Fiscalía conservará el expediente de Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja: no será enviado a la Comisión de Acusaciones

La Fiscalía General de la Nación determinó que no remitirá a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes el expediente judicial que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por las masacres de La Granja, ocurrida en 1996, y El Aro, efectuada en 1997.

La decisión fue ratificada por la fiscal delegada Marcela Abadía, que sostuvo que la institución encargada de la persecución penal conserva la competencia legal para continuar con el trámite de este caso, por medio de un oficio.

La postura del ente acusador fue formalizada mediante un oficio conocido por Infobae Colombia y remitido al presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el congresista Carlos Cuenca, del Partido Radical.

La respuesta del órgano, que dirige la fiscal General Luz Adriana Camargo, se dio luego de que el legislador solicitara oficialmente el traslado del expediente hacia el Poder Legislativo, bajo el argumento de que esa célula parlamentaria es el juez natural para procesar a los exmandatarios por hechos vinculados a sus funciones públicas.

Al existir dos entidades del Estado que reclaman la facultad legal para juzgar los mismos hechos, la situación jurídica se configuró en un conflicto positivo de competencias.

Corresponderá ahora a la Corte Constitucional revisar las actuaciones y emitir un fallo para definir formalmente si el juzgamiento de Álvaro Uribe Vélez debe permanecer bajo el dominio de la Fiscalía General de la Nación o si debe ser asumido por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Pese al trámite de revisión que iniciará el alto tribunal constitucional, la fiscal Marcela Abadía continuará con el desarrollo de las diligencias del caso y, dentro del cronograma de trabajo trazado por el despacho judicial.

Caso Uribe por las masacres de El Aro y La Granja: qué indagan las autoridades

Las investigaciones contra el exjefe de Estado corresponden a los hechos ocurridos en el corregimiento de La Granja en junio de 1996 y en el corregimiento de El Aro en octubre de 1997, ambas poblaciones pertenecientes al municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia.

En esos periodos, incursiones de grupos paramilitares cobraron la vida de varios pobladores, provocaron el desplazamiento forzado de decenas de familias y dejaron daños materiales en la infraestructura rural de la región. De hecho, en 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en la ejecución y falta de protección a las víctimas en ambas masacres.

Durante las fechas en que sucedieron los ataques armados en Ituango, Uribe Vélez ejercía el cargo de gobernador del departamento de Antioquia.

Por esa razón, las autoridades judiciales buscan determinar si existió omisión en la protección de la población civil o algún tipo de responsabilidad por parte de las autoridades departamentales frente a las acciones de los grupos al margen de la ley.

El caso fue declarado como delito de lesa humanidad por las autoridades competentes, lo que implica que la acción penal sobre estos hechos no prescribe con el paso del tiempo.

Esta calificación jurídica permite que los despachos mantengan abiertas las indagaciones, practiquen pruebas y recaben testimonios de víctimas y desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) sin limitación temporal.

El pronunciamiento de la Fiscalía busca dar continuidad a la recolección de pruebas dentro de la fase instructiva antes de que la Corte Constitucional defina cuál es el organismo que debe tomar las decisiones de fondo sobre la situación del exmandatario.

Si la Corte Constitucional determina que la competencia recae en el Congreso de la República, el expediente será enviado de inmediato a la Comisión de Acusaciones para que nombre congresistas investigadores.

En caso contrario, si el alto tribunal ratifica la postura del ente investigador, la fiscal Marcela Abadía mantendrá la dirección de las diligencias y definirá la situación jurídica del procesado posterior a la realización de la indagatoria.