $35.000 al mes hasta cerca de $437.700 mensuales. El tamaño del ajuste depende del ingreso sobre el cual cotice cada persona:
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- Quien cotice sobre cuatro salarios mínimos, equivalentes a $7.003.620 con valores de 2026, el aporte al fondo pasaría de 1% a 1,5%. Eso representa unos $35.000 adicionales cada mes.
- Quien cotice sobre 25 salarios mínimos, equivalentes a $43.772.625 con valores de 2026, pasaría de 2% a 3%. En ese escenario, el aumento rondaría los $437.700 mensuales.
Diferencia entre el nuevo reparto de cotizaciones y el aporte solidario
La reforma separa el aporte solidario del nuevo reparto de la cotización entre regímenes. Para aquellos que queden por fuera de la transición, la cotización hasta 2,3 salarios mínimos irá a Colpensiones y el excedente a una administradora privada autorizada.
Con el salario mínimo de 2026, ese umbral equivale a $4.027.082. El cambio en la ruta de la cotización convive con el aumento del aporte solidario, pero no significa lo mismo.
Como se recordará, el Fondo de Solidaridad Pensional fue creado por el artículo 25 de la Ley 100 de 1993. Sus recursos subsidian aportes de trabajadores de bajos ingresos y financian apoyos para sectores que requieren protección especial.
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