Expresidente del Congreso reaccionó contra Petro en plena controversia del Pacto Histórico por el caso Uribe: “Se quedaba durmiendo en la casa”

La reciente controversia sobre lo que sería el traslado del expediente judicial que involucra al expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, investigado por su presunta participación en la comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida, vinculados a las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997), asi por facilitar el accionar de grupos paramilitares, continúa generando una fuerte polémica en redes.

El más reciente cruce tuvo como protagonista al exmandatario Gustavo Petro: que acusó a algunos de los congresistas del Pacto Histórico de haberse “dormido” en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, en la que “pupitrearon” una proposición que buscaría, según él, promover la impunidad en el caso Uribe. Ante esto, el apunte del extitular del Congreso Ernesto Macías no se hizo esperar y reaccionó con suspicacia frente a esta afirmación.

“Cuando Gustavo Petro fue congresista (2018-2022) no se quedaba dormido en las sesiones, porque asistía muy poco. Se quedaba durmiendo en la casa”, afirmó Macías, en la red social X. De esta manera, buscó zanjar su posición con respecto a lo ocurrido en este proceso, en el que se busca que la Corte Constitucional dirima si la competencia la tiene la célula legislativa; o, por el contrario, es un expediente a cargo de la Fiscalía.

El origen de la disputa en la que se metieron Petro y Macías

La polémica surgió luego de que cinco representantes del Pacto en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara votaron a favor de solicitar a la Fiscalía el traslado del expediente contra Uribe a este órgano. El caso investiga la presunta responsabilidad del exmandatario en las referidas masacres, así como el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle; en hechos ocurridos cuando era gobernador de Antioquia.

La decisión de los congresistas Alejandro Toro, María del Mar Pizarro, Heráclito Landínez, Jorge Bastidas y Gabriel Becerra generó críticas dentro del propio partido y en otros sectores políticos; lo que obligó a la respuesta del expresidente. “El Pacto histórico no se divide”, expresó Petro, que agregó que “algunos congresistas se durmieron ante una proposición que pupitrearon, se les olvidó que uno no se duerme en el Congreso hasta el último segundo”.

Esta postura fue interpretada como una posible contradicción política, ya que la Comisión de Acusación ha sido calificada por el Pacto Histórico como la “comisión de absolución”, debido a su baja efectividad para procesar a expresidentes. Figuras como el senador Iván Cepeda y la senadora Isabel Zuleta cuestionaron la decisión, al señalar que podría restar transparencia al proceso judicial, lo que desató una serie de diferencias en la colectividad.

No obstante, el bloque involucrado negó cualquier pacto político. En un comunicado conjunto, los representantes explicaron que su objetivo era definir la competencia procesal debido al fuero presidencial y que respaldan que la Fiscalía continúe la investigación mientras la Corte Constitucional resuelve el conflicto de competencias. “No existe acuerdo político alguno y nuestra actuación no busca promover la impunidad ni dilatar el proceso”, afirmaron.

Petro reiteró su pensamiento sobre la necesidad de que los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país sean asumidos por la Justicia Especial para la Paz (JEP). “Mantengo mi posición: todos los delitos de lesa humanidad cometidos en el conflicto armado de Colombia deben tener una Corte de cierre que es la Justicia Especial para la Paz”, dijo el exmandatario, que considera que es el “camino de la verdad para lograr la reconciliación nacional”.

Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación rechazó la solicitud de traslado del expediente y aseguró que los hechos investigados ocurrieron durante la gobernación de Uribe, por lo que la competencia recae sobre esa entidad y no sobre el Congreso. En consecuencia, el proceso permanece bajo investigación de la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema, a la espera de la Corte Constitucional, que tendrá en consecuencia la última palabra en el caso.