Indignación en Antioquia: perrita murió tras ser violada y golpeada; la comunidad exige justicia

La muerte de una perrita llamada Luna, ocurrida tras ser víctima de violación y agresión física en el municipio de San Roque, Antioquia, desató una ola de indignación y rechazo tanto en la comunidad local como en redes sociales.

El caso fue denunciado por la familia de la mascota, autoridades y organizaciones animalistas, que piden la identificación y sanción del responsable conforme a la reciente legislación colombiana contra la zoofilia.

Hallazgo y denuncias

Luna, una perrita de raza shih tzu, desapareció el 21 de agosto en las afueras de la vivienda de su familia en San Roque. Tras cinco días de búsqueda, la mascota fue hallada en condiciones graves dentro de un costal, abandonada cerca de una quebrada del municipio.

Según el reporte de la familia difundido en Instagram, la perra presentaba múltiples signos de violencia física y sexual, además de una fractura en la columna vertebral y lesiones internas que afectaron su sistema digestivo y órganos vitales.

El concejal de Medellín y defensor de los animales, Juan Jiménez Lara, denunció públicamente el caso y demandó una investigación exhaustiva: “Exigimos justicia para Luna, una perrita que fue raptada, maltratada y, además de eso, la metieron en un costal y la abandonaron a su suerte en una quebrada en San Roque, Antioquia”, expresó en redes sociales.

Reacción de autoridades y familia

La Alcaldía de San Roque, encabezada por Luis Alejandro Villegas, emitió un comunicado oficial rechazando los hechos y solicitó a las autoridades pertinentes adelantar las investigaciones correspondientes. El mandatario local instó a la ciudadanía a no tomar justicia por mano propia y pidió que cualquier información relevante sea entregada por los canales oficiales.

“Estos hechos no pueden ser normalizados, ignorados ni quedar en el olvido. Los animales sienten, sufren y merecen respeto, protección y un trato digno. Desde la Alcaldía Municipal asumimos nuestra responsabilidad y actuaremos dentro del marco de la ley”, manifestó Villegas en el comunicado distribuido por la administración local.

La familia de Luna expresó su dolor y repudió el ataque en una publicación en redes sociales: “Hoy quiero que compartan y que el mundo se dé cuenta de la gravedad que día a día vive la sociedad, hoy dañaron la integridad de nuestra perrita, emocionalmente nos afecta a mí, a mi familia y a Luna”. La colecta organizada por allegados permitió cubrir parte de los gastos médicos, aunque la gravedad de las lesiones obligó a practicar la eutanasia en la noche del 26 de agosto.

Contexto legal y social

El caso se conoció pocos días después de la sanción presidencial de la nueva ley que tipifica la zoofilia como delito en Colombia. La iniciativa, impulsada por la senadora Esmeralda Hernández del Pacto Histórico, modificó el Código Penal e introdujo penas de entre 48 y 55 meses de prisión para quienes accedan sexualmente a un animal, junto con sanciones accesorias como la inhabilidad para ejercer oficios relacionados con el manejo de animales y multas de entre 30 y 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La legislación también contempla agravantes cuando el abuso involucra a varias personas o animales, se produce en espacios públicos o es difundido en plataformas digitales con fines de apología del delito. Además, se endurecen las penas si el acto ocurre como represalia contra el tenedor del animal o se repite sobre el mismo ejemplar.

Movilización social y exigencias de justicia

La muerte de Luna provocó manifestaciones de solidaridad y demanda de justicia. En la noche del 27 de agosto se programó una velatón en San Roque como acto simbólico para exigir el esclarecimiento del caso y la judicialización del responsable. Organizaciones defensoras de animales y ciudadanos reiteraron la importancia de aplicar la nueva legislación y evitar que estos hechos queden impunes.

La familia de Luna insiste en que la investigación avance y permita identificar a los responsables, mientras la Alcaldía y autoridades locales mantienen el llamado a la colaboración ciudadana y al respeto por el debido proceso.