Coronel (r) Juan Carlos Figueroa, ex comnandante del Batallón de Artillería La Popa, reconoció ante las víctimas y la JEP su responsabilidad en 38 asesinatos

La audiencia restaurativa de la JEP en Valledupar marcó un punto de inflexión en la búsqueda de verdad y reparación para las víctimas del Batallón de Artillería n.º 2 La Popa. El proceso, centrado en la responsabilidad del coronel retirado Juan Carlos Figueroa Suárez, abrió un espacio para que familiares, autoridades indígenas y magistrados confrontaran directamente al excomandante sobre los crímenes cometidos por sus tropas entre 2004 y 2005.

Testimonios y exigencias de las víctimas ante la JEP

La sesión comenzó con un acto simbólico en el que las víctimas ingresaron con flores y las colocaron en sillas marcadas con los nombres de sus seres queridos. La mayora Marcelina Cáceres, del pueblo Kankuamo, instó a Figueroa a “ponerse en el lugar de las víctimas y ofrecerles, a través de la verdad y la sinceridad, algo de calma”. A las familias, les aconsejó: “Calmen su corazón, limpien su corazón, limpien su espíritu para que sus seres queridos puedan también descansar en paz”.

El magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez recordó el sentido restaurativo de la audiencia: “Como su nombre lo indica esta audiencia tiene un carácter restaurativo, por lo cual su desarrollo no se centra en el debate probatorio, sino en el restablecimiento de los derechos de las víctimas, el diálogo entre ellas y el procesado y en restablecer los lazos sociales quebrantados por el delito”.

El magistrado dirigió un mensaje directo al compareciente: “Señor Juan Carlos Figueroa Suárez, hoy tiene usted una oportunidad. A partir del reconocimiento y de la verdad, tiene la oportunidad de poner de presente toda su humanidad, con sus fortalezas y sus debilidades. Tiene la oportunidad de facilitar que las víctimas aquí presentes transiten con algo más de alivio un daño que ya es irreparable”.

La magistrada María Pilar Valencia García expresó la esperanza de que “haya una contribución significativa de esclarecimiento de la verdad, de dignificación de quienes han sufrido los efectos del conflicto”, y de que se consoliden compromisos “concretos de reparación y no repetición”. Por su parte, Reinere Jaramillo destacó el valor de estos espacios: “Son muy importantes estas audiencias, que tienen un carácter restaurativo, que nos permiten cada vez más avanzar en ese reconocimiento de los comparecientes”.

Familiares de víctimas como Rocío Escorcia Bonet recordaron la humanidad de quienes fueron presentados falsamente como bajas en combate: “Hoy no solo buscamos justicia, buscamos memoria y dignidad, que el nombre de nuestros muchachos sea recordado con la verdad (...) no fueron cifras, no fueron informes, ni una equivocación; fueron hijos, hermanos, seres humanos, fueron vidas”.

Karen Margarita Castro Aguirre, hermana de otra víctima, pidió: “Que la verdad que usted aporte hoy reconstruya la dignidad y la vida que nos arrebataron”. Explicó que, tras el asesinato de su hermano, muchos miembros de la familia tuvieron que desplazarse y su entorno social se fragmentó.

Desde el pueblo Wiwa, Pedro Loperena denunció el impacto de los crímenes: “El Territorio, contra la cultura, el gobierno propio y el patrimonio étnico-cultural de este país” también sufrieron. María Faustina Martínez Zabatá solicitó: “Le pido al señor Figueroa que nos diga la verdad y limpie el buen nombre de mi hermana. Ella no era guerrillera. Queremos saber la verdad”.

Elizabeth Coronado Montaño subrayó: “Lo que más anhelo es la no repetición, la justicia y que siempre salga a la luz la verdad”. Añadió: “Yo perdono y desde el principio perdoné”, y exigió: “Que diga la verdad, que no calle, diga los nombres (detrás de los hechos). No le dé miedo porque para eso estamos”.

El reclamo de Jesús Eduardo Oñate, del pueblo Wiwa, fue claro: “El Estado lo dejó sin nombre y él tenía nombre y apellido: se llamaba Luis Eduardo Oñate”, aludiendo a su hermano asesinado y presentado como falso positivo. Esmeralda Nigiris Jaraba, pareja de otra víctima, pidió limpiar la memoria de su compañero: “Que sus hijas sepan que su padre no era ningún guerrillero”.

Marquiz José Oñate Arias pidió cambiar la narrativa mediática: “Quiero que usted le cambie el nombre a este titular”. Ibeth Margarita Contreras Herrera expuso que aún faltan respuestas: quién manejaba el inventario de armamentos y las botas puestas a las víctimas.

Reconocimiento de responsabilidad y perdón del coronel Figueroa

Al final de las intervenciones, Figueroa Suárez asumió la palabra para aceptar, “de manera expresa, libre, consciente, voluntaria, completa y sin reservas”, su responsabilidad según la acusación de la Unidad de Investigación y Acusación.

Admitió: “Durante mi comandancia ocurrieron 24 hechos victimizantes en los que 38 personas fueron asesinadas y presentadas ilegalmente, injustamente, como bajas en combate”. También reconoció “las 11 desapariciones forzadas y los nueve casos de tortura documentados en el proceso”.

El coronel retirado pidió perdón: “Les pido perdón por las vidas arrebatadas, por las desapariciones, por la tortura, por la estigmatización y por los señalamientos que cayeron sobre personas y familiares. Pido perdón por los hogares que quedaron incompletos, por las búsquedas que se prolongaron durante años, por los cuerpos que sus familias tuvieron que reclamar y por haberlas obligado a defender lo más importante: el buen nombre de sus seres queridos frente a versiones oficiales que los presentaban como combatientes, y que yo como comandante del batallón firmaba a través de los medios locales de comunicación”.

Como acto final, solicitó un minuto de silencio y leyó los nombres de las víctimas: “Queremos pronunciar el nombre de personas inocentes y decir que ellos no pertenecían a grupos armados al margen de la ley. No eran combatientes y fueron asesinados por mis tropas en estado de indefensión. Sus vidas fueron convertidas injustamente en cifras y presentadas como resultados operacionales”.

La audiencia restaurativa dejó en evidencia la persistencia del dolor, la búsqueda de verdad y la exigencia de garantías de no repetición por parte de las familias afectadas.