El pago de $1,3 billones de pesos a Portugal por el nuevo modelo de pasaportes quedó bajo estudio del Consejo de Estado después de que la Procuraduría General de la Nación apeló la negativa inicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a suspender esa transferencia. El caso enfrenta dos discusiones: la continuidad de la expedición de pasaportes y la legalidad del convenio firmado por la Cancillería.
El alto tribunal negó la cautelar el 27 de julio de 2026, ocho meses después de que la Procuraduría pidiera frenar el giro. El Ministerio Público apeló el 31 de julio y el tribunal ordenó remitir el expediente a su superior el 10 de agosto.
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El expediente llegó el 20 de agosto de 2026 a la Sección Tercera del Consejo de Estado, confirmó La FM. Por reparto, el asunto quedó a cargo del magistrado Nicolás Yepes Corrales, que deberá decidir si existen bases para suspender la transferencia mientras se resuelve el proceso de fondo.
Los argumentos sobre suspender o no el pago
El magistrado José Élver Muñoz ponente de uno de los casos en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sostuvo en un auto que, si Colombia deja de pagarle a la Casa de la Moneda de Portugal, existe un “riesgo cierto de afectación al servicio público de expedición de pasaportes”. También advirtió un posible impacto sobre derechos adquiridos “de buena fe” por esa entidad.
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El auto añadió que “No se demostró un perjuicio irremediable ni que los efectos de la sentencia serían nugatorios...”. Según esa decisión, el régimen legal de restituciones por una eventual nulidad opera con independencia de que se decrete o no la cautelar.
El procurador Marcio Melgosa cuestionó esa lectura en un oficio de 14 páginas que conoció la cadena radial. Allí sostuvo que “La providencia apelada incurre en una ponderación incompleta al asumir que la continuidad del servicio constituye, por sí sola, una razón suficiente para negar cualquier medida de protección provisional”.
La Procuraduría agregó que el Estado colombiano debe “garantizar que el servicio no se interrumpa y hacerlo mediante procedimientos ajustados a la Constitución y a la ley”. También describió el convenio entre la Cancillería y la Casa de la Moneda como uno “presuntamente contrario al ordenamiento” y pidió evitar “efectos irreversibles”.
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El Ministerio Público sostuvo además que el riesgo operativo del paso del modelo de Thomas Greg & Sons a un esquema estatal con apoyo internacional no puede neutralizar el control judicial. Con ese argumento, pidió revocar el auto del 27 de julio de 2026 y ordenar la suspensión del giro a Portugal.
La defensa oficial del nuevo esquema de pasaportes
La única entidad que se opuso a que la segunda instancia frenara la transferencia fue el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su apoderada, Alexandra Quintero Fajardo, respondió el 6 de agosto de 2026 en un escrito de ocho páginas conocido por el medio citado.
La abogada afirmó que “el prestador anterior” no está en capacidad de producir los nuevos pasaportes de viaje. Añadió que “el nuevo modelo de prestación de pasaportes se encuentra 100% en ejecución”, tras el trabajo conjunto entre el Estado colombiano y el portugués.
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Quintero explicó que las nuevas libretas obedecen a otro diseño y a otra infraestructura. Aseguró además que, a la fecha de su memorial, el esquema había expedido más de 383 mil documentos.
La representante judicial del Fondo sostuvo que los medios técnicos que usaba Thomas Greg & Sons “fueron destruidos por seguridad” al terminar el contrato. El texto fuente también indica que el nuevo gobierno aún no ha fijado una posición oficial sobre este caso.
El trasfondo contractual y los litigios del convenio
La disputa judicial no se limita a la cautelar sobre el pago a Portugal. La Casa de la Moneda intentó anular todo el proceso, pero el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó esa pretensión el 30 de junio de 2026 y, dos semanas después, la sociedad se opuso a la medida cautelar promovida por la Procuraduría.
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El entramado contractual incluye varios acuerdos de la Cancillería con la Imprenta Nacional y uno internacional con la Casa de la Moneda de Portugal. Las sumas comprometidas llegan hasta $1,49 billones, mientras uno de los contratos con la Imprenta supera los $185,37 mil millones.
La Cancillería firmó su cuarto contrato con la Imprenta para la elaboración de las libretas tres meses antes de la puesta en marcha del modelo. Ese documento apareció en el Sistema Electrónico de Contratatción Pública (Secop) el 29 de enero de 2026.
Antes, el Ministerio de Relaciones Exteriores había suscrito con la Imprenta un acuerdo marco interadministrativo con plazo de ejecución hasta 2036 y otro específico en julio para personalizar y distribuir pasaportes hasta 2034. También firmó un convenio internacional con la Casa de la Moneda de Portugal, que sigue en discusión ante el tribunal.
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Los procesos también se han enredado entre recusaciones, tutela, recursos y sanciones. Una semana antes del auto de Muñoz, el tribunal sancionó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a Mariano Ezequiel Barros por intentar apartar al magistrado Moisés Rodrigo Mazabel de uno de los expedientes.
Según el tribunal, esa recusación carecía de sustento jurídico y probatorio y constituyó un uso abusivo del mecanismo. Después, el medio citado confirmó que la corporación rechazó un recurso de reposición y dejó en firme la sanción de siete salarios mínimos.
El expediente también incluye una controversia contractual iniciada por la Procuraduría y una acción popular impulsada por Nicolás Dupont Bernal y la Fundación Dilo Colombia. A eso se suman copias enviadas a la Procuraduría y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá para que investiguen lo ocurrido.
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El nuevo esquema de pasaportes avanzó en medio de reparos legales desde antes de su entrada en operación. Aunque el servicio ya funciona, la discusión judicial sobre el convenio con Portugal y el giro comprometido sigue abierta.
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